Se enfrenta a más de 10 años de cárcel por violar a su expareja y saltarse orden de alejamiento

El juicio celebrado este miércoles contra este varón, de nacionalidad rumana, queda visto para sentencia
La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla ha juzgado este jueves a T.M.M., un varón de nacionalidad rumana, como presunto autor de un delito de agresión sexual contra su expareja, de un delito de quebrantamiento de medida cautelar por saltarse una orden de alejamiento que pesaba sobre el encausado con respecto a la víctima y por un delito de malo tratos, por unos hechos que sucedieron entre septiembre y octubre de 2017 en el municipio sevillano de Brenes y por los que se enfrenta a más de diez años de cárcel.
El juicio ha quedado visto para sentencia tras el trámite de conclusiones e informes finales, reclamando en su caso la Fiscalía imponer al acusado, en prisión provisional por estos hechos, una pena de nueve años de prisión por un delito de agresión sexual, así como la prohibición de aproximarse y comunicarse con la víctima durante nueve años y seis meses, así como siete años de privación de libertad, según ha indicado al modificar sus conclusiones definitivas la representante del Ministerio Fiscal.
Igualmente, pide nueve meses de cárcel por un delito de quebrantamiento de medida cautelar, y un año de prisión por un delito de malos tratos en el ámbito de la violencia de género, así como reclama que le sea impuesta la privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante dos años y prohibición durante tres años de acercarse o comunicar con la víctima.
Mientras la defensa solicita la libre absolución, la acusación particular, que se adhiere a lo solicitado por la Fiscalía, añade dos años más de prisión por el delito de agresión sexual a lo reclamado por la Fiscalía y un año de cárcel por un delito de amenazas.
La víctima ha ratificado los hechos denunciados durante su declaración, a puerta cerrada, en la vista oral. Así, según consta en el relato de los hechos elaborado por el Ministerio Fiscal, el 13 de junio de 2017 el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Lora del Río (Sevilla) dictó auto por el que prohibía el encausado acercarse y comunicarse con su pareja, cuya relación terminó en junio de 2017. Según la Fiscalía, el acusado era «consciente de la orden dictada», si bien, durante el interrogatorio ha manifestado que «no conocía las consecuencias» de esta decisión judicial.
En la noche del 29 al 30 de septiembre el procesado se encontraba en el domicilio de la víctima en Brenes, donde, según ha declarado el acusado, convivía con ella desde «dos semanas después de iniciar la relación» en enero de 2007.
«Para acceder a la vivienda, el procesado saltó por el patio de la misma y entró por la puerta trasera que da al patio al encontrarse abierta, encontrando a su expareja dormida», si bien, se despertó al sentir al procesado en la habitación.
Éste, según relata la Fiscalía, «comentó a realizarle toda clase de reproches relacionados con otra denuncia anterior interpuesta por la víctima. Durante ese acto el investigado agarró a la mujer por cuello, lo que le hizo perder la conciencia. Cuando se despertó, el procesado comenzó a propinarle toda clase de golpes y puñetazos con ánimo de evitar que la mujer llamara al Servicio Coordinado de Emergencias 112 de Andalucía, agarrándola por el cuelo y por los brazos, tirándole del pelo y arrastrándola por el suelo, momento que aprovechó para agarrarle los brazos con los suyos, abriéndole las piernas con sus rodillas y penetrándola analmente».
Tras un aviso del 112 a la Policía Local de Brenes, dos agentes, además de otros dos de la Guardia Civil, se personaron en la vivienda, escuchando desde fuera «ruido, discusión y voces». La mujer, «nerviosa, asustada y con pánico», presentaba «marcas en el cuello y pechos», que parecían «recientes» y el hombre «un fuerte olor a alcohol, así como arañazos en brazos». Según los agentes que han testificado, la mujer esa noche no les trasladó que sobre su expareja pesaba una orden de alejamiento.
La mujer fue trasladada al centro de salud de Tocina, donde fue atendida de esas lesiones, pero donde no relató la presunta agresión sexual.
Estos hechos han sido negados por el acusado, quien ha insistido en que, a pesar de la orden de alejamiento dictada en junio, él vivía allí con el consentimiento de ella y aquella noche «no la golpeó ni la tocó», así como que «tampoco» mantuvieron relaciones sexuales. «No sé nada de esas lesiones, pues las tenía desde hace una semana».
LA MUJER PADECÍA AGORAFOBIA
Posteriormente, el día 1 de octubre, «haciendo caso omiso a la orden de prohibición de acercarse y comunicarse con ella», procedió a presentarse en la puerta de su casa, sobre las 15,20 horas, y manifestó «si llamas a la Policía te mató», siendo sorprendido entonces por dos agentes de la Policía Local.
«Acudí para recoger mi ropa y documentación», ha manifestado el acusado, que ha negado las amenazas. Además, a preguntas de su letrada, ha señalado que durante la relación realizó un viaje a Rumanía, cuyos traslados pagó la mujer, que sufre «agorafobia», lo que «limitaba su vida personal, siendo dependiente y necesitada de la compañía de alguien para sentirse segura», según una psicóloga del Instituto de Medicina Legal de Sevilla que analizó a la víctima.
Además, ha explicado «la pelea» de la madrugada del día 30 de septiembre, tras volver a casa después de haber estado tomando ambos algo en un bar de la localidad. «Ella intentaba pararme para que no saliera de la casa y me amenazó con llamar a la Policía si salía. Era muy celosa», ha afirmado, negando que «la tirara al suelo ni que le abriera las piernas».
Tras los hechos del día 1 de octubre, los agentes de la Guardia Civil trasladaron a la mujer al centro de salud de Brenes para ser atendida, donde, según ha relatado la doctora que la atendió, se presentó «con mucho miedo», relatando «el intento de asalto» a su domicilio de días atrás. «Una persona intentó entrar a la fuerza en el domicilio y sufrió una agresión sexual, que no denunció ese mismo día pero que me contó en esa consulta», ha afirmado la doctora.
Precisamente, la defensa, en su informe, ha apuntado a esta cuestión. La víctima no denunció la agresión sexual el día 30 cuando acudió al médico sino el día 1, lo que resulta «extraño», así como que tampoco trasladara a la Policía Local la noche de los hechos que existían medidas cautelares sobre su expareja, con quien seguía conviviendo.
A preguntas de la Fiscalía, ha precisado que la mujer había sufrido, según le contó, «una penetración anal no consentida». Tras el análisis y observación de la mujer, la doctora ha indicado que detectó «enrojecimiento», «eritema» –inflamación– y «dolor no normal» en su parte anal, lesiones consecuencia de «una penetración anal» y de «resistencia» y son de una relación reciente no «de semanas atrás».
«Por lo que ella manifiesta, por su estado de nerviosismo y por los dolores se puede concluir que no fue consentida» esa relación, según la doctora.