El Tribunal Constitucional ha avalado la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), conocida como la «Ley Wert», abriendo la puerta a que este tipo de educación se financie con dinero público. La sentencia resuelve el recurso del Grupo Socialista contra la LOMCE, y avala la constitucionalidad de la educación diferenciada por sexos y en definitiva la financiación con fondos públicos de la misma,
Las reacciones frente a esta sentencia, desde diferentes organizaciones feministas y políticas, no se han hecho esperar y todas lo señalan como un ataque a la construcción de las relaciones igualitarias. Marisa Soleto, Directora de Fundación Mujeres, plantea «que una cosa sea constitucional no significa que sea conveniente. La segregación educativa por sexo dificulta la educación para la igualdad y por lo tanto no resulta conveniente para la construcción de relaciones equilibradas entre niños y niñas, futuros hombres y mujeres, ni en las relaciones de pareja ni en la convivencia laboral y social.
Añade, aun siendo constitucional, «esperamos de las autoridades educativas que no inviertan fondos públicos en la promoción de un modelo que dificulta los objetivos de la igualdad».
Por su parte, Yolanda Besteiro, presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas ha indicado que la sentencia le parece «lamentable» y ha explicado que «la educación segregada contribuye a mantener los estereotipos tradicionales, las aulas mixtas permiten relacionarse a los niños con las niñas con normalidad. Del mismo modo en el que para conseguir la plena integración, por ejemplo, de las personas con discapacidad se recomienda su escolarización con el resto del alumnado. Lo mismo sucede con los niños y niñas para que no se perciban como “diferentes” y en consecuencia con diferentes roles sociales».
En la sentencia, el Constitucional «ha avalado que se subvencione con dinero público a los colegios que segregan por sexos a sus alumnos y también otros aspectos de la norma, como que la Religión sea una alternativa obligatoria»
Desde el ámbito de la justicia, Susana Gisbert, fiscala especializada en violencia de género, mantiene una posición «discrepante» sin perjuicio de «respetar y acatar» la decisión del Tribunal Constitucional
Gisbert, ha indicado que «de una parte, el modelo de educación segregada es propio de otra época ya superada, donde la propia legislación asignaba un papel diferente a mujeres y hombres, en una concepción de la sociedad en absoluto igualitaria»
La Fiscala ha profundizado en el razonamiento indicando que la propuesta avalada por el Constitucional «es un modelo que casa mal con las exigencias de una sociedad en que todas las personas seamos iguales. Por más que se garantice que esta separación no supone desigualdad de trato, si de verdad es así, carece de sentido hacerla. Nunca se admitiría, por ejemplo, que se separara en clases o colegios diferentes a niños y niñas por razón de su de su etnia o de su religión, aunque se asegurara darles el mismo trato. Y me pregunto que si en ese caso nadie duda de que exista discriminación ¿por qué se duda cuando la discriminación es por razón de género?.
Pero, de otra parte, y aún admitiendo que los progenitores elijan dar ese modelo de educación haciendo uso de su libertad, y que puedan optar a ello en virtud de la libertad de enseñanza, lo que no debería es hacerse con cargo al erario público. Los colegios que optan por la segregación por sexos no deberían acceder a subvenciones ni conciertos ni integrarse en la enseñanza pública, que debe transmitir unos valores democráticos, entre ellos, la igualdad entre hombres y mujeres.
Por último, creo que la educación en igualdad es la pieza clave para acabar con el machismo y su más terrible consecuencia, la violencia de género. Y me resulta difícil entender que una escuela que establece que niños y niños estén en un lugar diferente por el solo hecho de pertenecer a uno u otro sexo pueda transmitir a esos mismos niños y niñas la idea de igualdad a la que aspiramos como sociedad.
Diputadas que también se pronuncian
Carmen Dueñas, portavoz de Igualdad del Grupo Popular, se ha manifestado expresando respeto a la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional «la LOMCE lo único que hace es permitir que este tipo de educación, avalada por el Constitucional, pueda ser sostenida con fondos públicos, al igual que la educación «mixta». Dueñas ha recordado que «en ningún momento incorpora medidas que promuevan o favorezcan este tipo de educación, sino que aumenta la amplitud de elección por parte de los padres, cuestión esta importante».
Dueñas explicó a Tribuna Feminista que estamos ante una sentencia que ya tuvo como precedente la dictada por la Sección IV de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo y que falló a favor de los centros de educación concertada. Señalo que «no se puede asociar la enseñanza separada con la discriminación por razón de sexo» y recordó que el Consejo de Estado en su dictamen al Proyecto de Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, señaló que «la educación diferenciada es una opción reconocida en un conjunto de países desarrollados, y que ha sido objeto de análisis y valoración positiva en distintas instancias jurisprudenciales internacionales, incluido el Tribunal de Justicia Europeo, que también avalan la libertad de los padres para elegir una educación diferenciada».
Añade la diputada, «como hemos manifestado siempre, nos sentimos identificados con el artículo 27 de nuestra Constitución, y con todo aquello que venga a reforzar la Libertad de Enseñanza, que consideramos es buena para toda la sociedad».
Lídia Guinart, diputada socialista, en declaraciones para Tribuna Feminista indicó que «la sentencia del TC supone un paso atrás gigantesco. Es muy difícil educar en igualdad desde la segregación por sexos en las aulas. Más allá de la sentencia, el Gobierno debería rectificar y dejar de financiar con fondos públicos algo que nos retrotrae a otros tiempos y que nos aleja de la sociedad igualitaria en la que muchas y muchos creemos firmemente». Rotunda y muy critica ha sido tambien Ángeles Álvarez, portavoz de igualdad del Grupo Parlamentario socialista, que ha planteado que «si la segregación y la discriminación son constitucionales, estamos ante otro motivo para plantearnos una urgente reformar de la Constitución»
Marta Sorlí, diputada de Compromís, y portavoz del Grupo Misto ha calificado de «absurdo e incoherente que en el 2018 sigamos debatiendo y permitiendo la segregacion por sexos en las aulas. La escuela es algo mas que conocimiento, también implica socializacion y educacion en valores. Para ello las aulas tienen que ser un espejo de la sociedad y un refuerzo de los valores de igualdad, respeto y aceptacion.»
Para Sorlí, «esta sentencia solo remarca que continuamos con un TC politizado que emite sentencias ideológicas así como con una constitución obsoleta que hay que adaptar a los valores democráticos del siglo XXI»
Angela Ballester, de Podemos se ha pronunciado en el mismo sentido y ha indicado que «condenamos la segregación de sexos y por tanto la sentencia». Ha expresado que la coeducación, pretende acabar con los estereotipos de género»
