La Ley de Presupuestos Generales del Estado publicada ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y que entrará en vigor hoy mismo, incluye la Disposición final quinta que modifica la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual.
Esta medida reclamada en el Pacto contra la Violencia tiene su origen en una proposición presentada en la X legislatura por el Grupo Parlamentario Socialista que demandaba mejorar la información a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual para acceder a las ayudas, ampliar el plazo de solicitud y aumentar las cuantías en los casos de violencia de genero. Pero en la X legislatura fue rechazada como consecuencia del voto «en contra» por parte del PP que ostentaba entonces una mayoría parlamentaria absoluta.
Los socialistas llevamos la iniciativa al Pacto donde finalmente se aprobó y la propuesta quedó recogida en la medida 126 que literalmente dice:
Modificar la normativa para mejorar el acceso a la información y a la protección que otorga,y ampliar el plazo previsto para solicitar las ayudas a víctlmas de delitos violentos y contra la libertad sexual, en ei marco de la ley 35^1995 de 11 de diciembre, asegurando la efectividad de las previsiones de información sobre estas ayudas, así como el procedimiento para su solicitud. Promover además, la modificación de los correspondientes protocolos de atención para que las víctimas reciban el apoyo técnico necesario para la presentación de las citadas solicitudes en los juzgados y puntos de atención.
Hoy esa reclamación socialista se substancia a través de la Disposición final cuarta de los PGE, que modifica la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual y que tendrá efectos desde la entrada en vigor de esta Ley de Prepuestos y con vigencia indefinida.
Los socialistas llevamos la iniciativa al Pacto donde finalmente se aprobó y la propuesta quedó recogida en la medida 126
A partir de ahora por tanto, podrán acceder a las ayudas las mujeres nacionales o de cualquier otro Estado que se hallen en España, cualquiera que sea su situación administrativa, cuando la afectada sea víctima de violencia de género en los términos previstos en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la Violencia de Género, siempre que se trate de delitos a consecuencia de un acto de violencia sobre la mujer.
También se prevé que en el marco de las indemnizaciones se incrementen en un veinticinco por ciento en el supuesto de que la afectada sea víctima de violencia de género en los términos previstos en el artículo 2.1 de la citada Ley
Respecto de la prescripción de la acción la modificación implica una ampliación del plazo para solicitar las ayudas hasta de tres años, en el caso de que la afectada sea víctima de violencia de género.
También, cuando la afectada sea víctima de violencia de género, el plazo para solicitar las ayudas se ampliará de uno a tres años.
A vueltas con la acreditación de víctima
Para que todo esto se haga efectivo, la disposición indica que la condición de víctima de violencia de género deberá acreditarse a través de la sentencia condenatoria, de la resolución judicial que hubiere acordado como medida cautelar de protección de la víctima la prohibición de aproximación o la prisión provisional del inculpado o «de la forma establecida en el artículo 23 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre».
El Pacto demanda precisamente modificar este artículo 23 de la Ley Orgánica 1/2004 para que el titulo habilitante de la condición de víctima no dependa de una Orden de Protección.
Por tanto, hasta que se produzca la reforma del articulo 23, esta reforma, no será de aplicación para víctimas sin OP . Será preciso definir sí el futuro título habilitante lo será a todos los efectos, incluida la aplicación de estas mejoras.
La semana pasada, el PP presentaba, en un ataque repentino de diligencia, una Proposición de Ley con alguna de las propuestas del Pacto contra la violencia. Una proposición deshilvanada, deficiente y que ha desvelado lo que ya sospechábamos respecto del alcance que según el PP debe tener el nuevo titulo habilitante.
Ya advertimos que el Partido Popular trataría de descafeinar las medidas que van de la 62 a la 67. La puesta en marcha de las mismas, es compleja y ambiciosa y deben ser diseñadas en el marco de la Conferencia Sectorial de Igualdad. Es allí , y no en una PL a la baja , donde deben acordarse los procedimientos básicos que permitan poner en marcha un nuevo sistema de acreditación para poder acceder al estatuto integral de protección que la LO 1/2004 establece, así como las nuevas entidades capacitadas para emitir los títulos de acreditación.
Los acuerdos son precisos en este punto. Lamentablemente la Proposición del PP ha puesto en evidencia que no han entendido nada, o que se resisten a dejar su visión meramente paliativa del problema.
Por ignorancia o falta de compromiso, no lo pondrán fácil, pero nosotras… seguiremos!
