El presidente de la FEMP ha remitido una carta a Montserrat pidiéndole una reunión para tratar de reconducir la «ruptura unilateral» del Pacto.
La presidenta de la Comisión de Igualdad de la Federación Española de Municipios y Provincias, no ha ocultado su preocupación a la hora de referirse a la reducción presupuestaria por parte del Estado: “Hemos sufrido un varapalo estos días conociendo que esa cantidad viene mucho menor… hablamos de 20 millones que, posiblemente, para el Gobierno no es nada, pero para las administraciones locales, con la precariedad y con la imposibilidad que tenemos de poder afrontar la ayuda y la asistencia a las mujeres e hijos víctimas de violencia con recursos propios, pues difícilmente podremos materializar este Pacto”, ha lamentado.
“Ahora estamos en una situación de incertidumbre, por eso por parte de la FEMP el presidente de la FEMP ha remitido esta misma mañana una carta a la ministra intentando reconducir esta situación”, ha desvelado Rufino.
«En materia de igualdad son muchos los ayuntamientos que están prestando esos servicios casi en un tono de insumisión, asumiendo competencias que no le son propias y para las que no tienen financiación», ha trasladado.
Cuarenta municipios, entre ellos Málaga, Bilbao, Sevilla, Barcelona y Valencia, han pedido que los ayuntamientos tengan más autonomía para luchar contra la violencia machista y que se cree la comisión de seguimiento del pacto estatal en un foro organizado por el Ayuntamiento de Madrid.
El ‘Foro de Municipios por el Pacto de Estado en materia de Violencia de Género’, que se ha reunido en el centro cultural Matadero ayer, viernes, y hoy, ha pedido «mayor claridad y autonomía» en las competencias y financiación de las políticas municipales contra la violencia machista.
Este encuentro, donde A Coruña, Málaga, Bilbao, Salobreña, Barcelona, Sevilla, Valencia y Madrid han sido las ponentes, ha reclamado como municipal esta competencia para lo que es preciso «una reforma urgente de la ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL)».
Se ha reivindicado asimismo que es necesario luchar contra todas las violencias machistas, como pide el Convenio de Estambul, y no únicamente contra las agresiones que cometen parejas o exparejas.
Entre las conclusiones alcanzadas en el foro se apuesta también por un enfoque interseccional que permita atender a «necesidades concretas y discriminaciones múltiples de las mujeres para su salida de la violencia» y se propone crear «unidades de apoyo locales o mesas locales de coordinación» previstos en el Pacto de Estado.
Además se exige la «creación inmediata» de la Comisión Parlamentaria de seguimiento del Pacto y se propone alcanzar un acuerdo de «estándares mínimos de servicios de respuesta a la violencia» para que una «una mujer, viva donde viva, tenga garantizados sus derechos tanto en disponibilidad de recursos como en calidad y accesibilidad».
Estos municipios, que elaborarán un manifiesto, también piden que el personal encargado de atender los recursos contra la violencia no sea precario sino «suficiente y estable», para lo que exigen al Gobierno central proyectos de ley que así lo garanticen, según detalla el Ayuntamiento de la capital en un comunicado.
Durante el encuentro, la delegada de Políticas de Género y Diversidad de Madrid, Celia Mayer, ha exigido que el Gobierno cumpla sus compromisos y financie el Pacto con 200 millones de euros como prometió y no con 80 como ha presupuestado, pidiendo el resto a las comunidades autónomas (100 millones) y a la administración local (20 millones).
Para Mayer, el menor presupuesto es «terriblemente grave» y los 80 millones asignados suponen una cifra «irrisoria» que, en su opinión, muestra un «problema de voluntad política en el Gobierno de España» y deja en la «precariedad absoluta» a los ayuntamientos, que no podrán «abrir recursos ni prestar la atención integral» que se merecen las mujeres.
