La Agrupación de Madrid del Fórum de Política Feminista organizó el martes una jornada con el título «6 meses: valoración de los acuerdos del pacto de estado contra la violencia de género», en la que participaron integrantes de la subcomisión del Congreso encargada de elaborar y aprobar el pacto: María del Carmen Dueñas, por el PP; Ángeles Álvarez, del PSOE; Ángela Rodríguez, de Unidos Podemos y Miguel Garaulet Rodríguez, de Ciudadanos. El acto fue moderado por Teresa Nevado, presidenta del Fórum de Política Feminista de Madrid.
Las intervenciones estuvieron dirigidas a destacar el contenido más relevante del Pacto, a valorar qué ha sucedido en su puesta en marcha –recordemos que el acuerdo se firmó hace 6 meses- y a rescatar la experiencia y el aprendizaje de las personas que han participado en la Subcomisión de la que nació el Pacto.
Consenso y complicidad. Eso fue destacado por las representantes de los partidos que han trabajado en la subcomisión para llegar a acuerdos, aprendiendo de tantas expertas que comparecieron para hacer sus aportes y de enfoques diferentes. Solo en el caso de Unidos Podemos, a pesar de que Ángela Rodríguez valoró su experiencia personal y el esfuerzo, también destacó que “el Pacto se nos quedó corto” y explicó las razones de la abstención de su grupo parlamentario en la votación final: “No había garantías, ni calendario, ni presupuesto para llevarlo a cabo, como se está demostrando”, dijo, “y además teníamos desacuerdos ideológicos”.
En ese sentido, Ángela sostuvo que ellas querían que el movimiento feminista se pudiese incorporar al seguimiento del Pacto de Estado mediante la creación de un Observatorio independiente formado por expertas; tampoco les parece que el Pacto reconozca de forma explícita y adecuada formas de violencia machista como la trata, la violencia sexual o la violencia económica: “se nombran, pero de forma insuficiente”. Por último, explicó que se desestimaron medidas orientadas a cambiar “la desigualdad estructural entre mujeres y hombres que es el machismo y que nutre la existencia de la violencia de género”, como por ejemplo, la dotación de presupuestos a la ley de dependencia o la derogación del decreto que limita la atención médica a aquellas mujeres que no tienen la tarjeta sanitaria.
Para Ángeles Álvarez ese moverse con el “todo o nada” es un error, sobre todo cuando se lucha por los derechos de las mujeres. “Nos quedamos en nada”, dijo. Con este Pacto, “hemos conseguido acuerdo en muchas medidas que benefician a las víctimas”.
Carmen Dueñas destacó el aprendizaje que para ella ha supuesto el debate con personas que piensan diferente y definió el Pacto como un informe de acuerdos relevantes por sí mismo, a pesar de que hay cosas por desarrollar. “Es la expresión de una unidad política, social e institucional en la lucha contra la violencia que ha acabado con la vida de más de 900 mujeres desde el 2003”.
Contenido
Ciudadanos destacó del contenido del Pacto la apuesta por la transversalidad, el esfuerzo por recoger todas las formas de violencia machista y el apoyo al empoderamiento de las mujeres rurales, pues en ese ámbito se registra mucha violencia de género.
Podemos dijo estar de acuerdo con las medidas incluidas en el pacto -212 puntos, que empezaron siendo más de 600-, y valoró el haber recogido que una mujer pueda reconocerse como víctima de violencia machista aunque no denuncie, así como la reconfiguración de la arquitectura municipal de atención a las víctimas, “posible gracias al esfuerzo del Psoe”.
Ángela señaló también como hechos positivos el que en la última reunión de la Comisión de Igualdad se aprobara la necesidad de elaborar una ley que atendiese también las violencias sexuales y la derogación de la reforma de la Ley del Aborto del 2015, que restringe los derechos sexuales de las más jóvenes.
La representante del Psoe realizó un análisis de los cambios producidos desde la aprobación de leyes pioneras como la Ley Integral de lucha contra la violencia de género de 2004 y también aquellos elementos del Pacto más importantes, así como sus carencias. La experta destacó la necesidad de abordar la violencia machista de un modo integral y dijo que las instituciones tienen un rol fundamental en la implicación de la ciudadanía. Según Álvarez, los parámetros para la integridad son: la prevención, garantizar el fin de la impunidad, la seguridad de las víctimas y de sus hijos e hijas, sistemas de evaluación y seguimiento y la formación de los agentes que intervienen en el proceso.
“Hemos logrado acuerdo en cosas básicas”, dijo Ángeles. Por ejemplo, que los maltratadores no tengan que autorizar la intervención psicológica con menores –lo que está siendo aprovechado para denunciar a las casas de acogida y asociaciones que atienden a las víctimas-. Ahora bien, la delimitación de las medidas que puede adaptar un juez o jueza sobre la guardia y custodia de hijos e hijas de padres con sentencia firme o causa penal por violencia machista “ha quedado abstracta”. Era necesario mejorar los mecanismos de atención y protección a los y las menores, ya que, según la portavoz socialista, la ley 2015 de infancia “no ha incorporado nada nuevo”.
Álvarez también destacó medidas que tratan de ayudar a tantas mujeres que sufren violencia machista pero no denuncian. La administración local tendrá más competencias para actuar; una mujer que sufra violencia de género podrá ser reconocida como víctima sin necesidad de denunciar, no solo por la intervención de los jueces y las juezas, o por los informes de las trabajadoras sociales, sino por otros y otras profesionales y, de este modo, podrá contar con todas las medidas disponibles; además, el Pacto pretende articular el sistema de identificación previa y reforzar las valoraciones de riesgo. Ángeles Álvarez lamentó que no se haya podido acordar la necesidad de reformar el artículo 416 del Código Penal.
La representante del PP resaltó las medidas de sensibilización y de educación que recoge el pacto. “Las expertas nos han reiterado que la respuesta penal es el último trámite en la lucha contra la violencia de género, pero hay que ir a la base”. También destacó la activación de protocolos de cribado en la atención sanitaria y la necesaria implementación de unidades de valoración forense.
Acuerdos y consensos sin recursos
Pero claro, para la implementación de las medidas es necesario aplicar recursos. Y aunque Carmen Dueñas insistió en que el PP está comprometido con ello, los hechos, de momento, demuestran lo contrario. Los Presupuestos Generales del Estado están bloqueados. Se aprobó una forma – crédito- en el Congreso destinada a dar respuesta a los compromisos establecidos en el primer plazo del Pacto, pero “no se ha usado”, según denunciaron Ángeles Álvarez y Ángela Rodríguez. La representante de Unidos Podemos afeó: “No pueden destinarse 2000 millones de euros para financiar autopistas y ni un solo euro para la lucha contra la violencia machista”.
