El soldado Alfonso Jesús Cabezuelo y el guardia civil Antonio Manuel Guerrero, dos de los miembros de La Manada condenados a 9 años de cárcel por abusos sexuales a una joven en los Sanfermines de 2016 no serán expulsados de sus respectivos cuerpos hasta que haya sentencia firme, aunque siguen suspendidos.
Fuentes del Ministerio de Defensa y de la Guardia Civil han explicado que la situación de ambos condenados, en la prisión militar de Alcalá Meco, fueron suspendidos de sus funciones cuando fueron detenidos días después de los hechos.
Así, Alfonso Jesús Cebezuelo cesó en su destino de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en Sevilla, conforme al artículo 111 de la carrera militar, y
Antonio Manuel Guerrero, en prácticas en el puesto de Pozoblanco (Córdoba), también fue revocado de su destino por decisión del director general del cuerpo el 11 de julio de 2016.
La situación actual se mantendrá en tanto en cuanto no exista sentencia firme y perciben, tal y como contempla la ley, el 75 por ciento de sus retribuciones básicas.
En el caso del militar la condena supone además que no pueda ascender. Mientras, el agente del instituto armado ni siquiera había concluido el periodo de un año de prácticas preceptivo al terminar la formación en la academia.
La Fiscalía de Navarra mantiene que fue agresión sexual
La Fiscalía de Navarra mantiene su consideración de que los hechos denunciados por una joven en los Sanfermines de 2016 son constitutivos de un delito de agresión sexual, de violación, y no solo de abuso sexual, por lo que va a recurrir la sentencia dictada por la Audiencia Provincial.
En un comunicado informa de que, una vez estudiada la sentencia dictada por la sección segunda de la Audiencia Provincial de Navarra en la que se condena a los cinco acusados como autores de un delito de abuso sexual a la pena de 9 años, va a recurrir en apelación ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra.
El recurso se presentará en los próximos días según anuncia la Fiscalía que remarca que se mantiene en su consideración inicial de que es un caso de agresión sexual. En el juicio pidió más de 22 años de cárcel para cada uno de los acusados y el pago de una indemnización conjunta de 100.000 euros.
