La patronal accede a formar con perspectiva de género a sus capataces, a contratar mediadores interculturales propuestos por las ONGs y a un protocolo específico de apoyo a la mujeres víctimas.
Algo se mueve en el mundo de la fresa onubense tras el escándalo desatado por los casos de abuso y acoso sufridos por temporeras marroquíes durante las campañas de recogida.
Tras un reunión mantenida este miércoles en Huelva entre la consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía y el sector fresero de la provincia, la consejera Rosa Aguilar ha anunciado la puesta en marcha, de cara a la próxima campaña, de un protocolo de actuación para evitar que se produzcan abusos a las mujeres temporeras.
Se trata de un importante punto de inflexión, ya que supone el reconocimiento de los empresarios de los frutos rojos de que resultaba necesario articular medidas que impidan situaciones como las que se han conocido recientemente.
Así, Aguilar, y el gerente de la Asociación Interprofesional de la Fresa Andaluza (Interfresa), Pedro Marín, ha acordado los pilares de un protocolo que pasa por la formación en género para todas aquellas personas que tengan responsabilidad sobre las trabajadoras como capataces, manijeros o encargados.
También se facilitará, partir de ahora, información pormenorizada en los respectivos idiomas para las mujeres temporeras que acuden a la campaña, al objeto que conozcan sus derechos y los servicios a los que pueden acudir.
Y, además, se elaborará un manual de buenas prácticas para que el trabajo se desarrolle sin incidencias; y se incorporarán mediadores, a propuesta de las entidades sociales que trabajan en el terreno con este colectivo, para que se haga un seguimiento “desde la proximidad” de la situación de las mujeres.
La consejera ha recordado que su departamento en cuanto tuvo información sensible sobre posibles abusos remitió la documentación a la Fiscalía, al tiempo que ha remarcado el clima de colaboración y disposición del sector para tomar medidas porque en “su inmensa mayoría” cumplen la normativa pertinente y tienen “tolerancia cero” ante cualquier acción delictiva, como también ha reiterado Pedro Marín.
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