Alianza por la Solidaridad considera fundamental que España cuente con una ley de ‘debida diligencia’ como las que existen en otros países de nuestro entorno para obligar a cumplir con los derechos humanos y ambientales en cualquier territorio, dentro y fuera de nuestras fronteras, donde una compañía expanda su negocio.
La ONG, en el segundo aniversario del asesinato de la activista hondureña Berta Cáceres, recuerda que en estos momentos no existe ningún control desde España de las actividades que se realizan en países no comunitarios, dado que todos los instrumentos que regulan la relación entre empresas y derechos humanos, como el Plan Nacional de Derechos Humanos y Empresas, aprobado en 2017, no tienen carácter vinculante
Alianza por la Solidaridad recuerda que hay grandes empresas españolas implicadas en casos en los que se han vulnerado derechos de los pueblos indígenas, como son las obras de la hidroeléctrica Renace, en Guatemala. Uno de los líderes ambientalistas que ha denunciado esta obra y otra hidroeléctrica (OXEC) sobre el mismo río Cahabón, llamado Bernardo Caal Xool, se encuentra encarcelado desde el pasado 30 de enero, después de ser difamado, amenazado y finalmente criminalizado por sus actividades.
Su caso es muy similar al que acabó con la vida de Berta Cáceres. En su caso, su lucha fue la defensa del Río Gualcarque frente a la construcción de hidroeléctrica cuya concesión fue hecha sin consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas, al igual que ocurre en el río Cahabón. Desde 2009, la líder hondureña tenía medidas cautelares de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las mismas que se solicitaron para Caal Xol el pasado año. Si en 2013, el Ministerio Público de Honduras le acusó de “posesión ilegal de armas de fuego, usurpación de tierras, coacción y daños continuados” y pidió prisión para ella, en el caso de Bernardo ya está en prisión acusado de delitos como robo, detenciones ilegales o instigación a delinquir, que no es otra cosa que movilizarse.
Hasta el momento, la campaña #LibertadParaBernardo ya ha recogido más de 2.400 firmas.
Su situación sigue siendo muy preocupante, al encontrarse en una cárcel donde debe pagar a las mafias que la dirigen por el derecho a dormir en una colchoneta o a comer, si bien su familia ya no recibe ingresos.
El próximo día 7 de marzo tendrá lugar una audiencia con la que sus abogados pretenden que se cambien los cargos infundados que pesan en su contra, y fueron realizados por empleados de una de las empresas que realizan las obras.
Todo ello se produce en un contexto en el que están siendo investigados en Guatemala jueces y magistrados que han pagado por su elección para los cargos, a cambio de favorecer a determinadas empresas.
Para Alianza por la Solidaridad, el Estado español debe garantizar, mediante una regulación obligatoria, como la mencionada ley de debida diligencia, que ninguna compañía de este país esté relacionada, directa o indirectamente, con situaciones que ponen en riesgo la vida, la libertad, el acceso a los recursos naturales y, en general, los derechos de las personas que habitan en los territorios.
Campaña en redes: #LibertadParaBernardo
