La portavoz socialista de Igualdad, Ángeles Álvarez, señala que “el Pacto de Estado contra la Violencia de Género apunta la necesidad urgente de vincular las informaciones de los Centros de Salud, los servicios de atención a la mujer y las unidades de valoración forense, junto a la valoración de la policía, para articular un sistema de protección más eficaz”.
El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una proposición no de ley en el Congreso para establecer, junto a las Comunidades Autónomas, medidas para implementar los acuerdos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género sobre los servicios en las Unidades de Valoración Forense Integral (UVFI) de los Institutos de Medicina Legal.
La portavoz socialista de Igualdad, Ángeles Álvarez, ha recordado que “el Pacto de Estado contra la Violencia de Género apunta la necesidad urgente de vincular las informaciones de los Centros de Salud, los Servicios de Atención a la Mujer y ,las Unidades de Valoración Forense, junto a la valoración policial, para articular un sistema de protección más eficaz”.
Esto implica – ha continuado- “poner a funcionar nuevos protocolos para que las valoraciones sean exhaustivas al contar con todas las informaciones accesibles sobre la situación de las afectadas”. Los socialistas consideran clave “unificar y recopilar toda esta información para complementar lo realizado hasta el momento por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, lo que “facilitará al órgano judicial la decisión sobre las medidas cautelares y de protección de la víctima a adoptar en cada caso”.
Para la diputada socialista “es inexplicable que después de 13 años de la puesta en marcha de la Ley Integral haya Comunidades Autónomas que aún no hayan puesto en marcha las UVFI”
La propuesta socialista demanda concretar la estructura y funcionamiento de las UVFI a través de una normativa básica que debe ser elaborada por el Ministerio de Justicia para su ámbito competencial y que pueda servir como referencia para las CCAA con competencias en materia de Justicia.
Extender la valoración de riesgo a los hijos e hijas
Otro aspecto que apunta la iniciativa -cuyo espíritu está también recogido en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género- es “extender la valoración a los dependientes de la pareja y otras víctimas directas, como son los menores, y también a otras víctimas secundarias”. Este punto atiende a la necesidad de proteger a otras personas que podrían ser destinatarias de la conocida como violencia vicaria. Álvarez ha manifestado en este sentido que “se ha dado un paso importante para incluir a las madres cuyos hijos son asesinados, como beneficiarias de los derechos y prestaciones de la Ley, pero lo importante es evitar que los menores estén expuestos a esos riesgos y para eso, es clave que sean incluidos en las valoraciones forenses, policiales y psicológicas en todos los estamentos implicados”.
Finalmente, la propuesta indica que toda esta estructura de valoración solo es posible con una especialización de todos los agentes implicados, por lo que insta al Gobierno a establecer, en colaboración con las Comunidades Autónomas, Planes Formativos para especialización prioritaria de los profesionales llamados a formar parte de las Unidades de Valoración Forense.
Enlace a la Proposición no de ley
