En España, cada año, se denuncian más de 150.000 casos de violencia de género. Si tenemos en cuenta que la última Macroencuesta sobre Violencia contra la Mujer efectuada por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género concluía que tan sólo se denuncia en torno a un 20% de toda la violencia contra las mujeres existente en nuestra sociedad, podríamos afirmar que estamos ante uno de los problemas sociales más graves e importantes de todos los habidos.
Desde que tenemos datos oficiales, en concreto, desde hace catorce años, 917 mujeres y 23 niñas/os han sido asesinadas por violencia de género.
En 2004, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero impulsó la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Sujetos a esta Ley quedaron una batería de derechos y recursos para el abordaje integral de esta violencia. La Ley española fue una de las primeras legislaciones en materia de violencia contra las mujeres, y ha sido fuente de inspiración para el resto de los países que legislaron, y siguen haciéndolo, contra este problema social. En 2014, la ONU premio esta Ley como la más avanzada en materia de violencia contra las mujeres de todo el mundo.
La primera iniciativa que se presentó para el impulso de un Pacto de Estado contra la Violencia Machista la presentó el PSOE en 2014. Ésta comprendía el fenómeno de la violencia de género como un problema estructural que requería del máximo compromiso institucional, político y social. Sin embargo, no fue hasta septiembre de 2017 que se aprobó dicho Pacto, tras meses de debate en el seno de la Subcomisión creada en el Congreso.
El Pacto de Estado contra la Violencia Machista se concibe como un instrumento complementario de nuestra actual legislación, que establece los marcos de coordinación institucional precisos para el desarrollo de las diferentes medidas acordadas. Este acuerdo contiene un total de 213 propuestas de actuación que abordan el problema de manera integral y que en su conjunto mejoran la situación de las mujeres víctimas de violencia de género y la de sus hijas e hijos.
Entre las medidas que contiene el Pacto, se incluye un compromiso presupuestario de 200M€ para su implementación durante 2018. La ministra Dolors Montserrat se comprometió a que estos fondos estarían transferidos a las Comunidades Autónomas en el primer trimestre de 2018 para que pudieran ejecutarse de manera adecuada, en tiempo y forma. Hasta la fecha no sólo no se ha transferido un sólo euro por parte del Estado a las Comunidades, sino que en los PGE acordados por PP, Ciudadanos y PNV no aparecen los 200M€ comprometidos. Tan sólo han presupuestado 80M€, recortando 120M€ de ese compromiso político, social e institucional al que se había llegado en el Pacto aprobado en septiembre de 2017 en el Congreso.
El Pacto de Estado contra la Violencia Machista se concibe como un instrumento complementario de nuestra actual legislación, que establece los marcos de coordinación institucional precisos para el desarrollo de las diferentes medidas acordadas.
A más a más, cabe señalar que en los ocho meses que el acuerdo lleva en vigor, el Gobierno de Rajoy no ha puesto en marcha una sola de las medidas acordadas en él. Sus incumplimientos son reiterados y en una materia tan sensible, como la erradicación de la violencia contra las mujeres, la indolencia no puede tener nunca cabida.
El 16 de mayo en todos los rincones de la geografía, el movimiento feminista, sorórico e imparable, volverá a salir a las calles exigiendo compromiso real al Gobierno de España para la implementación del Pacto. Volverá a salir para demostrar que las mujeres, que la sociedad, va varios pasos por delante de Rajoy y su Ejecutivo. Volveremos a salir para reivindicar que el tiempo de los lazos morados se terminó y que necesitamos compromisos reales para erradicar la violencia que pretende llevarse por delante a la mitad de la humanidad.
