Piden al Gobierno que prohíba el fomento del alquiler de vientres

La Red Estatal Contra los Vientres de Alquiler (RECAV) ha denunciado ante la Inspección Provincial de Trabajo,  el Instituto de la Mujer y otros organismos a los portales de ofertas laborales INDEED, JOBATUS, SIMPLYHIRED y LIVECAREER por violar la Ley de Trabajo al anunciar una oferta que conllevaría la realización de una actividad ilegal, puesto que en España la llamada reproducción subrogada está prohibida.
La intención de la RECAV es que el Gobierno de Pedro Sánchez legisle para prohibir la publicación de anuncios sobre alquiler de vientres  y esperan que de instrucciones para que la Inspección comunique a las agencias de empleo que la publicación de anuncios para alquilar mujeres vulneran la ley española.
En esta ocasión la denuncia se refiere  a una oferta de trabajo en la que se solicita un “director de proyecto para apertura e implantación de un servicio de maternidad subrogada”.
En la oferta de trabajo denunciada queda claro que no se trata exactamente de un puesto vinculado a una clínica que lleve adelante el proceso que conlleva el alquiler de una mujer para gestar hijos para un tercero , sino de un puesto vinculado a un bufete de abogados del que se desconoce el nombre, y que se dedicaría a la intermediación tal y como  anuncian los citados portales de empleo.
Según se explicita en el anuncio, en el puesto ofertado la persona contratada debería realizar las siguientes tareas:
“implementación de colaboraciones con los distintos actores involucrados (clínicas médicas, coordinadores locales, servicios de alojamiento y transporte, etc.); establecimiento de protocolos de actuación, desde la fase inicial hasta la legalización en España de la paternidad; organización y dirección del personal; fijación de objetivos; seguimiento y control de la página web en construcción y establecimiento de una campaña publicitaria.”
El anuncio va dirigido a personas con estudios universitarios “preferiblemente en el ámbito legal o dirección y organización de empresas, con experiencia de al menos 2 años en desarrollo de proyectos, preferiblemente relacionados con la temática de la maternidad subrogada y con don de gentes, buena presencia y afán de superación”.
 
 

 

 

 
 
Para la RECAV, “el desempeño de este trabajo supondría la perpetración de un delito que estaría penado por el Código Penal, en su artículo 220. 1, 2 y 3”.  Estos artículos  tipifican como delito la entrega, intermediación y recepción de un hijo por un precio determinado.
La RECAV recuerda que la pena es de hasta 5 años de cárcel, aunque la “transacción” se realice en territorio extranjero.
Quien ejerciera este puesto también vulneraría el artículo 8 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos, que afirma que se violan los derechos de los y las menores cuando se considera que tienen una relación filial con los progenitores que acuden a los vientres de alquiler.
Según el texto presentado por la RECAV, además estaría atentando contra la igualdad entre mujeres y hombres recogida en la Ley Orgánica 3/2007, que establece que el alquiler de vientres supone la compraventa de seres humanos y la objetivación de los cuerpos de las mujeres. “Los contratos de subrogación del útero son, indiscutiblemente, una manera de explotación de la mujer que vende o alquila su cuerpo por dinero, o por algún otro tipo de compensación” señalan desde la RECAV en la denuncia.
Para esta plataforma la oferta de trabajo denunciada conlleva “un contrato ilícito, por lo que es nula de pleno derecho”.
Por estas razones, la Red de Asociaciones pide al Gobierno de Pedro Sánchez que aplique la ley y actúe para eliminar el citado anuncio, y que de manera general se legisle para prohibir la publicación de anuncios similares y se emitan instrucciones a inspección de trabajo para que comunique a las agencias de empleo que las publicaciones de dichos anuncios vulneran la ley española.
Las organizaciones de mujeres también exigen que se identifique el despacho de abogados para que se interpongan las sanciones que correspondan tanto al portal de empleo INDEED como al bufete.
No es esta la primera vez que la RECAV actúa contra el negocio del alquiler de vientres. En mayo de 2017 presentó un escrito ante la Fiscalía General del Estado para reclamar que se suspendiera una feria promovida por Surrofair, una agencia de intermediación y fomento de la gestación subrogada donde 24 empresas ofrecían servicios de intermediación para acceder al alquiler de mujeres con capacidad reproductiva.
Los organizadores de la feria denunciaron a su vez a la Red Española de Asociaciones Contra los Vientres de Alquiler y la Fiscalía rechazó suspender la feria, aunque no han vuelto a convocar el evento en años posteriores y ahora recurren a encuentros privados  para la promoción de esta práctica ilegal en España.
El anterior gobierno presidido por Mariano Rajoy se pronunció respecto de las empresas de intermediación en España a través de una respuesta escrita a la diputada, Ángeles Álvarez, que preguntó al gobierno si conocía cuántas empresas se dedican en España al negocio de la maternidad subrogada. La contestación del ejecutivo de Marino Rajoy fue nítida. Tras recordar la legislación en esta materia el ejecutivo de Rajoy contesto a la diputada socialista que “No cabe en España, la actividad a la que se refiere Su señoría”.
Pero esto no es exactamente cierto ya que las agencias de intermediación proliferan en España sin que el legislativo actúe contra ellas a pesar de que la  Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida, en su artículo 10 establece que “será nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor del contratante o de un tercero.”
La RECAV, que registrará esta denuncia en la inspección de trabajo y el Instituto de la Mujer, nació como una plataforma para luchar contra la explotación reproductiva del cuerpo de las mujeres. Está compuesta por personas físicas, asociaciones y plataformas feministas, asociaciones de mujeres, organizaciones mixtas y colectivos LGTBI.