Un estudio, publicado por el Centro de Estudios de Género del INTEC, indica que los crímenes por violencia de género tienen un alto impacto en la dinámica de las familias de acogida, que asumen una carga económica y de cuidados para la cual no se habían preparado.
Los huérfanos/as de feminicidios reciben poca o nula atención psicológica y protección de organismos del Estado y del sector privado, por lo que no existen estudios que determinen su grado de afectación por la pérdida trágica de sus madres ni que establezcan su grado de probabilidad de tener un desarrollo positivo posterior.
Así lo indica el estudio “Efectos extendidos de los feminicidios en las familias que acogen a los hijos e hijas de las víctimas, en la provincia Peravia (2007-2012)” de la doctora Sheila Báez, publicado en la compilación de investigaciones sobre temas de género “Miradas desencadenantes”, editada por el Centro de Estudios de Género del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (CEG-INTEC).
El estudio, que abarcó a las personas que cuidaban 17 hijas e hijos menores de edad de las víctimas de feminicidios ocurridos en Peravia entre 2007 y 2012, se enfocó en entrevistas de profundidad a cinco de las familias. Los resultados evidencian que hasta ese momento ninguno de los mecanismos de protección de la mujer o de los niños, niñas y adolescentes había hecho contacto con las familias de acogida a fin de determinar sus necesidades.
Después del asesinato de la madre, de 17 hijas e hijos de las víctimas, solo 3 recibieron atención terapéutica, limitada a unas pocas sesiones, por parte de profesionales del Ministerio de la Mujer y de la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de la provincia Peravia. El resto no había sido evaluado por profesionales de la psicología, por lo que no se ha podido establecer si ha tenido afectación psicológica.
“Una prueba fehaciente de que estas niñas y niños menores en orfandad son invisibles para las políticas de protección a la infancia y adolescencia es que no existen estadísticas de cuántos son, ni de dónde y en qué condiciones se encuentran”, especifican las conclusiones
El informe critica el hecho de que las niñas, niños y adolescentes que han atestiguado la violencia contra sus madres no se visibilizan como víctimas de la violencia de género, lo que les deja fuera de la protección que necesitan y además se ignora el sufrimiento de las familias de la mujer maltratada o asesinada, quienes tampoco se benefician de intervenciones ni apoyos específicos en el país.
Kaizen
La doctora Báez explicó que, desde hace aproximadamente dos meses, un grupo de 50 personas, que hemos llamado Kaizen, sensibilizadas ante el flagelo de la violencia de género en República Dominicana, que ocurre cada menos de 48 horas, han asumido el compromiso de identificar, localizar y dar apoyos, de distinta índole, a las familias que han acogido a las niñas y niños huérfanos por violencia de género.
“Iniciamos el proyecto con 11 familias, que acogen a un total de 29 niños, niñas y adolescentes, tanto de Baní, como de Santo Domingo y Villa Altagracia. El primer apoyo ofrecido fue asistencia psicológica por parte de profesionales de la conducta que han ofrecido sus espacios y tiempo, de manera gratuita y desinteresada para atenderles. La mayoría son familias de escasos recursos, cuya cuidadora principal es la abuela materna, mujeres algunas veces ya en la tercera edad, que no tienen fuentes de ingresos propios”, indicó.
Nuestro objetivo, además de satisfacer algunas de las necesidades más perentorias de las familias, visibilizar la situación en que viven los huérfanos por feminicidios y que el Estado tenga un compromiso real por identificarlos, localizarlos, registrarlas en bases estadísticas, y garantizar sus derechos fundamentales vulnerados”.
Kaizen, que aún no es una institución legalmente constituida, brinda asistencia con lo que han podido obtener a través de algunos donativos de personas particulares; el propósito es que cada vez que ocurra un asesinato por violencia de género, se pueda localizar a la familia de la víctima, conocer si dejó hijos/as menores de edad, e integrarlos como beneficiarios de las acciones del proyecto.
