“¿Cómo constata su departamento la plena capacidad jurídica y de obrar de la mujer gestante y la eficacia legal del consentimiento prestado?
La portavoz socialista de Igualdad, Ángeles Álvarez, considera necesario “conocer la magnitud de la demanda de una práctica prohibida en este país”.
La portavoz socialista de Igualdad, Ángeles Álvarez, ha exigido “transparencia” en los datos sobre las solicitudes de inscripción de nacimiento formuladas por ciudadanos españoles que han recurrido a alquilar un vientre en el extranjero, ya que “esa práctica es ilegal y nula de pleno derecho en España”.
Así lo ha reclamado en la comparecencia del Director General de los Registros y del Notariado celebrada hoy en la Comisión de Igualdad, comparecencia que “no habríamos solicitado si ustedes hubiesen respondido a las preguntas que les hemos formulado por escrito desde hace meses”, le ha reprochado. “Desconocemos los motivos por los que el Registro Civil se niega a dar esa información. ¿Pretende hacernos creer, que el organismo que usted dirige no conoce el número de solicitudes de inscripción que ha cursado en base a la instrucción de 5 de octubre de 2010? ¿No conoce cuantas han sido admitidas? ¿No conoce cuantas han sido denegadas y el motivo? Nosotros creemos que si lo saben. Lo que no entendemos es porque se niega a informar al respecto, por qué hurtan esa información al Congreso de los Diputados”, ha criticado.
La portavoz socialista se ha interesado por conocer cuántas resoluciones judiciales se han presentado ante el Encargado del Registro Civil relacionadas con el alquiler de vientres desde 2011, de qué países provienen, si en cada una de esas resoluciones se han acreditado partos simples o múltiples, el sexo de las de las personas o parejas que realizan esas inscripciones.
“No le pedimos datos personales pero sí estadísticos”, ha señalado Álvarez. Que ustedes no faciliten esa información solo puede calificarse de obstrucción al trabajo de los miembros de esta Cámara. Dar a conocer el número de españoles que viajan cada año para alquilar un vientre no vulnera la intimidad de nadie, pero nos permite conocer la magnitud de la demanda de una práctica prohibida en este país”, insistió.
Según ha explicado la diputada socialista, “la instrucción de 5 de octubre de 2010, exige que se verifique que no existe simulación en un contrato de alquiler de vientre, para vigilar que no se encubra el tráfico internacional de menores. También les exige controlar el contenido del contrato respecto del marco legal del país donde se ha formalizado, con el fin de garantizar la protección de los intereses del menor y de la madre gestante”.
¿Cómo constata su departamento la plena capacidad jurídica y de obrar de la mujer gestante y la eficacia legal del consentimiento prestado?
¿Cómo constata su departamento que no ha sido sometida a engaño, violencia o coacción o la eventual previsión o posterior respeto a la facultad de revocación del consentimiento o cualesquiera otros requisitos previstos en la normativa legal?”, ha recalcado.
Tras la comparecencia, el Grupo Socialista ha mostrado su estupor ante la falta de control que existe en esta materia particularmente de los casos de Ucrania, donde el registro acepta inscripciones sin cotejar si se han vulnerado derechos.
Instituto de la Mujer
Por su parte, la portavoz adjunta de Igualdad, Carmen Cuello, ha reprochado a la Directora del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, Lucía del Carmen Cerón, que “con la excusa de la crisis el Gobierno del PP ha recortado los programas de Igualdad y contra la Violencia de Género”, y que organismos como el Instituto de la Mujer “han quedado casi desmantelados y se han devaluado tanto estructural como presupuestariamente”.
Cuello le ha pedido explicaciones sobre la eliminación de las subvenciones públicas destinadas a la realización de postgrados de estudios de género y actividades relacionadas con la igualdad en el ámbito universitario, sobre la gestión de los programas y Fondos Estructurales de la Unión Europea en materia de igualdad, y sobre la situación de las 8 trabajadoras del Instituto de la Mujer que fueron despedidas de este organismo tras denunciar su situación laboral.
Asimismo, la diputada socialista le ha preguntado sobre el apoyo al movimiento asociativo y el reparto de ayudas y subvenciones, le ha reclamado la evaluación del actual Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades y la elaboración del nuevo Plan 2018-2021, y ha urgido la puesta en marcha de las actuaciones incluidas en el Pacto contra la Violencia de género que afectan al Instituto de la Mujer.
