Moncloa/ César P. Porras
El Consejo de Ministros y Ministras ha analizado un informe del Anteproyecto de Ley de Protección Integral frente a la violencia contra la infancia, que es «un ámbito de protección preferencial» para el Gobierno, según ha explicado la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón.
La ministra ha destacado que el fin de la futura ley es «respetar la dignidad, libertad e igualdad de los niños y garantizar el libre desarrollo de su personalidad en un entorno libre de violencia». La norma tendrá un carácter integral y prestará atención especial a los ámbitos de la prevención, socialización y educación de los menores, así como a la concienciación de las familias y de la sociedad.
Carmen Montón ha detallado que el texto «incluirá el abuso sexual y las nuevas formas de violencia, como el acoso y la violencia ejercida a través de las redes sociales».
La norma también desarrollará medidas específicas para los grupos de menores en una especial situación de vulnerabilidad, como las niñas, las víctimas de trata, los menores con algún tipo de discapacidad, los menores extranjeros no acompañados y los que están en el ámbito de la diversidad sexual: lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, ha señalado la ministra.
El documento contemplará un registro unificado sobre menores víctimas que permita disponer en una sola unidad de toda la información sobre la violencia ejercida sobre la infancia y la adolescencia. Además, actualizará materias relativas a la inhabilitación especial para el ejercicio de profesiones, voluntariado y actividades que impliquen tratos con menores, con especial referencia a los supuestos de privación de patria potestad, tutela, curatela, guarda, acogimiento y adopción, velando por el interés superior del menor.
«El objetivo es poder actuar de manera más eficaz y contundente en las administraciones, las organizaciones y en la ciudadanía en su conjunto. Todos y cada uno de nosotros tenemos una función que desempeñar para asegurar que todas las niñas y niños disfruten de una infancia plena y feliz», ha dicho la ministra.
Carmen Montón ha avanzado que se trabajará en medidas de formación y especialización para jueces, fiscales y demás profesionales implicados. Además, se garantizarán los derechos de los menores en los procesos penales y civiles, en especial su derecho a ser oídos. También se incluirá la prevención desde el ámbito familiar, educativo, sociosanitario, deportivo, de ocio y digital.
El Ejecutivo, según ha apuntado Montón, quiere una protección eficaz con medidas de detección y asistencia, pero también «la reintegración de los derechos vulnerados y la recuperación de las víctimas». «El propósito es visibilizar la violencia contra la infancia permitiendo una mejor detección de la situaciones y una mejor actuación en la respuesta», ha añadido.
Debate y participación
La ministra ha informado de que el trámite para desarrollar esta normativa se inició a través de una consulta pública en la web de Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, que finalizará el próximo 17 de septiembre.
Carmen Montón ha incidido en que hay abierto un proceso de participación y diálogo para la elaboración de la futura norma, en el que se están recogiendo las aportaciones de organizaciones sociales, científicas y entidades relacionadas con la infancia.
Además, se están implicando varios ministerios, la Fiscalía de Menores, las administraciones locales y autonómicas y los propios menores. Este proceso de diálogo participado continuará el próximo miércoles 12 en el Pleno del Observatorio de la Infancia.
Menores no acompañados
La titular de Sanidad, Consumo y Bienestar Social ha resaltado que otra de las prioridades en la que está trabajando el Gobierno es la protección a los menores no acompañados. En este sentido, ha recordado que su Departamento presentó el miércoles 5 de septiembre a las comunidades autónomas una propuesta para mejorar la atención solidaria a estos niños y adolescentes.
Esta medida contará con un presupuesto de 40 millones de euros, a los que se suman los más de 6 millones ya aprobados para las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
Lucha contra la pobreza infantil
La lucha contra la pobreza infantil, ha indicado Carmen Montón, también es prioritaria, por lo que una de las primeras medidas adoptadas por el Gobierno fue duplicar el presupuesto destinado al programa Vacaciones Escolares Continuar Aprendiendo (VECA), cuyo objetivo es cubrir las necesidades básicas de alimentación y ofrecer ocio educativo durante el verano.
La dotación económica de este programa, repartido entre las comunidades y las ciudades autónomas, es de más de 10 millones de euros.
