El presidente del TSJA, Lorenzo del Río, ha advertido hoy que hay «tener mucho cuidado» con que «el Estado de derecho se sustituya por el estado de opinión» y aunque ha abogado por reformar el Código Penal respecto a los delitos sexuales ha pedido que «no hagamos una justicia a golpe de manifestaciones».
En declaraciones a los periodistas en el Colegio de Abogados de Sevilla para asistir a unas jornadas sobre el Estatuto Jurídico de la Víctima de Delitos, ha eludido dar «una opinión particular» sobre la decisión judicial de revocar la prisión provisional incondicional a los miembros de «La Manada» -condenados a 9 años de cárcel por abusos sexuales a una joven en los Sanfermines de 2016-, que podrán salir de la cárcel pagando una fianza de 6.000 euros.
Ha defendido que se trata de una decisión sujeta a recurso en virtud de «unas reglas de juego donde hay un proceso en el que unos jueces intentan aplicar la ley en conciencia y pensando en la mejor interpretación y donde hay un sistema de recursos», por lo que ha insistido en que como presidente del Alto Tribunal andaluz no puede opinar si considera «correcto o no correcto una decisión sobre unas medidas cautelares».
Presidente del TSJA : «la ley debe reflejar el sentido popular pero conectado con los valores constitucionales» y esa es «una labor del legislador» en la que «los jueces estamos siempre en un segundo lugar» para interpretar la ley.
Preguntado sobre la necesidad de reformar el Código Penal ante la movilización social por la sentencia a los cinco acusados que no les condenó por agresión sexual sino por abusos, Del Río ha ha admitido que se necesita una reflexión porque «no está clara la diferencia entre agresión sexual y abuso sexual» y «hay algunos preceptos muy complicados de interpretación como es por ejemplo la misma intimidación o el prevalimiento».
Por ello, a su juicio «vale la pena, con sosiego y jurídicamente, revisar los delitos de agresión sexual» pero ha advertido de que «eso es una cosa y otra que el Estado de Derecho se sustituya por el estado de opinión, yo creo que en eso hay que tener mucho cuidado».
«La sociedad nos hemos dado unas reglas del juego donde son los jueces los que en aplicación de una ley que aprueba el Parlamento intentan interpretarla y donde hay unas personas que acusan y otras que defienden, es muy importante también no romper esa estructura democrática que tenemos. Opinemos constructivamente, yo respeto y acepto, pero no hagamos una justicia a golpe de lo que sean manifestaciones», ha advertido.
El presidente del TSJA ha defendido que «la ley debe reflejar el sentido popular pero conectado con los valores constitucionales» y esa es «una labor del legislador» en la que «los jueces estamos siempre en un segundo lugar» para interpretar la ley.
Ante las declaraciones de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, apuntando a la necesidad de un reforma mental y formación en los jueces en materia de violencia de género, ha defendido que el CGPJ lleva años haciendo una formación específica al respecto que es «pionera en Europa».
«Tampoco me parece correcto mandar un mensaje de que los jueces no entienden de cierta formación en violencia de género, creo que ese tampoco es el camino porque los jueces son muy sensibles», ha defendido.
Los jueces piden respeto ante el auto de La Manada y defienden su formación
Portavoces de asociaciones profesionales de jueces y el vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) José María Macías han pedido hoy respeto para los jueces que han decretado la libertad provisional para los integrantes de La Manada en un auto ajustado a la legalidad y «razonado» y han subrayado el nivel de formación de los jueces en perspectiva de género.
Sin entrar a valorar si la decisión adoptada es correcta o no, Macías, en declaraciones a EFE TV, ha destacado que es una resolución que se atiene a los parámetros de constitucionalidad, en la que se refleja que ha disminuido el riesgo de fuga y que se pueden adoptar medidas de protección a la víctima menos lesivas que la prisión.
El auto, ha recalcado el vocal del CGPJ, «no es insólito», ya que «la situación normal mientras no existe sentencia firme es la libertad», y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, de forma «muy, muy reiterada», ha puesto de manifiesto que la prisión provisional tiene que adecuarse a la evolución del caso.
Frente a las críticas y ante quienes subrayan la necesidad de más formación en asuntos de género para los jueces, Macías ha reconocido que «siempre, en todo, absolutamente en todo, se puede mejorar», pero ha subrayado que el CGPJ está «haciendo mucho»: en los últimos cinco años se han ofrecido más 4.000 plazas de formación en violencia de género, la comisión de igualdad evalúa todo el programa formativo y el 70 % de las actividades considera el impacto de género con carácter transversal.
Con él ha coincidido el portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, Raimundo Castro, quien ha rechazado que se pueda tildar de «machista» a la carrera judicial.
«No puede ser que cada vez que haya una decisión que no guste políticamente se diga que los jueces no están formados», ha subrayado Prado, convencido de que «hay cuestiones ante las que no es necesario una especial sensibilidad: cuando a alguien le roban, golpean o violan, cualquier ser humano entiende que es una canallada».
El portavoz ha pedido confianza en el sistema judicial y ha destacado que, en el caso de La Manada, se han impuesto medidas cautelares «importantes», aunque ha reconocido también que existía la opción de prorrogar la prisión provisional y que hay juristas que la defienden.
Para la presidenta del Foro Judicial Independiente, Concepción Rodríguez, las manifestaciones políticas sobre la resolución judicial son «absolutamente incorrectas» y, además, supone una «temeridad» pronunciarse sobre el auto sin tener en la mano toda la información de la que disponen los jueces.
«Están bien las críticas, pero no hasta el punto de decir que hay que cambiar la mentalidad; todo esto sobra en un ministro», ha señalado Rodríguez en referencia a las palabras de la titular de Justicia, Dolores Delgado, quien señaló ayer, tras conocer el auto, que se necesitan «reformas mentales».
Como en toda la sociedad, ha añadido, «bienvenida sea» más formación, pero en el ámbito penal hay conocimiento y sensibilidad hacia la perspectiva de género y «la grandeza de la justicia es abstraerse de las presiones que pueda haber y responder de acuerdo a derecho».
En un comunicado, el magistrado emérito del Tribunal Supremo y director del área penal de Life Abogados, José Antonio Martín Pallín, ha querido dejar claro que el auto que concede la libertad provisional «en nada afecta al fondo del asunto» ni va a influir en las decisiones de los tribunales que tienen que revisar el caso.
A su juicio, la decisión se ajusta a la legalidad y si ha provocado una oleada de protestas es por la «opinión infundada de que favorece una posible absolución».
Claro, defienden a su categoria! Para mi esto ha tenido mucho que ver con esta ultima sentencia. Frente a las movilizaciones masivas los jueces han querido enviar un mensaje bien claro: en los tribunales nosotros mandamos. Incluso me pregunto si las movilizaciones no han tenido el efecto contrario al esperado, aunque ciertamente habrán ayudado a la víctima.