La consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia del Gobierno de Navarra, María José Beaumont, ha asistido este lunes en Madrid a la Conferencia Sectorial de Administración Pública, que se ha reactivado tras nueve años sin convocarse. En ella se ha aprobado el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la misma y un Acuerdo de Colaboración entre Administraciones Públicas para favorecer la movilidad interadministrativa de las empleadas públicas víctimas de violencia de género.
La Conferencia Sectorial de Administración Pública es un órgano de cooperación en materia de administración pública entre la Administración General del Estado, de las Administraciones de las Comunidades Autónomas, de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla y de la Administración Local, ha informado el Gobierno foral en una nota.
Es un órgano para el impulso de actuaciones y proyectos comunes cuyo objeto sea la cooperación y la mejora de la calidad en la prestación de servicios públicos que se prestan a la ciudadanía, dentro del respeto recíproco al ejercicio de las competencias que cada una de las Administraciones tenga atribuidas. Sus decisiones tienen como fin la adopción de acuerdos y en su caso, de recomendaciones.
Bajo la presidencia de la ministra de Política Territorial y Función Pública del Gobierno estatal Meritxell Batet, María José Beaumont es vocal del órgano, al igual que el resto de titulares de consejerías de Comunidades Autónomas que ejercen competencias relacionadas con la Administración Pública, junto a un representante de la Federación Española de Municipios y Provincias y los representantes titulares de Ceuta y Melilla. Todas las personas que componen la Conferencia, han estado presentes en la reunión.
Tras la aprobación de su Reglamento, se ha adoptado un Acuerdo como marco general de colaboración, coordinación y comunicación entre las Administraciones Públicas al objeto de facilitar la aplicación del principio de movilidad interadministrativa de las empleadas públicas víctimas de violencia de género, dando efectividad al derecho contemplado en la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
El Acuerdo reconoce en términos de reciprocidad entre todas las Administraciones Públicas la atención de las solicitudes de movilidad de cualquier empleada pública, siempre que la situación de violencia de género quede debidamente acreditada y que no sea posible dar solución a la movilidad dentro de la propia Administración a la que pertenezca, así como la tramitación con carácter preferente de estos procedimientos y la protección de la intimidad de víctimas, ascendientes, descendientes y de cualquier persona que esté bajo su custodia o guarda, ha añadido el Ejecutivo foral.
La consejera ha dado su apoyo a ese Acuerdo pues la movilidad geográfica de las empleadas públicas víctimas de violencia de género es un derecho reconocido en el artículo 49 de la Ley Foral 14/2015, de 10 de abril, para Actuar contra la violencia hacia las mujeres, ha indicado el Ejecutivo.
«No nos cabe ninguna duda de que se deben de promover medidas que favorezcan la movilidad geográfica de centro de trabajo a las empleadas públicas víctimas de violencia machista, tanto a nivel interno como con otras Administraciones Públicas, como ya está reconocido en Navarra y en la propia legislación estatal, por lo que hemos apoyado el Acuerdo que pueda facilitarla», ha señalado Beaumont.