El resurgir de debates superados

En las últimas semanas han resurgido debates, que creíamos superados hace casi dos décadas, en torno a la legislación que afecta de manera nuclear a las mujeres. El último de ellos ha girado en torno a la interrupción voluntaria del embarazo y la despenalización del aborto.
En estos momentos, como muestran los informes realizados por ONU Mujeres, la práctica totalidad de países europeos, América del Norte, Oceanía y algunos asiáticos han despenalizado el aborto, frente a la mayoría de los países africanos, latinoamericanos y del sur asiático que lo prohíben o sólo lo permiten en algunos supuestos.
Entre 1990 y 2014 se aprobaron las principales legislaciones que despenalizaban el aborto en los países y regiones anteriormente mencionados. Durante ese período, en dichos países disminuyeron las tasas de abortos de 46 a 27 interrupciones de embarazo anuales por cada 1.000 mujeres fértiles. De otro lado, en los territorios con legislaciones más restrictivas apenas se ha producido disminución de abortos durante ese mismo período, situándose en todo momento en torno a 40 interrupciones de embarazo anuales por cada 1.000 mujeres fértiles. Además, en los primeros ha disminuido considerablemente el número de abortos inseguros y, por tanto, de mujeres muertas (en los países con legislaciones de plazos se sitúa en torno al 10-15%), frente a aquellos con legislaciones más restrictivas, en las que el porcentaje de abortos inseguros llega a alcanzar el 95% (América Central y del Sur) y el 97% (África).
En España, en 2010 se aprobó la ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Esta Ley alineaba legislativamente a España con los países de su entorno europeo, pero también con los posicionamientos de importantes organismos internacionales, como las Naciones Unidas o la Organización Mundial de la Salud, que reconocen la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho de las mujeres. Desde entonces han disminuido los abortos en nuestro país, según datos del Ministerio de Sanidad, y, además, se ha garantizado el derecho de las mujeres a la salud, así como el de las y los profesionales a practicar abortos con garantías sanitarias y legales.
En todas las Comunidades Autónomas de España ha disminuido el número de abortos practicados desde 2010, según fuentes también del Ministerio de Sanidad, entre otras cosas porque la propia Ley prevé el trabajo en materia de prevención, educación afectivo-sexual, salud sexual y reproductiva y planificación familiar.
Las propias fuentes del Ministerio de Sanidad muestran que, de entre todos los motivos esgrimidos por las mujeres para practicarse un aborto, el menos frecuente es el de “malformaciones en el feto”, por lo que apenas se practican abortos en España motivadas por una posible discapacidad apreciada en el feto, y por tanto esta idea que ha defendido un responsable de VOX es rotundamente falsa, y los propios datos la desmienten abrumadoramente. Así mismo, esa misma fuente refleja que la mayoría de las mujeres que se practican un aborto no tienen ningún hijo o hija con anterioridad, y tan solo un 20% tienen más de dos hijos o hijas antes, por lo que no existe relación alguna entre la práctica de abortos y la conciliación, idea que ha defendido Javier Maroto (PP) y que carece de rigor alguno. Estamos, pues, ante dos afirmaciones que las propias fuentes desmienten de manera contundente y que sólo responden a una ideología conservadora que, en estos momentos, ha hecho del ataque a los derechos de las mujeres su principal bandera política.
En 2014, el Tren de la Libertad se llevó por delante a un ministro retrógrado al que miles de mujeres le dijimos que nunca más un hombre volvería decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas. En aquel momento ya quedó patente que el problema no es el debate sobre la despenalización, o no, del aborto, que había quedado superado en los años 80 del siglo pasado. El problema es si se otorga, o no, a las mujeres la capacidad de decidir de manera autónoma y libre sobre su cuerpo y su vida.
Las interrupciones de embarazos se han producido a lo largo de toda la historia, con consecuencias fatales para las mujeres. La despenalización del aborto en España supuso poner fin a la hipocresía de que las ricas viajasen a practicarse abortos seguros a países con legislaciones que lo permitían, y las pobres se desangrasen en la práctica de abortos clandestinos.
Hasta aquí podría quedar claro el debate en torno a la despenalización del aborto, el problema actualmente subyace en que Pablo Casado ha decidido dar un paso más allá en su afán por cuestionar y liquidar los derechos de las mujeres. Afirma que el mantenimiento de las pensiones requiere de nacimientos y, por tanto, la IVE es un problema. Valiente ignorante.
El problema de la natalidad es un problema de precariedad. El problema de la natalidad tiene como causas que el 70% de empleos a tiempo parcial en España los realizan mujeres, que el acceso al empleo es mucho más tedioso para ellas y que la promoción laboral sigue topándose con un techo que ya no es de cristal, sino de hormigón; que la conciliación continúa sin ser corresponsable y, por tanto, el grueso del trabajo no remunerado lo siguen realizando las mujeres. El problema de la natalidad tiene como causa una reforma laboral, impulsada por el partido que hoy dirige Pablo Casado, que es un maquina de destrucción de empleo de calidad, especialmente femenino, y que imposibilita el ser mujer, madre y trabajadora.
Pablo Casado tiene uno o varios problemas importantes, especialmente en cuanto a liderazgo político se refiere, pero me atrevo a recomendarle que deje de suplir esas carencias con ataques constantes a los derechos, la libertad y la vida de las mujeres. Durante siglos hemos sido ciudadanas de segunda y no estamos dispuestas a continuar siéndolo ni un minuto más.