AGAMME y Fight 4 Child solicitan a la Ministra Carcedo mejoras en la atención a los niños y niñas víctimas

A raíz del anuncio hecho público recientemente sobre la próxima redacción de una Ley de Protección Integral ante la Violencia contra la Infancia, AGAMME y Fight 4 Child  han hecho llegar este miércoles un escrito dirigido a la Ministra de Sanidad, Consumo y Servicios Sociales para que incluya algunos cambios que ambas asociaciones consideran necesarios para que las víctimas menores de edad reciban una atención adecuada y respetuosa con sus derechos.
Las asociaciones piden mayor concreción en varios aspectos de la Ley del Estatuto de la Víctima del Delito y la Ley de Protección a la  Infancia y a la Adolescencia aprobadas en 2015, tales como el concepto de interés superior del niño que continúa siendo excesivamente difuso, el nivel de formación que debe exigirse a los equipos profesionales que entran en contacto con  niños, niñas y adolescentes víctimas, las características materiales y humanas que deben cumplirse en toda entrevista o acto en el que participe un niño o niña víctima o testigo, las medidas que deberá tomar necesariamente el juez para proteger a la víctima durante la instrucción, en particular las que tienen que ver con el contacto con la persona encausada, etc. Todo ello enmarcado en el contexto de la normativa europea que establece la necesidad de una justicia adaptada a la infancia. Para este fin proponen que se cree una unidad de control de calidad de la justicia adaptada a la infancia.
Otro aspecto que consideran necesario modificar es el articulado de la Ley de Protección a la Infancia y a la Adolescencia en el cual se eliminan garantías a los niños y niñas en acogida, promoviendo una mayor agilidad y permitiendo con ello que los servicios de menores tomen decisiones sin la participación del juez o jueza.
AGAMME y Fight 4 Child, en la misma línea de lo anunciado por Vicepresidencia respecto a que ningún hijo o hija de mujer víctima de violencia de Género deberá solicitar al progenitor permiso para recibir atención psicológica, indican la necesidad de asegurar el derecho de las víctimas a la recuperación, por lo que solicitan que las medida se haga extensible a cualquier víctima menor de edad.
En el texto las entidades piden la erradicación de ideas preconcebidas que ponen en duda por sistema la credibilidad de los niños y niñas víctimas, por ejemplo a través del supuesto síndrome de alienación parental (sSAP), que sigue presente en numerosas sentencias e informes públicos, a pesar de haber sido reiteradamente refutado por la comunidad científica y sobre cuya utilización alerta el Consejo General del Poder Judicial.
Solicitan también la creación de instrumentos de registro de datos sobre maltrato infantil periódicos y fiables, así como mejorar la coordinación con las universidades y fomentar la investigación en este campo.
Otro de los puntos fuertes del texto se refiere a la petición de que se modifique el Código Penal en lo relativo a los delitos contra la indemnidad sexual, para lo cual proponen la imprescriptibilidad de este tipo de delitos; contemplar como delito diferenciado el abuso sexual incestuoso; y revisar los tipos penales de tal forma que se unifiquen abuso sexual y agresión sexual en un único tipo, con lo cual las asociaciones pretenden impedir que se juzgue la actitud de las víctimas menores de edad como elemento de análisis para determinar el delito, pues consideran que la asimetría evidente de poder entre niño-a y adulto-a es de por sí violenta en estas situaciones.
La carta alerta también sobre algunos problemas que la mediación puede suponer para las víctimas, por lo que solicitan restricciones para su utilización.
Las asociaciones consideran un gran paso la redacción de esta nueva ley, por lo que transmiten a la Ministra la necesidad de que sea transformadora de la realidad que a día de hoy viven las víctimas cuando atraviesan el sistema judicial.