El Supremo británico rechaza un recurso sobre el aborto en Irlanda del Norte

El Tribunal Supremo del Reino Unido rechazó ayer el recurso de la Comisión de Derechos Humanos de Irlanda del Norte (NIHRC), destinado a considerar si la ley del aborto en la provincia viola los derechos humanos de las mujeres.
Los siete magistrados del Supremo, máxima instancia judicial británica, evaluaron una apelación presentada por el citado organismo, que sostiene que la legislación vigente criminaliza a mujeres «extremadamente vulnerables» y las somete a un trato «humillante y degradante».
Sin embargo, los jueces consideraron que la NIHRC no posee el derecho legal para desafiar la ley sobre la interrupción voluntaria del embarazo en la provincia y que el Tribunal Supremo «no tiene jurisdicción» para hacer una declaración al respecto.
No obstante, los jueces reconocieron que la actual legislación en Irlanda del Norte es incompatible con el artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que establece el respeto a la vida privada y familiar, por lo que entienden que «necesita una reconsideración».
«Los responsables de asegurar la compatibilidad de la norma de Irlanda del Norte con los derechos de la Convención, sin duda reconocerán y tomarán en cuenta estas conclusiones» del Supremo, señaló el vicepresidente de este tribunal, Jonathan Mance, quien les urgió a estudiar «si hay que enmendar la ley» y «cómo» hacerlo.
El fallo coincidió con el aumento de la presión sobre la primera ministra, la conservadora Theresa May, para que intervenga desde Londres y liberalice la ley del aborto norirlandesa, ante la ausencia de un Gobierno autónomo en Belfast desde hace 18 meses.
En 2015, el Tribunal Superior de Belfast dio la razón a la NIHRC y consideró que la legislación de la región en este ámbito viola los contenidos de la Convención Europea de Derechos Humanos.
La Fiscalía y el Ministerio de Justicia norirlandeses recurrieron aquel histórico fallo y el Tribunal de Apelaciones de la provincia dictaminó el pasado junio que la reforma de la ley del aborto es responsabilidad del Ejecutivo autónomo, por tratarse de un asunto «complejo y moral» que compete al poder legislativo y no al judicial.
El Gobierno de May también ha indicado esta semana que es partidario de dejar en manos de las autoridades norirlandesas la reforma, a pesar de que miembros de su propio gabinete le instan a que tome cartas en el asunto.
La dirigente tory gobierna en minoría gracias a los diez diputados del ultraconservador Partido Democrático Unionista (DUP), el principal representante de la comunidad protestante norirlandesa, que se opone a cualquier cambio en la ley.
A diferencia del resto del Reino Unido, donde es legal, el aborto está regido en Irlanda del Norte por dos leyes -de 1861 y 1945-, que establecen que la terminación del embarazo es delito, excepto cuando corre peligro la vida de la madre o hay riesgo de que la mujer sufra problemas físicos o mentales si continúa con la gestación.
La líder del DUP, Arlene Foster, ha reiterado que el resultado del referéndum sobre el aborto celebrado en la vecina República de Irlanda no tendrá un impacto en la región y que esta cuestión es competencia de la Asamblea autónoma.
La amplia victoria del «sí» en el referéndum irlandés permitirá ahora al Gobierno de Dublín, dirigido por el democristiano Fine Gael, cambiar la ley y permitir el aborto en todas las circunstancias durante las primeras doce semanas de embarazo y, en casos excepcionales, hasta las veinticuatro.
Las restricciones en ambas jurisdicciones de la isla de Irlanda obligan a miles de mujeres a viajar cada año al extranjero para abortar o tomar píldoras compradas por internet, sin la asistencia de un médico por la amenaza de penas de cárcel de hasta 14 años en el sur y de cadena perpetua en el norte.