El defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha censurado que la recuperación económica que está experimentando España no es «neutral» y ha supuesto el pago de un «alto coste social con ganadores y perdedores», generando una desigualdad que «no se debe ignorar».
Fernández Marugán ha comparecido ante el pleno del Congreso para explicar su Informe Anual 2017, cuando la Institución tramitó 25.776 expedientes, de las que la inmensa mayoría eran quejas ciudadanas (24.976), investigaciones de oficio (760) y solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidad (40).
Fue el mal funcionamiento de los servicios públicos y los problemas derivados de la crisis económica los principales objetos de esas quejas, que han reflejado el malestar causado por la «falta de fondos para invertir en colegios, hospitales, viviendas y servicios sociales» en este periodo.
Un periodo que «se caracteriza por la poca preocupación por el reparto equitativo por parte de los poderes públicos de los costes generados por la recesión».
«La recuperación no ha sido neutral y nos ha hecho pagar un alto coste», traducido en la desaparición de «miles de puestos de trabajo, en el innumerable número de desahucios o la supresión de prestaciones sociales ganadas con el tesón de generaciones anteriores» mientras se asistía «al saneamiento y recapitalización del sector financiero», ha lamentado.
Superar una «larga, muy larga, crisis» ha conllevado «un esfuerzo considerable, con elevado coste social y, como siempre en la vida, con ganadores y perdedores», ha criticado para apostar una vez más por políticas «activas» de redistribución de la renta.
El defensor también ha llamado la atención sobre el hecho de que «en pleno siglo XXI» siga existiendo la brecha salarial y la discriminación laboral hacia las mujeres y sobre la «locura» de la violencia machista, que se ha llevado por delante la vida de más de mil mujeres desde 2003.
Desde el PP, José Antonio Bermúdez de Castro ha reconocido que el Defensor «no puede ser una institución cómoda y amable para el Gobierno y las instituciones públicas», pero tampoco debe acudir al Congreso a «presentar unos presupuestos alternativos» o a «corregir» las leyes aprobadas por las Cortes.
La socialista Dolores Galovart ha agradecido a Fernández Marugán que busque la «verdadera voz de los ciudadanos» y vaya «al fondo» de cuestiones como la situación de la dependencia o la desigualdad, esa «realidad oscura que el partido del Gobierno no quiere ver ni escuchar».
Ione Belarra, de Unidos Podemos, ha alabado que Fernández Marugán haya hecho «un mejor trabajo» que su antecesora, Soledad Becerril, si bien ha considerado que debe ser «más contundente» en cuestiones de igualdad o de menores extranjeros no acompañados.
Ciudadanos cree que el Defensor debe ser alguien «independiente, de valía y sin relación con los partidos», según Rodrigo Gómez, quien ha lamentado que esta legislatura no vaya a ser posible nombrar al sucesor de Fernández Marugán porque la ha finiquitado «la corrupción del PP».
Francesc Xavier Eritja, de ERC, ha centrado su discurso en la «vulneración de derechos» en Cataluña y ha reprochado a Fernández Marugán que la haya «omitido» en su informe. «Parece que en Cataluña no ha pasado nada (…) No intente blanquear estos meses de represión y vergüenza», ha zanjado.
Joseba Andoni Agirretxea, del PNV, ha coincidido en muchas de las críticas vertidas, pero le ha reprochado que hay evitado cuestiones como el acercamiento de los presos al País Vasco o la actuación «bochornosa» de las fuerzas de seguridad en Cataluña.
Por último, Feliu-Joan Guillaumes del PDeCAT, que también se ha referido a la «represión» en su comunidad, ha criticado la actuación de España en materia de acogida de refugiados, el voto desde el extranjero en las pasadas elecciones catalanas y la lentitud en la tramitación del DNI.
Defensor de Pueblo: «falta de fondos para invertir en colegios, hospitales, viviendas y servicios sociales» en este periodo
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