El proyecto de Ley de Presupuestos Generales de Estado de 2018 incorpora un incremento de 80 millones para arrancar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, de los que algo más de la mitad se destinan al Ministerio del Interior para la protección de las víctimas.
El pacto de Estado contra el maltrato machista debe contar con una dotación de 200 millones de euros para su aplicación este año, de los que 80 corresponden a la Administración central y el resto a las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.
El gobierno no ha habilitado las partidas destinadas a las Comunidades Autonomas a pesar de ser las mas numerosas
El ejecutivo en contra de lo acordado en la Subcomision del Pacto pretende que le corresponde a las CCAA incluir en sus presupuestos 100 millones de euros y a los Ayuntamientos 20 millones y ha argumentado que las Comunidades «contarán con recursos suficientes dadas las mayores aportaciones que recibirán respecto a 2017 a través del sistema de financiación».
Esta situación rompe los acuerdos del pacto ya que el Gobierno pretende que las Comunidades detraigan de su financiación esas partidas.
El Gobierno incumple así lo escrito en el documento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Ese documento señala que los 200 millones para las tres administraciones deben salir de los Presupuestos Generales del Estado y además que su destino será finalista.
La consejera andaluza de Justicia e Interior, Rosa Aguilar, habla de «varapalo» porque «faltan 120 millones de euros de los 200 comprometidos»..
Por su parte Ángeles Alvarez portavoz socialista de igualdad en el Congreso ha calificado esta ausencia de las partidas en los PGE2018 como »un engaño, una estafa y una burla a las víctimas, hay que tener muy poca vergüenza para atreverse a presentar un presupuesto que no aportan 120 de los 200 millones comprometidos»
El Gobierno explica que los 80 millones de euros se distribuyen entre los presupuestos del Ministerio del Interior, Justicia, Empleo y Seguridad Social, Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y Hacienda y Función Pública.
Algo más de la mitad de la partida de la administración central para la implementación y cumplimiento del pacto -43 millones- se destinan al Ministerio del Interior sobre todo para aumentar la protección a las víctimas (38,1) y la adecuación de espacios policiales donde se les atiende (3 millones).
En el Ministerio de Justicia, se libra una partida de 13,6 millones destinado a los juzgados de Violencia sobre la Mujer (4,5), asistencia jurídica gratuita (4,2) y a unidades de valoración forense (3,8).
Se destinan 12,2 millones en el Ministerio de Empleo a renta activa de inserción de víctimas de violencia de género (7,4 millones) y a mejorar las pensiones de orfandad en esos casos (4,9).
La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género y la Macroencuesta Violencia de Género, dependientes de Sanidad, cuenta con 9,2 millones de euros.
Por último, se destina una partida de 2 millones de euros en el Ministerio de Hacienda para ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual.
Respecto a la financiación del pacto por parte de las administraciones autonómicas y locales, se indica en los PGE que la financiación de las Administraciones Territoriales aumentará 4.248 millones de euros respecto del 2017, a través del sistema de financiación autonómica.
«En base a este incremento, las CCAA y los Ayuntamientos contarán con crédito suficiente para ejecutar las medidas de su competencia previstas en el Pacto de Estado», señala el proyecto de PGE.
Por otra parte, el programa «Actuaciones para la prevención integral de la violencia de género» incrementa las dotaciones hasta alcanzar los 40 millones (un 24 % respecto a 2017), figurando créditos para transferencias a CCAA (10 millones) y para familias e instituciones sin fines de lucro (14).
Destaca que el incremento de ese programa se hace en cumplimiento del compromiso alcanzado en la negociación del pacto de que «el Presupuesto para 2018 de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género tendrá un incremento del 20 % respecto al ejercicio 2017».
Para proyectos como el de «Dispositivos electrónicos. Seguimiento por medios telemáticos del cumplimiento de las medidas de alejamiento», «Campañas de información y sensibilización para prevenir las distintas formas de la violencia de género» y para una «plataforma online para formación de profesionales» se destinan 13 millones de euros (aumenta un 21,4 % respecto a 2017).
