El nuevo proyecto de Ley para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía, que sustituirá a la norma vigente desde 2007, continuará su tramitación parlamentaria tras el debate de totalidad celebrado esta tarde, en el que ningún grupo ha solicitado la devolución del texto al gobierno.
No obstante, todos los grupos de la oposición han anunciado que presentarán enmiendas parciales, al considerar que la nueva ley es inconcreta, al tiempo que han criticado el retraso en la presentación del proyecto por parte del gobierno.
Durante la presentación, la consejera de Igualdad, María José Sánchez Rubio, ha destacado tres grandes «innovaciones»: la coeducación desde edades tempranas; un plan para luchar contra la brecha salarial y la potestad sancionadora ante la discriminación de género.
«Verá la luz una nueva ley que pretende aumentar las capacidades de los poderes públicos reforzando el papel de las entidades locales, otorgando potestades sancionadoras a la administración e impulsando aún más la coeducación», ha destacado Sánchez Rubio, que ha señalado que la Consejería de Igualdad asesorará a las distintas administraciones en la elaboración de los planes de igualdad.
Ha recordado que la ley contará con una dotación presupuestaria de casi 1.800 millones de euros hasta el año 2021.
Las infracciones recogidas en la nueva ley abarcan los ámbitos en los que la Junta de Andalucía tenga competencias y se tipifican como leves, graves y muy graves y, en este último caso, pueden acarrear multas de hasta 120.000 euros.
Estas sanciones incluyen el incumplimiento de la ley, la obstaculización de las inspecciones del Instituto Andaluz de la Mujer o la convocatoria de actos culturales, lúdicos, artísticos o deportivos que promuevan la discriminación a la mujer o inciten a la prostitución o a la violencia machista.
También se tipifican como infracciones graves las campañas publicitarias que utilicen el cuerpo femenino como reclamo o fomenten la violencia o la prostitución, así como la utilización en centros docentes públicos de material que presente a las personas como superiores o inferiores en función de su sexo, entre otras.
En el ámbito educativo se incorporarán obligatoriamente contenidos de coeducación en todas las etapas, y una comisión de expertos revisará los contenidos de los libros de texto y materiales curriculares, al tiempo que se implantarán planes de igualdad obligatorios en todos los centros docentes.
En sanidad, se protegerán los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con una carta de derechos en el embarazo, su interrupción voluntaria, el parto y el puerperio.
La reforma incluye novedades como la elaboración del Plan Especial contra la Desigualdad Salarial, de carácter autonómico, y que la Inspección de Trabajo asuma una programación anual contra la discriminación laboral y el acoso sexual.
Se creará un registro de Planes de Igualdad en las empresas y se reforzará la flexibilidad horaria en la Administración andaluza.
La portavoz del PP, Ana Vanessa García, se ha felicitado de que «por fin» haya llegado el proyecto a la Cámara, aunque ha asegurado que este texto es «un brindis al sol».
Aunque ha considerado necesario actualizar la ley, ha dicho que el problema es que la norma vigente no se ha cumplido y que tampoco se han invertido las dotaciones presupuestarias consignadas.
«Hagamos una buena ley entre todos, una ley útil, y no nos den lecciones», ha pedido.
La portavoz de Podemos, Esperanza Gómez, se ha quejado de que se haya «tardado tanto tiempo» en presentar este proyecto de ley, y ha criticado que no se haya incluido de forma expresa la correspondiente memoria económica, lo que ha achacado a que la norma tiene «muy pocos compromisos concretos».
«En un gobierno tan dado a hacer anuncios, todavía no sabemos si va a dar tiempo a tramitarse», ha señalado Gómez, que ha criticado que «esa manera de trabajar se lleve a las leyes».
Según Podemos, se trata de una norma «meramente programática, que sólo habla de grandes principios y no concede derechos concretos», con lo que se pone en cuestión el valor que tienen las leyes como «herramientas para cambiar la vida» de las personas.
La portavoz de Ciudadanos, Marta Bosquet, que ha dicho que la nueva norma «viene con retraso», ha considerado necesario fiscalizar a las empresas, pero también «incentivarlas» para garantizar el cumplimiento de los planes de igualdad.
La inspección en el ámbito educativo ha sido otra de las cuestiones defendidas por la formación naranja, así como garantizar una evaluación posterior de los principios de la ley, que es «donde siempre fallan ustedes», ha asegurado.
La portavoz de IU, Elena Cortés, además de criticar el retraso en la tramitación de esta ley, ha denunciado que durante los diez años de vigencia de la actual norma, su contenido no se ha puesto en marcha, y ha puesto como ejemplo el artículo 6, que obliga a las consejerías de la Junta a emitir informes de evaluación del impacto de género de todas las normas que aprueban.
«Tampoco se ha hecho absolutamente nada respecto a los contratos y las ayudas a empresas que hayan sido condenadas judicialmente», según Cortés, que ha puesto como ejemplo a Ayesa, cuyo plan de igualdad fue «tumbado» por el Tribunal Supremo, pese a lo cual la Junta «ha seguido celebrando contratos con ella».
La portavoz del PSOE, Soledad Pérez, ha subrayado que ninguna comunidad autónoma, salvo Andalucía, está planteando «un salto» en las políticas de igualdad, con un régimen sancionador «inédito», que entre otras cosas servirá para aumentar la dotación económica. EFE
