Las buenas prácticas en Igualdad en el Instituto Nacional de Estadística (INE) no hacen más que brillar por su ausencia. A la discriminación de una mujer embarazada en el acceso a un puesto de trabajo en una de las Delegaciones del INE en el 2015 -caso que sigue su periplo judicial y que actualmente se encuentra en el Tribunal Supremo- se ha unido en los últimos meses la ocultación y mala praxis frente a una situación de acoso sexual sufrida en otra de sus Delegaciones Provinciales. Ahora, además, nos sorprendemos con otro hecho denunciable que nos produce verdadero sonrojo, vergüenza e indignación a los que trabajamos en el INE, además de incredulidad por comprobar qué tipología de gestores dirigen, en mayor o menor grado, la actividad de este organismo.
El pasado 9 de julio tuvo lugar un curso de preparación para los nuevos Diplomados Estadísticos del Estado (DEE) y Facultativos, que tomarán posesión de sus puestos próximamente y a los que optarán en base a la nota de la oposición y al rendimiento alcanzado en el citado curso. La sesión de aquel día tenía como eje el contenido recogido en el Manual sobre el Curso Selectivo de Diplomados y Estadísticos, en el que se incluía la siguiente viñeta:
Una imagen expresa más que mil palabras. El contenido sexista de la que presentamos aquí es indiscutible. Resulta inaceptable e intolerable que una imagen de esta índole pueda ser utilizada como ejemplo en la formación de personal que pasará a desempeñar próximamente funciones de gestión de Unidades y, por tanto, serán responsables de un número variable de emplead@s. Y todo ello en un organismo financiado con dinero público y con fin de servicio a la ciudadanía.
Esta sesión formativa, en la que se expuso el material aquí citado, fue dirigida y elaborada por un Facultativo, responsable de una de las Delegaciones más importantes del INE, tanto por el personal que trabaja en ella como por la producción estadística que lleva. Por su categoría profesional y por su responsabilidad en el organismo no se puede cuanto menos que exigir de él, así como de la institución a la que representa, el ejemplo debido de respeto y promoción de valores propios de la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres, y no de perpetuación y mantenimiento de actitudes y conductas más propias de un organismo anclado en prácticas retrógradas y machistas.
Lamentablemente esta imagen encontró cierto eco entre algunos de los presentes, que reaccionaron con risas y chanzas para jalear aún más la escena y al «director» de la misma, vaticinio de que esa perpetuación estará en cierta medida asegurada.
El mismo Facultativo no desaprovechó tampoco la oportunidad para manifestar también en esa sesión su opinión respecto al personal laboral del organismo, al que calificó como “fuente de problemas”. Ni tampoco reparó en verter públicamente manifestaciones despectivas sobre los sindicatos, de los que afirmó que “sólo sirven para vigilar el mobiliario”.
Con estos antecedentes, el INE tiene suspendida una asignatura de calado, la del respeto al principio de igualdad y no discriminación por razón de género. La transversalidad de la perspectiva de género no se garantiza y, con ello queda en entredicho la prevención y erradicación de conductas discriminatorias. Más bien se contribuye a la perpetuación de las mismas a lo largo del tiempo, a que forme parte del ADN de un organismo que tiene una responsabilidad pública en la construcción de una sociedad democrática, igualitaria y justa. Concretamente, incumple con el Eje de actuación 3 del II Plan de Igualdad de la AGE, el dedicado a “formación, información y sensibilización”, en el que una de las medidas de carácter transversal previstas es el diseño de acciones formativas que potencien pautas que eliminen prejuicios a colectivos específicos: equipos directivos, agentes sociales o personal técnico. Asimismo, el comportamiento denunciado compromete el artículo 61 de la Ley 3/2007, de igualdad efectiva de mujeres y hombres, sobre Formación para la igualdad, y en el que se establece que “Todas las pruebas de acceso al empleo público de la Administración General del Estado y de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella contemplarán el estudio y la aplicación del principio de igualdad entre mujeres y hombres en los diversos ámbitos de la función pública.”
Los sindicatos tenemos una responsabilidad en la visibilización y denuncia de estas situaciones y también en la promoción de medidas que rompan esas tendencias. Pero los poderes políticos también deben asumir su responsabilidad en la vigilancia y exigencia a organismos públicos como el INE del cumplimiento de la Ley y de que la actividad y prácticas que desarrollen sean coherentes con la sociedad de valores que pretendemos construir.
En palabras de Paulo Coelho, “el mundo cambia con tu ejemplo, no con tu opinión”.
