Francia: Tachan el proyecto de ley contra el acoso sexual de «poco ambicioso»

La Asamblea Nacional comenzó a debatir un proyecto de ley que pretende reforzar el arsenal legal contra el acoso sexual, tachado de «poco ambicioso» por asociaciones de víctimas y feministas, que consideran insuficiente la persecución de violaciones a menores.
El texto consta de 80 medidas  que pretende, entre otras medidas, castigar el ciberacoso y sancionar comportamientos inadecuados, como comentarios sobre el físico en la calle, con multas de 90 a 750 euros.
Sin embargo, las asociaciones lamentan que, pese a la demanda social y la promesa del presidente, Emmanuel Macron, de hacer de la igualdad entre mujeres y hombres la gran causa de su mandato tras el movimiento #MeToo y el escándalo del productor Harvey Weinstein, el proyecto de ley no cumple las expectativas iniciales.
La polémica se cierne en torno al artículo 2, que en un primer momento pretendía penar todas las relaciones entre adultos y menores de 15 años, sin necesidad de tener que demostrar el consentimiento.
Pero el Consejo de Estado alertó en marzo pasado de que esta propuesta podía ser inconstitucional al no respetar la presunción de inocencia del denunciado.
Ante la posibilidad de ver anulada por el Constitucional la que iba a ser la medida estrella del texto, la secretaria de Estado de Igualdad, Marlène Schiappa, optó por allanar el camino a las condenas en el caso de relaciones sexuales con menores.
En primer lugar, al introducir en la ley que el menor no dispone «del discernimiento necesario para consentir el acto», lo que facilita la catalogación del hecho como violación, castigado con hasta 20 años de prisión.
Pero, además, en caso de que no se pueda demostrar ese delito, introduce una nueva figura, el abuso sexual con penetración, penado con hasta diez años de cárcel.
Finalmente, la nueva ley endurece las penas por abuso sexual, que pasan de cinco a siete años de reclusión.
«Mejor tener una ley aplicable que una ley censurada», dijo Schiappa, quien argumentó que la ley ofrece herramientas alternativas a la Justicia para que el crimen no quede impune.
La justificación no convence a las asociaciones de víctimas y feministas, que denuncian el riesgo de una recalificación a la baja de las violaciones y argumentan que, para evitar que el caso se archive, los magistrados preferirán acudir a un tribunal correccional en lugar de a uno penal.
Además, el Gobierno ha incluido un aumento del plazo de prescripción de los crímenes sexuales contra menores, que pasarían de veinte a treinta años, aunque los colectivos luchaban por la imprescriptibilidad de estos delitos, dados los problemas de «amnesia traumática» de las víctimas.
El debate recupera un polémico caso que indignó a Francia en otoño pasado, tras la decisión de la Fiscalía de perseguir por abuso sexual en lugar de violación a un hombre de 28 años que había mantenido relaciones con una niña de 11 años.
Entonces, el propio Macron se mostró públicamente a favor de establecer en 15 años la edad mínima de consentimiento sexual, dentro de la cual la víctima no tendría que verse obligada a demostrar que la relación no fue consentida.