La estadística puede ser la trampa mortal de un dato cierto. Sin ella nada se hace visible, pero con ella todo puede ocultarse. En materia de violencia contra las mujeres, las instituciones juegan con demasiada frecuencia a dificultar el acceso a la información y es este uno de los problemas que el Pacto contra la violencia ha de acometer de forma prioritaria, ya que en este proceso se ha puesto en evidencia la dificultad de avanzar si no se conoce la realidad.
La fórmula más eficaz para conseguir que los datos no sirvan para nada es la de ofrecérnoslos como datos no comparables. Sin poder establecer cotejos, el análisis estadístico se vuelve inútil.
Los informes del Observatorio del CGPJ atesoran datos comparables desde 2007 pero no se publican las secuencias anuales y se hace farragoso el seguimiento ya que la usuaria/o que accede a ellos no puede ver en los documentos, trimestrales ni anuales, ni la evolución de los indicadores.
El quebrantamiento de medidas aumentó más de seis puntos porcentuales en los últimos 8 años, pasando del 3% al 9,40% mientras que el quebrantamiento de penas creció 4 puntos en el mismo periodo.
Dificultar el acceso a la comparativa también es una forma de obstaculizar el acceso a la información. Si no se publican las secuencias temporales de datos no es posible ver la evolución y se evita que la mayoría de quienes acceden a los informes hagan seguimiento secuenciado, ya que deberían dedicar su tiempo a identificar cada dato de cada año y trimestre y ver su evolución.
Por otra parte, son las notas de prensa de las propias instituciones las que destacan los datos reseñables y la mayoría de los medios de comunicación (escasos de recursos humanos) se hacen eco del relatado que lanzan los gabinetes de comunicación sin dedicar el tiempo que la precarizacion les ha robado, para realizar análisis detallados.
Un caso paradigmático es el informe “La violencia sobre la mujer en la estadística judicial: Primer trimestre de 2017” del CGPJ.
Curiosamente la nota emitida por comunicación del CGPJ ofrece solo la información de la evolución de la actuación judicial en aquelos indicadores de balance positivo, y curiosamente, omite la evolución de algunos otros, entre los que destaca el aumento del quebrantamiento de medidas y penas.
Las medidas civiles afectan de manera singular a los y las menores ya que incluyen la suspensión del régimen de visitas, de la patria potestad, de la guarda y custodia o la obligación de prestación de alimentos o la protección del menor para evitar un peligro o perjuicio.
Estos son exactamente los datos que peor comportamiento han tenido y que comunicación del CGPJ ha omitido en la nota de prensa de su ultimo informe.
El dato sí figura en el informe, pero es un dato ¨pelado», sin cotejo de evolución. Tendrán que bajarse cada uno de los informes trimestrales o anuales y hacerse su propio trabajo si quiere conocer cómo han evolucionado esos indicadores. El informe no lo permite y la nota de comunicacion del CGPJ lo omite completamente. No es de extrañar, ya que el Observatorio del CGPJ hace años que dejó de servir a la transparencia, el estudio, la identificación de disyunciones y las recomendaciones para mejorar la respuesta judicial frente a la violencia contra las mujeres.
El dato camuflado en el último informe es que el quebrantamiento de medidas aumentó más de seis puntos porcentuales en los últimos 8 años, pasando del 3% al 9,40% y el quebrantamiento de penas aumentó 4 puntos porcentuales en el mismo periodo.
Sería interesante profundizar en el detalle y conocer qué medidas y penas se quebrantan. El quebrantamiento de la medida de alejamiento (o cualquier otra fijada por el juez) supone la comisión de un delito tipificado en el artículo 468.2 del Código Penal, con pena de prisión de 6 meses a 1 año. No sabemos con qué ímpetu la administración de justicia responde a este tipo delictivo que está aumentando tan alarmantemente y que, sin duda, es uno de los indicadores de riesgo más fiables.
Que estos datos no hayan sido reseñados por la nota de prensa del CGPJ y por ningún medio de comunicación hurta información que apunta a un problema creciente muy relacionado con la seguridad de las víctimas.
También pone en evidencia la urgencia de que el Observatorio del CGPJ acometa la reestructuración de sus indicadores, los amplíe y, sin dilación, publique los datos con secuencias temporales que permitan conocer la evolución para que quienes analizamos datos podamos valorar, sin obstaculizaciones, cuál está siendo la respuesta penal a la violencia de género.
Los datos ofrecidos son un ejemplo, pero aquí tiene otros datos que el informe del Observatorio del CGPJ no facilitó, ¿por qué será?
Prestación de alimentos
Suspensión de la patria potestad
Protección de menor para evitar un peligro o perjuicio
Suspensión de guarda y custodia
