Ángela González: «A mi hija la asesinaron porque no se la protegió»

 

Ángela González ha comparecido en una rueda de prensa junto a su abogada Gema Fernández, en el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), a raíz de la primera resolución judicial del Tribunal Supremo en la que se reconoce la responsabilidad del Estado español en el asesinato de su hija por parte de su padre maltratador en el año 2003. Dicha resolución condena a España a pagar una indemnización a González de 600.000 €.
Tras 15 años de lucha en los que se encontró con la negativa de la justicia, Fernández, que ha llevado el caso de Ángela González durante los últimos 6 años, asegura que esta sentencia lanza un mensaje de esperanza a las mujeres, ya que la decisión “refuerza la garantía de derechos”.
Además, la abogada de Women´s Link Worldwide (WLW) que llevó el caso en 2012 ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la ONU, y cuyo dictado en 2014 condenaba a España por no haber protegido a Ángela y a su hija, asegura que esta sentencia del alto tribunal “sienta un precedente importantísimo al poder imputarse la violencia de género al Estado cuando éste tiene conocimiento de tales hechos”.
Ángela González ha destacado no sólo la discriminación y desprotección que ha sufrido por parte de la justicia, sino la negativa de España durante estos últimos 4 años a aplicar el dictamen de la CEDAW alegando que los dictámenes de la ONU no son de obligado cumplimiento. Y aunque afirma sentirse aliviada con esta decisión ya que “esta sentencia es un paso gigantesco para las mujeres y los niños”, asegura que hubo responsabilidad del Estado en el asesinato de su hija, y que hubo negligencias. “Han sido años de tristeza porque el Estado español no me haya escuchado. Para la justicia fue más importante proteger a un padre maltratador. A mi hija la asesinaron porque no se la protegió”.
González ha resaltado que dicho dictamen de 2014 le dio esperanza “en un momento en que España no avanzaba nada” y que ello no habría sido posible sin el trabajo de las abogadas de WLW, quienes aseguran seguir trabajando por el respeto de los derechos humanos ya que, en palabras de Gema Fernández: “los derechos de las mujeres son derechos humanos”.
Además, Ángela González ha remarcado la importancia de incorporar la perspectiva de género en la educación y en la formación de profesionales, especialmente en el poder judicial, al que pide que “escuche a los menores, que saben lo que pasa aunque sean pequeños”.
En cuanto a la posible comunicación por parte del gobierno, señala no haber recibido ninguna llamada ni disculpas de ningún miembro del ejecutivo.
González huyó de la casa familiar en 1999 con su hija Andrea, que por aquel entonces tenía 3 años, por malos tratos. Tras denunciar el maltrato que sufrían y solicitar la separación del agresor, el maltrato continuó después del divorcio a través de su hija. A pesar de las denuncias interpuestas por Ángela, la justicia impidió que se protegiera de manera adecuada tanto a ella como a su hija, que fue asesinada por el padre durante un régimen de visitas sin supervisión en 2003. Desde entonces, Ángela se vió inmersa en toda un periplo judicial que desestimaba el caso, hasta que en 2014 la CEDAW dictó una serie de medidas que el Estado español debía implementar para proteger a las mujeres y a sus hijos e hijas de la violencia de género.