La Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE) ha emitido un comunicado en el que denuncian la desigualdad de género que sufren las empleadas domésticas, «que pertenecen a un sector laboral invisible, desprotegido y carente de representación». Señalan que su bajo estatus socioeconómico, el estigma de una actividad considerada no productiva o infravalorada y las peculiaridades del lugar de trabajo hace que sean particularmente vulnerables a la explotación y a las malas condiciones de trabajo.
El comunicado será enviado a los grupos políticos, parlamento, gobierno y entidades administrativas con competencias en Igualdad «para sensibilizar y promover un verdadero cambio legislativo».
AMJE denuncia que el sector del empleo doméstico en España, mayoritariamente femenino, ha sido históricamente desterrado de una gran parte de los derechos laborales, en comparación con otros colectivos similares y sigue siéndolo. En la actualidad, las desigualdades de las condiciones de trabajo y de seguridad social de estas trabajadoras, respecto al resto de trabajadores y trabajadoras son incuestionables: carecen de prestaciones de desempleo, FOGASA, indemnizaciones por despido inferiores, ausencia de protección en materia de salud laboral, etc.
AMJE denuncia también que, junto al anterior colectivo, hay otro también especialmente vulnerable y vulnerado: el de las personas cuidadoras no profesionales que actualmente carecen de derechos tras el Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, que dejó sin efecto desde 2013, determinados derechos en materia de Seguridad Social contenidos en la Ley de Dependencia.
AMJE urge a un reconocimiento del trabajo no remunerado y la necesidad de ratificar el Convenio 189 de la OIT, así como las modificaciones normativas que comporten la equiparación de los derechos, que garanticen acabar con la economía sumergida y un trabajo de calidad de las empleadas del hogar, así como la independencia económica de las cuidadoras no profesionales.
«Nuestra reivindicación se dirige tanto al poder ejecutivo como al poder legislativo para que promuevan las acciones necesarias para garantizar una regulación igualitaria de las trabajadoras domésticas, eliminando las discriminaciones de las que han sido objeto, y restauren la protección a efectos de Seguridad Social de las cuidadoras no profesionales de las personas dependientes», señalan.
