- Hay un aumento muy significativo del incumplimiento de las órdenes de alejamiento y un empeoramiento de los indicadores relacionados con la seguridad de las víctimas y de los niños. El quebrantamiento de medidas aumentó más de 6 puntos en los últimos 8 años, pasando del 3 al 9,40%, mientras que el quebrantamiento de penas creció 4 puntos en el mismo periodo.
La portavoz socialista de Igualdad, Ángeles Álvarez, ha denunciado que “el Consejo General del Poder Judicial, ha camuflado datos que ponen en evidencia el incremento de los incumplimientos de las órdenes de alejamiento” en los casos de violencia de género. Según la diputada socialista, “se ocultaron estos datos negativos” en la nota de prensa en la que se daba cuenta del informeLa violencia sobre la mujer en la estadística judicial: Primer trimestre de 2017.
“La nota emitida por el CGPJ ofrece solo la información de la evolución de la actuación judicial en aquellos indicadores de balance positivo y omite la evolución de algunos otros, entre los que destaca el aumento del quebrantamiento de medidas y penas”, ha afirmado. El dato “camuflado” en el último informe es que el quebrantamiento de medidas aumentó más de 6 puntos porcentuales en los últimos 8 años, pasando del 3% al 9,40% y el quebrantamiento de penas aumentó 4 puntos porcentuales en el mismo periodo.
La portavoz socialista reclama información al Consejo General del Poder Judicial sobre las causas de este aumento y si los jueces están actuando ante esta desobediencia o si por el contrario está quedando impune.
El quebrantamiento de la medida de alejamiento supone la comisión de un delito tipificado en el artículo 468.2 del Código Penal, con pena de prisión de 6 meses a 1 año. “Este tipo delictivo que está aumentando tan alarmantemente es, sin duda, uno de los indicadores de riesgo más fiables”, señala Ángeles Álvarez. Las medidas civiles afectan de manera singular a los y las menores ya que incluyen la suspensión del régimen de visitas, de la patria potestad, de la guarda y custodia o la obligación de prestación de alimentos o la protección del menor para evitar un peligro o perjuicio. “Estos son exactamente los datos que peor comportamiento han tenido y que comunicación del CGPJ ha omitido en la nota de prensa de su último informe”, ha insistido.
“Que estos datos no hayan sido reseñados por el CGPJ hurta información que apunta a un problema creciente muy relacionado con la seguridad de las víctimas. También pone en evidencia la urgencia de que el Observatorio del CGPJ acometa la reestructuración de sus indicadores, los amplíe y, sin dilación, publique los datos con secuencias temporales que permitan conocer la evolución para que quienes analizamos datos podamos valorar, sin obstaculizaciones, cuál está siendo la respuesta penal a la violencia de género”, ha concluido.