La configuración de un sistema destinado a prevenir todas las formas de violencia machista en España viene de un proceso largo, intenso y sin embargo incompleto. Como en el resto de Europa -y en general en todo el planeta- se han ido aprobando medidas en el plano jurídico-administrativo que en su día fueron un avance sin precedentes.
Desde las reivindicaciones de los movimientos feministas, hasta las jornadas y debates o las primeras casas de acogida en la clandestinidad se pasó poco a poco a tener organismos de igualdad en los ayuntamientos, los Institutos de la Mujer -tanto en las comunidades autónomas como a nivel general- Consejerías de Igualdad después, Secretarías de Estado e incluso un Ministerio de Igualdad.
Asimismo, entorno a la aprobación de la Ley Orgánica integral de violencia de género de 2004 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, los diferentes poderes públicos tuvieron que adaptarse a medidas que habían llegado para quedarse: acciones de prevención, servicios de asistencia y sobretodo un enfoque desde la perspectiva de género que explica qué es la violencia hacia las mujeres y conceptualiza su solución.
Precisamente, el pasado 24 de abril hace 10 años desde que Cataluña cuenta con su primera ley de violencia machista, la llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista aprobada bajo el gobierno tripartito del president Montilla.
Sin duda, un instrumento legal que mejoraba y desarrollaba la Ley integral.
A la espera de una evaluación exhaustiva, los datos presentados hasta ahora arrojan -en algunos casos- una mejora gradual en las cifras de uso de los recursos como los Servicios de Intervención Especializada (SIE), Servicios de Información y Atención a las Mujeres (SIAD) o al teléfono 900 900 120.
Y es que conviene recordar que esta ley ha sido el instrumento a través del cual se ha articulado la actual red contra la violencia machista, estructurando recursos como los mencionados anteriormente, además de crear organismos y protocolos varios.
Además incluye otras formas de la violencia machista -más allà de la violencia en la pareja- como la violencia económica (además de la física, psicológica y sexual) y añadiendo ámbitos como el laboral, familiar, social o comunitario.
También amplía las formas de acreditar la condición de víctima de violència machista, permitiendo acceder a algunos derechos sin que sea imprescindible un reconocimiento penal previo.
Precisamente, estas son algunas de las aportaciones que se piden para la reforma de la ley estatal abordada en su día en el Pacto de Estado, pendiente ahora de desarrollar.
En cualquier caso, tras una década de esta legislación autonómica se requiere mayor presupuesto, una mayor coordinación y más personal destinado a los diferentes servicios como las oficinas de atención a la víctima en los Mossos de Esquadra, a los SIAD, SIE y servicios sociales. O a la formación en el ámbito sanitario o en los centros educativos.
Nuevamente, la buena voluntad y el esfuerzo de las y los profesionales públicos permiten mantener unos índices de atención en este ámbito que de lo contrario serían imposibles.
Pero sin el personal suficiente y sin un marco educativo más exhaustivo en cuanto a la coeducación (con todo lo que conlleva e implica a toda la comunidad) estaremos limitando los efectos de unos recursos que deben ser la puerta de salida ante situaciones de violencia machista, pero también el punto de partida para desterrar los mitos y roles que aún la sostienen.
Es por ello que este aniversario ha de servir para visualizar cómo las políticas de igualdad de género son necesarias a todos los niveles, pero que sin recursos son insuficientes y sin la acción junto a toda la ciudadanía son estratégicamente nulas.
Así, es responsabilidad de todos los poderes públicos y partidos políticos liderar el debate hacia un nuevo pacto que renueve no solamente los instrumentos con los que se dota el Estado frente al machismo y la desigualdad, sino también la respuesta de la ciudadanía ante los retos de hoy:
Acabar con los estereotipos de género aún presentes en muchos medios de comunicación, introducir la coeducación y sobretodo implicar a toda la ciudadanía en un camino en el que nadie puede permanecer al margen.
Un Pacto catalán contra las violencia machistas es la forma de comprometer a todas las Administraciones Públicas a destinar los recursos necesarios, a mejorar los instrumentos legales y a volver a poner sobre la mesa de la actualidad política una realidad de la que no querríamos oír a hablar más: mujeres que sufren violencia de todo tipo y hombres que hacen suyo un modelo de masculinidad arcaica, con el que imponerse en el trabajo, en su hogar o en su barrio frente a las mujeres.
Violencias machistas, en todo caso, contra las que en Cataluña se trabaja desde hace 10 años con un instrumento útil, pero que deberá reforzarse. Es el momento, una vez más, de un Pacto.
