El Congreso pide al poder judicial que garantice la paridad en sus nombramientos

 
El Congreso ha instado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a garantizar la paridad de hombres y mujeres en los nombramientos que realiza, tanto en los órganos de gobierno de juzgados y tribunales como en la provisión de plazas, y a impulsar la formación en perspectiva de género en toda la carrera.
Las multitudinarias manifestaciones del 8 de marzo y la polémica generada por la condena por abuso sexual y no por violación a los integrantes de «La Manada» han tenido su reflejo en muchas de las resoluciones aprobadas por el pleno de la Cámara sobre la última memoria anual del CGPJ.
Entre las iniciativas aprobadas, la presentada por el PSOE para que en los nombramientos que se realicen la presencia de mujeres sea equiparable a la presencia de las mismas en la carrera judicial, donde son el 53 % del total; y las defendidas por grupos como Ciudadanos, Podemos o el PNV para que haya baremos conocidos y con criterios objetivos.
El pleno ha reclamado también que se refuerce la lucha contra la violencia sexual, evitando «la revictimización de las víctimas«, y que se estudie que los juzgados de violencia sobre la mujer se ocupen también de los delitos sexuales.
Es necesario, en opinión del Congreso, que se eviten y se investiguen las filtraciones, especialmente de los nombres de las víctimas de los delitos sexuales, como ocurrió en el caso de «La Manada», y que se garantice un lenguaje inclusivo y no sexista en las resoluciones.
El pleno ha reclamado asimismo mejorar la protección de las mujeres víctimas de violencia de género y de sus hijas/os menores y dotar de más y mejores medios a los jugados de violencia sobre la mujer, de modo que se pueda ofrecer una atención personalizada a las víctimas y se evite su confrontación con los agresores.
Además de hacer hincapié en la necesidad de formación en perspectiva de género, el pleno del Congreso ha pedido al CGPJ cursos sobre acoso escolar, el ordenamiento jurídico sobre la memoria histórica y los derechos de las víctimas de crímenes contra la humanidad o derecho de extranjería, asilo y refugio.
También ha conseguido el apoyo de la mayoría de los diputados una iniciativa de Compromis para luchar contra la menor presencia de mujeres en las actividades formativas, incluso con incentivos económicos.
Es necesario asimismo, a juicio del parlamento, analizar la carga de trabajo en la judicatura, remedia la exagerada duración de los procesos, fomentar la mediación, subsanar las deficiencias de la justicia electrónica y favorecer la conciliación familiar.