La nulidad de los contratos para el alquiler de vientres convive con la proliferación de agencias

“Los vientres de alquiler convierten a las gestantes en meras vasijas para la procreación, lo que inevitablemente remite a una concepción precontractual y patriarcalista de la autoridad paterna, según la cual, las mujeres son seres destinados a custodiar y parir lo que otros crean y desean”, explica Laura Nuño en su artículo “Una nueva cláusula del contrato sexual: vientres de alquiler”.
Y es que el alquiler de mujeres es una realidad innegable en el mundo e incluso  en nuestro país, pese a que aquí esos contratos son nulos de pleno derecho.
Al año nacen en el mundo 20.000 niños y niñas en estas circunstancias, según la ONG International Social Security. Se trata de un negocio muy lucrativo para algunos, ya que los intermediarios que se dedican a la tramitación de estos contratos obtienen una gran rentabilidad. Los precios van desde 50.000 a 200.000 euros, pero las mujeres embarazadas que son utilizadas para esta práctica apenas perciben en torno al 15% del coste total de la operación.
Esto ocurre al mismo tiempo que  las adopciones internacionales han descendido en nuestro país en un 85% en los últimos 10 años, según datos de Statista.
El contexto en España es que la nulidad de los contratos de alquiler de vientres convive con la proliferación de agencias que ofrecen este servicio. El último caso, denunciado por la Red Estatal Contra el Alquiler de Vientres (RECAV), pone en tela de juicio las prácticas de estas agencias que publicitan ofertas laborales enfocadas a buscar profesionales para la gestión de esta actividad.
En declaraciones  a  Tribuna Feminista,  la jurista Elena Rábade ha manifestado que ofertar ese tipo de empleos  “fomentaría que una mujer entregue por un precio a un bebé”. Rábade ha reclamado actúe  «la inspección de trabajo y  los tribunales.»
Pese a la prohibición de los vientres de alquiler en nuestro país, existe un gran número de agencias que tramitan estos alquileres. El gobierno cifró en 979 el número de bebés inscritos por “gestación subrogada” entre 2010 y 2016.
Los escasos datos estatales que se conocen sobre esta práctica del alquiler de vientres provienen de las respuestas a preguntas parlamentarias de la diputada socialista, Ángeles Álvarez, quien se ha encontrado con gran resistencia del Registro y el Notariado a proporcionar estos datos.
En el campo político, la formación Ciudadanos ya ha registrado una Proposición de Ley que busca legalizar el alquiler de vientres mientras que PSOE y Podemos lo consideran una comercialización del cuerpo de las mujeres. El Partido Polular no se ha pronunciado formalmente y ha eludido permanentemente pronunciarse en ningún sentido aunque algunos diputados como Javier Maroto se han posicionado en el mismo sentido que la formación naranja. En el reciente Congreso de esta formación ningún candidato habló sobre esta cuestión.
El gobierno de Pedro Sánchez se ha pronunciado respecto a este tema. La vicepresidenta y ministra de igualdad Carmen Calvo, ha indicado que  “la maternidad y paternidad es un deseo pero no un derecho”.
El mito de la libre elección
Quienes defienden la llamada maternidad subrogada apelan a un supuesto derecho y se escudan en «la libre elección» de quienes quieran ofrecerse para esta práctica. Sin embargo, la maternidad/paternidad no está reconocida como un derecho en ningún texto legal. Ni tan siquiera El Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, que definió los derechos reproductivos lo incluyó como derecho.
Ana Valero, Profesora de Derecho Constitucional del Departamento de Ciencia Jurídica y Derecho Público de la Universidad de Castilla-La Mancha, en su artículo “La maternidad subrogada en España: un auténtico fraude de ley” pone en evidencia  como esta práctica se sirve de la necesidad económica de las mujeres, y muestra las diferencias económicas entre quienes contratan el servicio y las mujeres que ofrecen su capacidad reproductiva.
La profesora Laura Nuño explica que “sólo en la India, la industria gestacional genera una plusvalía anual cercana a los 140 millones de dólares, con un crecimiento interanual del 20%. Los beneficios se distribuyen entre comercializadoras, servicios jurídicos y sanitarios, empresas satélites que rodean el negocio, Estados y gestantes. Conviene advertir que, éstas últimas, sólo perciben el 0,9% de los ingresos generados por el negocio de los vientres de alquiler, por lo que cabría calificarse de proxenetismo reproductivo”.
Vacío legal, desamparo del menor y bebés a la carta
Cuando una pareja española alquila el vientre de una mujer, por ejemplo en Ucrania, el hombre se registra en ese país como padre de el bebé y la mujer ucraniana como madre que renuncia a su recién nacido. Una vez en España, el padre está registrado como único progenitor y su pareja podrá registrarse como madre pasadas seis semanas. Este trámite que explica en su web Surrofair, una agencia española que tramita los alquileres de vientres, es contrario a la Ley 14/2006 sobre técnicas de reproducción humana asistida.
En su artículo 10, esta ley, especifica que “será nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor del contratante o de un tercero”, es decir, que el contrato que ha firmado esta pareja con la mujer ucraniana carece de validez. “La filiación de los hijos nacidos por gestación de sustitución será determinada por el parto”, esto significa que la mujer que pare al menor es la madre del mismo. “Queda a salvo la posible acción de reclamación de la paternidad respecto del padre biológico, conforme a las reglas generales”.
Ana Valero explica, en el blog Alrevés y al derecho de Infolibre, cómo las agencias intermediarias españolas buscan los recovecos legales para facilitar el alquiler de vientres en el extranjero: “Cuando vuelven a España con el niño fuerzan, con la connivencia de las autoridades administrativas españolas, el reconocimiento de esa filiación en España apelando al interés superior del menor”.
Respecto al vacío legal que permite que se registre al bebé pese a estar prohibido , Rábade señala que la jurisprudencia los registra “por no dejarlos en tierra de nadie” y afirma que lo conveniente sería “meterlos en la red de adopción donde por lo menos controlan a los adoptantes».
La jurista ha indicado que los sistemas públicos de adopción mantienen controles muy estrictos, «pero en los casos de  alquiler de vientres no hay control.» Para Rábade la falta de control hace que estos bebes puedan «caer en manos de pederastas, en compraventa de órganos, o en redes de prostitución”. Además, añade que esta práctica va contra la Ley del Menor, ya que “los menores adoptados por legislación tienen derecho a conocer quienes han sido sus progenitores» mientras que no exite apunte registral para estas situaciones.
También apunta como problema los comportamientos eugenésicos que están tras esta practica con selección de  los rasgos fenotípicos , la elección de raza o sexo del bebé, y que está establecida como infracción grave en el artículo 26 de la Ley de Técnicas de Reproducción Humana Asistida, siempre que no tenga fines terapéuticos.