Con la intención de perfeccionar la valoración del riesgo, se crean por ley las unidades de valoración forense y posteriores protocolos de valoración de riesgo.
Aunque la Delegación del Gobierno y el Ministerio del Justicia, dejaron establecidos los protocolos en 2011 estos no se han implementado de manera general. La implantación del protocolo médico forense de valoración urgente del riesgo de violencia de género (PMFVUR) esta siendo muy limitada.
La portavoz de Igualdad en el Congreso por el Grupo Socialista , Ángeles Alvarez ha recordado que la Fiscalía lo reconoce en su memoria anual «como herramienta para efectuar la valoración de riesgo objetivo» y que «es el único organismo que recoge una información estadística básica sobre su implantación ya que ni la Delegación del Gobierno ni el Observatorio Estatal recogen datos ni analizan esta cuestión».
Alvarez ha recordado que la Fiscalia Especial en la memoria de 2017 manifiesta que «su uso sigue siendo muy escaso», habiéndose emitido exclusivamente 284 informes de conformidad con el protocolo, número muy inferior al del año anterior (421). Para la socialista, estos datos ponen de manifiesto que la insuficiente implicación de las Unidades Forenses que ha calificado de numéricamente «insignificantes».
Pero sin duda el dato más inquietante que ha ofrecido se obtiene al analizar las informaciones de la Fiscalía junto al número de solicitudes de OP en las que una valoración podría haber sido de gran utilidad: solo se han efectuado valoraciones de riesgo en un 0,74 % del total de Ordenes de Protección emitidas.
No obstante, no existe información completa ya que «no tenemos información accesible sobre datos corresponden a las Comunidades Autónomas con trasferencias en Justicia y es urgente que en el marco de los acuerdos del Pacto se habiliten sistemas para recopilar a nivel nacional estas informaciones», ha manifestado.
También ha indicado que «muchas Comunidades ni tan siquiera han implementado las Unidades de Valoración» y se ha referido a Madrid «que ni tan siquiera tiene constituido el Instituto de Medicina Legal responsable de implementar el protocolo médico forense de valoración del riesgo».
Álvarez ha denunciado que en aquellas Comunidades Autónomas donde el ministerio tiene competencias han descendido de forma temeraria las valoraciones forenses y ha ofrecido los siguientes datos extraídos de los informes territoriales:
Castilla y León, se han emitido 5 frente a las 102 del año 2015; Extremadura,150 (9 menos que en 2015); Illes Balears y Melilla han emitido sólo uno, y 2 en toda Castilla la Mancha. Solo Murcia con 145, registra un dato superior a los 129 del año anterior.
Finalmente ha recordado que la peligrosidad de un agresor de género en la pareja «no depende únicamente de la gravedad de las lesiones que haya provocado con anterioridad. Una aparente levedad inicial de las lesiones provocadas, no excluye en absoluto un riesgo potencial. Analizar el maltrato psicológico es esencial en esas valoraciones de riesgo, y contar con sistemas de identificación es básico por que en esta violencia el efecto causado, supera en mucho el efecto físico causante».
Otras variables que predicen un nivel elevado de riego:
■ La tentativa de suicidio o la ideación suicida del agresor.
■ Intentos previos de homicidio o tentativa homicida actual.
■ Violencia grave (utilización de armas o producción de lesiones muy graves).
■ Violencia en una segunda o ulteriores parejas.
