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El pleno de la Eurocámara ha censurado este jueves la ley recientemente aprobada en Arabia Saudí que permite a los hombres notificar a sus mujeres el divorcio con un simple mensaje de texto y ha reclamado abolir los ‘mehram’ o guardianes masculinos que se impone a toda mujer en el país para controlar sus movimientos, en una resolución no vinculante.
En el texto, aprobado por 517 votos a favor, 10 en contra y 70 abstenciones, los eurodiputados condenan la situación de los derechos de las mujeres en Arabia Saudí y denuncian que el sistema sociopolítico en el país es discriminatorio y convierte a las mujeres en ciudadanos de segunda clase.
A pesar de la agenda reformista del reino saudí para apuntalar la transformación económica y social del país y algunas medidas tímidas para mejorar la situación de la mujer, como el levantamiento de la prohibición a las mujeres de conducir, el pleno de la Eurocámara ha denunciado la discriminación de las mujeres y han pedido mejoras.
En particular, han expresado preocupación por las aplicaciones web utilizadas por los guardianes masculinos para rastrear y localizar a las mujeres y ver cuándo entran o salen del país con apenas un mensaje de texto que les informa cuando viajan.
El pleno de la Eurocámara ha instado al Gobierno saudí a abolir de forma inmediata el sistema de guardianes masculinos, que autorizan no sólo los viajes al extranjero de las mujeres, sino también que puedan acudir a un médico, autorizar su matrimonio y lugar de residencia.
También ha censurado la reciente ley aprobada que permite a los hombres notificar a sus mujeres el divorcio con apenas un mensaje te texto cuando las mujeres saudíes solo pueden obtener el divorcio en casos limitados, si su marido le ha hecho daño o cuenta con su consentimiento.
En el texto, los eurodiputados también han reclamado al Gobierno saudí que liberen a las mujeres activistas de Derechos Humanos, así como al blogero Raif Badaui, al que la Eurocámara otorgó el premio Sájarov a la Libertad de Conciencia, y que introduzcan una moratoria inmediata a la pena de muerte que se aplica en el país para castigar el adulterio, la apostasía o el consumo de droga. Entre 2014 y 2017 se ejecutaron al menos 126 personas al año.
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