Trabajadoras del hogar y de cuidados se reúnen con responsables de Seguridad Social

 por Andrea Abreu López
La lucha de las empleadas del hogar y de cuidados por el reconocimiento de sus plenos derechos como trabajadoras continúa. Después de meses de acciones —escobilla en mano y delantal puesto— contra la Enmienda 6777, el pasado viernes, 20 de julio, algunas representantes de colectivos y asociaciones de trabajadoras de toda España se reunieron con el nuevo secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, la secretaria de Empleo, Yolanda Valdeoliva y, más tarde, con la directora del Instituto de la Mujer, Silvia Baubent.
Según un comunicado emitido por las organizaciones, las representantes trasladaron más de 75 propuestas y acciones concretas que han elaborado conjuntamente e incorporado a un documento, que previamente mostraron a la Administración para su estudio.
Cada una de esas propuestas indica un derecho no reconocido o un trato injusto que, según ellas, hace evidente el incumplimiento de las normas fundamentales del ordenamiento jurídico y de las normativas europeas e internacionales de igualdad y no discriminación.
Esta reunión tiene lugar dos meses después de que se aprobase la Enmienda 6777, una iniciativa del Partido Popular que retrasa la equiparación del sistema de cotización de estas trabajadoras al Régimen General de la Seguridad Social (SS) hasta 2024, cuando, inicialmente, estaba prevista para el 2019.
«Desde mayo venimos trabajando duramente en las asociaciones de las trabajadoras del hogar y de cuidados no solamente en Madrid sino a nivel estatal […]. Un movimiento que se da a raíz de que el PP presentara en el Congreso la Enmienda 6777, que retrasa cinco años más la equiparación de los derechos laborales del sector doméstico», cuenta Graciela Gallego, empleada del hogar e integrante de Grupo Turín —organización de trabajadoras domésticas—.
Gallego explica que el pasado 27 de junio, el día en el que hicieron una concentración frente al Congreso contra la Enmienda, recibieron respuesta inmediata del secretario de la Seguridad Social. «Para nosotras fue una respuesta positiva y se concretó la reunión inmediatamente».
«Antes de presentarnos a esta reunión, trabajamos colectivamente un documento donde recogemos parte de nuestras reivindicaciones. Es la recopilación de todo el trabajo que se ha hecho no solamente en Madrid, sino en Bilbao, Valencia, Murcia, Castellón, Málaga…», dice Gallego.
A pesar de que son conscientes de que no solo el ámbito laboral es importante, su principal reivindicación en este encuentro fue la integración plena al Régimen General de la SS y el amparo por el Estatuto de los Trabajadores en cada una de sus vertientes de las empleadas domésticas.
Y no es suficiente porque piensan que sin una reflexión global sobre el trabajo del hogar y de cuidados es muy complicado que su situación cambie. «Es imprescindible colocar en el centro del debate la reorganización social, política y económica de los cuidados y la responsabilidad del Estado en procurar la protección de los derechos sociales y laborales de todas y todos, cuidando a quienes cuidan y garantizando también el cuidado como derecho y no como privilegio accesible únicamente para aquellos que puedan pagarlo», explican en el comunicado.
Por su parte, Belén Navarro, también integrante de Grupo Turín, secretaria de Igualdad de Unión Sindical Obrera (USO) de Madrid y responsable del sector de hogar dentro de USO estatal, piensa que esta reunión es importante porque, a su juicio, les da la oportunidad de formar parte de grupos de personas expertas. «Es importante que nos vean como interlocutoras en esa negociación».
Tres cuestiones fundamentales
Hay tres áreas fundamentales de reivindicación que las trabajadoras del hogar y de cuidados recogieron en el documento que entregaron el pasado viernes en la reunión. La primera es la equiparación de derechos laborales y la protección social de las trabajadoras del hogar y de cuidados. La segunda es la creación de políticas de cuidados serias y eficientes por parte del Estado.
Políticas y acciones que combinen un sistema de atención a las personas en situación de dependencia mediante políticas de equidad y redistribución de los tiempos de vida laboral, personal y familiar. La tercera, por su parte, son los derechos de las personas migrantes.
Esta última es relevante porque, según las organizaciones, más de 200.000 personas están trabajando sin contrato en el sector del trabajo doméstico y buena parte de ellas son inmigrantes. «Es urgente que […] se emprendan cambios legislativos en materia de inmigración para que se proteja la vida de las personas, se garanticen los derechos humanos y se facilite la inclusión social y laboral de quienes viven en nuestro territorio, con igualdad de derechos», dicen en el comunicado.