La ministra española de Empleo, Magdalena Valerio, participó en su primer Consejo con sus homólogos de la Unión Europea (UE) en Luxemburgo, donde subrayó la intención de España de «influir en todos los ámbitos donde persiste la desigualdad» de género y, en concreto, sobre la conciliación.
En el Consejo, los ministros/as de Empleo de la UE acordaron su postura común para las negociaciones con la Eurocámara sobre la futura directiva de conciliación laboral y familiar, propuesta por la Comisión Europea (CE) en abril de 2017 para atajar la escasez de hombres que piden la baja por paternidad y fomentar la participación femenina en el mercado laboral.
«A la sociedad europea le queda todavía un buen trecho para alcanzar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. La brecha salarial o de empleo se mantiene todavía en niveles demasiado elevados y no muestra una tendencia a la baja suficientemente marcada. No podemos esperar eternamente», inició su intervención en el Consejo la ministra española.
Valerio, que ya había defendido ante la prensa en Luxemburgo que estas políticas serían una «seña de identidad» del nuevo Ejecutivo, llamó ante los ministros europeos a emprender «medidas transversales y de amplio alcance», un camino, que, aseguró, España emprendió «hace años».
En el Consejo celebrado hoy, los ministros de Empleo de la UE acordaron su postura común para las negociaciones con la Eurocámara sobre la futura directiva de conciliación laboral y familiar, propuesta por la Comisión Europea (CE) en abril de 2017 para atajar la escasez de hombres que piden la baja por paternidad y fomentar la participación femenina en el mercado laboral.
«Hay que actuar en los permisos que favorecen conciliar la vida personal con la laboral. Un factor crucial para la persistencia de la desigualdad de género en el mercado de trabajo es el desequilibrio del reparto de las cargas familiares y en el uso de los permisos», señaló.
En este sentido, la directiva que se comenzará a negociar con la Eurocámara incluirá nuevos estándares mínimos para la baja de paternidad a nivel europeo, con lo que el padre podrá coger una baja remunerada de diez días en torno al nacimiento de su hijo.
La ministra subrayó que en España hay «un sólido consenso social y político en favor de continuar con la extensión de permisos altamente retribuidos que favorezcan un uso equilibrado por hombres y mujeres».
Además, defendió que los permisos españoles de 18 semanas para las madres y cuatro para los padres (cinco cuando entren en vigor los Presupuestos Generales del Estado), ambos compensados con la totalidad del salario, «funcionan y dan lugar a un uso equilibrado».
La posición negociadora de los países incluye también la ampliación del derecho a solicitar condiciones flexibles de trabajo hasta que el hijo tenga ocho años, en forma de horarios flexibles o la posibilidad de trabajar de forma remota, frente a la propuesta de la Comisión que pedía que se extendiera hasta los doce años del niño.
El consenso entre los países actualiza también los estándares mínimos de la baja en cuanto a los derechos individuales, manteniendo el actual de cuatro meses pero introduciendo, frente a la propuesta inicial de que ninguno de ellos fuera transferible, dos no transferibles y al menos uno y medio de ellos remunerado.
España acepta estas cifras «en aras del consenso», según explicó la ministra, aunque señaló que otros «caminos» más ambiciosos hubieran sido «más satisfactorios» y se dijo «dispuesta a seguir trabajando en esta dirección».
Por otro lado, los titulares de Empleo de la UE fijaron su postura negociadora sobre condiciones laborales transparentes y predecibles, con un texto que incluye propuestas como limitar a seis meses la duración máxima de un periodo de prueba de un empleo o el derecho de un trabajador a saber «con una antelación razonable» cuáles son sus turnos de trabajo.
Los ministros adoptaron también las nuevas normas para los trabajadores desplazados, una legislación que busca evitar el llamado «dumping social» que se genera cuando los costes laborales de tener a un trabajador desplazado, es decir, en otro país de la Unión para prestar un servicio durante un tiempo determinado, son menores que los de los empleados locales.
También alcanzaron un consenso sobre su posición negociadora para modernizar la coordinación de sistemas de seguridad social, que buscan hacer más fácil que los europeos vivan y trabajen en un Estado miembro distinto al suyo de origen a través de reformas en, entre otros aspectos, las compensaciones por desempleo.
Por ejemplo, los Estados miembros podrán ampliar el plazo en el que una persona que busca trabajo puede exportar su prestación de paro, que podrá ser hasta el final del periodo en el que esa persona tiene derecho a la compensación frente a los seis meses actuales.
