- El Grupo Socialista pide analizar las respuestas de la justicia ante los casos de violencia sexual e impulsar una Ley contra la violencia, el acoso y el abuso sexual
- “Es necesario examinar los patrones de las agresiones y abusos sexuales. Necesitamos conocer las características de las agresiones y la respuesta social y jurídica para adecuar el marco legal regulador”, señala la portavoz de Igualdad, Ángeles Álvarez.
La Comisión de Igualdad del Congreso ha aprobado por unanimidad una iniciativa del Grupo Socialista para analizar las respuestas de la administración de Justicia ante los casos de violencia sexual e “impulsar con posterioridad a este análisis una ley contra la violencia, el acoso y el abuso sexual, para garantizar los derechos de las víctimas en materia de prevención, información, tutela institucional, protección integral y apoyo a la reparación del daño y equiparar y garantizar la respuesta en todo el territorio”.
“Es necesario examinar los patrones de las agresiones y abusos sexuales. Necesitamos conocer las características de las agresiones y la respuesta social y jurídica para adecuar el marco legal regulador. También, aspectos relacionados con la denuncia de estos abusos, y las razones por los que las mujeres no denuncian estos delitos”, ha defendido la portavoz de Igualdad, Ángeles Álvarez, quien ha reclamado al Gobierno “las reformas que en materia de agresiones sexuales serán precisas para equiparar y garantizar la respuesta en todo el territorio y dar la respuesta integral que nos reclama el Convenio de Estambul y el Pacto contra la violencia de género”.
“La indignación social que nos provocan determinados tratamientos mediáticos o judiciales debería ser la espoleta para mover conciencias”, ha señalado Álvarez, que ha alertado de que “las respuestas solo serán eficaces ofreciendo una base sólida sobre la que elaborar respuestas específicas para cubrir las necesidades de las mujeres como víctimas de esta violencia y conocer las intervenciones de la Justicia».
En su intervención en defensa de esta iniciativa, la portavoz socialista ha puesto de manifiesto que “España se sitúa a la cola de Europa en denuncias por violación” -la tasa de denuncias de violaciones es 2,65 casos por cada 100.000 habitantes en España frente a la de Suecia que es de casi 57; si hablamos de agresiones sexuales, el índice en Suecia es seis veces mayor que en España-, y ha asegurado que “hay más denuncias en países con mayor intolerancia a la violencia sexual y con mejores niveles de igualdad de género”. “¿Se han preguntado cómo influye en la interposición de denuncia el hecho de que las víctimas sepan que tras la denuncia se exponen sin ningún tipo de amparo, a un linchamiento y cuestionamiento estereotipado de su comportamiento social?”, cuestionó.
Entre los 10 puntos que componen la iniciativa del PSOE, Ángeles Álvarez, ha subrayado la “ necesidad imperiosa de realizar, en colaboración con el CGPJ y organizaciones de juristas, una investigación sobre la respuesta de la administración de justicia ante los delitos relacionados con violaciones, acoso sexual en el trabajo y otras agresiones sexuales, para desvelar prácticas judiciales estereotipadas e injusta. Es urgente conocer la interpretación que la justicia está haciendo sobre los delitos sexuales porque es a través del análisis de las sentencias que podemos conocer si existe un trato discriminatorio. No podemos probar qué agravantes o atenuantes funcionan a beneficio de los violadores y desconocemos que prejuicios y estereotipos sexistas resultan favorables a los agresores. Sabemos que existen porque cada vez que tenemos un caso mediático se pone en evidencia, pero necesitamos desentrañarlo y mostrarlo. Conocer el estereotipo, las actitudes, las motivaciones, o prejuicios que aparecen en el discurso jurídico y que influyen en el resultado final de la sentencia es esencial”.
También reclama que “el CGPJ abra un nuevo epígrafe en sus informes que identifique el número de denuncias, el sentido de las sentencias, y otros indicadores de interés”.
Asimismo, ha destacado la necesidad de “incorporar al Plan Estadístico Nacional datos relacionados con la violencia sexual para poner a disposición de la sociedad los datos que reflejan esta realidad, conocer la evolución y tendencias, y para que dichas informaciones favorezcan la toma de conciencia frente al problema y ayuden a las administraciones en la planificación de una respuesta adecuada y adaptada”.
