El poder consideró la prostitución femenina durante el siglo XIX y parte del XX como un mal social, pero inevitable. El Estado liberal adoptó una postura de aceptación del fenómeno, desde una óptica pragmática, y procurando controlarlo dentro de unos límites. Sus preocupaciones iban encaminadas a enmarcar su ejercicio en un espacio determinado, aislado, evitando el peligro del supuesto escándalo, y para controlar los aspectos sanitarios del mismo, verdadera obsesión del siglo higienista. Para cumplir estos objetivos se legisló, pero en ningún caso interesaba la realidad social y personal de la prostituta, su explotación y condición de marginada, algo que terminaría por ser denunciado por el movimiento obrero, una cuestión que merece un estudio monográfico. Tampoco se planteaba tratar de abolir la prostitución, ya que se convirtió en una especie de válvula de escape para la supuesta incontenible sexualidad masculina con el fin de preservar el matrimonio, pilar del orden burgués. La prostitución ejercería, por lo tanto, una especie de labor social y, por otra parte, proporcionaba sustento a muchas mujeres. Utilitarismo, pragmatismo e insensibilidad son principios fundamentales sobre los que el liberalismo sustentó su teoría y práctica de la prostitución femenina.
El análisis de la legislación nos permite comprobar esta filosofía y preocupaciones del poder: acotación de espacios donde se podría ejercer, como barrios y casas, y control sanitario, obligando a tener cartillas y pasar revisiones médicas periódicas. Durante el siglo XIX estas disposiciones serían competencia municipal y/o provincial.
El Código Penal de 1848 no consideró la prostitución como un delito al formar parte del ámbito de la privacidad. Solamente se podrían emprender acciones legales contra las prostitutas, es decir, detenerlas y acusarlas de cometer un delito si infringían las órdenes y reglas sanitarias o por cometer escándalos, los dos peligros que el poder quería evitar a toda costa, como estamos apuntando. En Madrid, tanto en 1858 como 1865, se aprobaron sendos Reglamentos de obligado cumplimiento para las prostitutas: barrios de la capital donde se podía ejercer la prostitución, matrícula y cartilla sanitaria. Pero, además, las autoridades exigían que las prostitutas tenían que contribuir a los gastos de los servicios médicos y de vigilancia, ya que se consideraba que los costes generados no podrían revertir exclusivamente sobre el erario municipal.
El Gobierno civil de Madrid aprobó en 1877, en tiempos de la Restauración borbónica, un Reglamento sobre la inspección médica de las nodrizas y prostitutas. Suponía un paso más en el control de las autoridades, ya que introducía la inspección de los inmuebles donde se ejercía la prostitución, y se elaboraba una clasificación de estas casas de lenocinio. Por fin, se estipulaba una tabla de tarifas y cuotas en función de la categoría de las casas de citas.
Pero como había una evidente disparidad de criterios entre unas provincias o ciudades y otras, el Gobierno optó por unificar criterios, ya iniciado el siglo XX, en una aplicación centralista al fenómeno de la prostitución. Así pues, en 1908 se aprobó una Real Orden que regulaba la prostitución, de aplicación en todo el país, la primera vez en España y que tiene, por lo tanto, una importancia capital en esta materia. El Gobierno se sentía incapaz de desterrar la prostitución, considerada una verdadera plaga social, siendo un ejercicio inmoral y además con derivaciones sanitarias. La prostitución debía ser tolerada y tratada, como se habría hecho siempre en todos “los pueblos civilizados”, como una industria dañina, como se hacía con otras industrias insalubres en las legislaciones sanitarias, aunque respetando la figura de la prostituta, que era considerada una desgraciada mujer, en una situación de inferioridad legal, económica y social. Habría que evitar, pues, daños sanitarios y perjuicios a las costumbres públicas, en un verdadero ejercicio de hipocresía. Solamente importaban estas dos cuestiones sobre las que gravita este artículo, caracterizando a las prostitutas desde una óptica harto paternalista.
La defensa de las prostitutas, la lucha contra su explotación y situación comenzaron a cobrar cierta importancia en el nuevo siglo XX, destacando en esta denuncia tanto el socialismo como el anarquismo, pero habría que esperar a la Segunda República para ver cambios importantes.
