En concreto, el Ejecutivo quiere aprobar este viernes en el Consejo de Ministros y Ministras un real decreto para reformar la ley de bases de régimen local y devolver las competencias a los consistorios en materia de política social, según ha explicado la vicepresidenta y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, tras presidir su primera conferencia sectorial de Igualdad.
La vicepresidenta ha destacado el acuerdo unánime con las comunidades autónomas y las entidades locales contra esta «terrible» realidad, que se ha llevado la vida de 947 mujeres que han dejado huérfanos a 202 menores desde 2003.
Los datos oficiales indican que en 2018 han sido asesinadas 23 mujeres según la última actualización del gobierno que se corresponde con la víctima de Astorga (León) de fecha 24 de julio. De ellas el 78% no había interpuesto denuncia previa
Los datos oficiales indican que en 2018 han sido asesinadas 23 mujeres según la última actualización del gobierno, nueve menos que en el mismo periodo de 2017
Las entidades locales recuperarán las competencias que «se les arrebataron» durante el anterior Ejecutivo del PP para que las mujeres de cualquier rincón del país puedan pedir «auxilio» en sus ayuntamientos, y de ahí que se lleve a cabo por la «vía de urgencia» que supone el real decreto.
Con esta norma, las entidades locales volverán a ser competentes en materia de servicios sociales, promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, prevención de la violencia de género y atención inmediata a las víctimas.
El real decreto incluirá la dotación de 20 millones previstos en los Presupuestos Generales del Estado para los ayuntamientos este año, una cantidad que se doblará el año que viene y sobre la que mañana debatirán la vicepresidenta y el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero.
Durante la reunión, Calvo ha comunicado a las autonomías la puesta en marcha inmediata del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, para lo que se han facilitado ya los 100 millones que contempla para las comunidades, que se distribuirán de acuerdo con criterios territoriales y poblacionales y de igualdad de trato, una fórmula que, ha dicho, se basa en las estadísticas oficiales.
De esta forma, en la distribución del dinero se ha atendido a criterios territoriales (insularidad y ciudad fronteriza) y poblacionales (porcentaje de mujeres), con especial atención a las mayores de 65 años, las que tienen discapacidad, trabajo temporal o están en situación de desempleo.
Además, el reparto ha tenido en cuenta a la población rural y la densidad de población.
En el encuentro, la ministra también ha avanzado la distribución de 9,5 millones de euros que faltaban por ejecutar del presupuesto de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.
De ellos, 6,5 millones serán para los mismos programas que hasta ahora venían desarrollandose: programas de asistencia social integral; 1 millón para planes personalizados de atención a víctimas de violencia y los dos millones restantes a programas de apoyo a víctimas de agresiones o abusos sexuales.
la intención del Gobierno es de que todas las modificaciones legales que implica el Pacto estén culminadas antes de que finalice el año
Una de ellas es la del Código Civil para que no sea necesario que un padre maltratador otorgue su consentimiento para que sus hijos reciban asistencia psicológica y baste con el de la madre, que será una realidad también este viernes.
Preguntada por el caso de la sentencia que ha condenado a Juana Rivas a cinco años de cárcel y seis de inhabilitación para la patria potestad, Calvo ha expresado su deseo de que no entre en prisión mientras se resuelve el recurso contra el fallo y que se proteja «por encima de todo» a los menores.
«Estamos vigilantes a que se produzca la respuesta al recurso», ha enfatizado la vicepresidenta, quien ha concluido mostrando su «escrupuloso respeto» a la Justicia.
