Acoso

“Maria” llego a nuestra Secretaria destrozada, tiene 33 años y su vida es un “calvario”.
Hace 1 año que trabaja en una empresa en la categoría que le corresponde por su titulación…DESPUES DE MAS DE 7 AÑOS BUSCANDO TRABAJO EN LO SUYO…LO CONSIGUIO, por fin! …y a pesar de ello, no aguanta más. Acude con una baja por ansiedad y depresión y nos expone su caso…su jefe directo,..la acosa sexualmente…no aguanta más…..
El caso de “Maria” es uno más de los miles de casos que existen en España, mujeres que sufren una situación de violencia constante en su trabajo. El acoso sexual tiene graves consecuencias tanto para la salud de las personas afectadas como para su desarrollo y promoción profesional tanto psíquica como físicamente.
El acoso sexual es una conducta no deseada de naturaleza sexual en el lugar de trabajo, que hace que la persona se sienta ofendida, humillada y/o intimidada. Es un término relativamente reciente que describe un problema antiguo.
Tanto la OIT como la CEDAW identifican el acoso sexual como una manifestación de la discriminación de género y como una forma específica de violencia contra las mujeres.
El acoso sexual es una violación de los derechos fundamentales de las trabajadoras y los trabajadores, constituye un problema de salud y seguridad en el trabajo y una inaceptable situación laboral.
Desde UGT venimos denunciando que el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, en el ámbito laboral, son manifestaciones de violencia hacia las mujeres, ya que son las que lo sufren en la inmensa mayoría de ocasiones, y pone de manifiesto la persistente desigualdad en las relaciones de poder entre mujeres y hombres. Se trata de una realidad silenciosa, generalmente oculta pero muy extendida, con graves consecuencias para la salud integral de las mujeres que la padecen.
Según la Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de septiembre de 2018, un gran número de casos de acoso sexual no llegan a denunciarse como consecuencia de varios factores: la escasa sensibilización social al respecto, el miedo al despido, la dificultad para conseguir pruebas, unos insuficientes canales de denuncia, seguimiento y protección de las víctimas y la normalización de la violencia.
Muy a menudo, denunciar casos de acoso sexual en el trabajo puede conducir al despido o al aislamiento de la víctima en el lugar de trabajo. Además, esta forma de violencia contra las mujeres en el ámbito laboral, tiene también graves repercusiones físicas, sexuales, emocionales y psicológicas para las víctimas, constituyendo una violación de las libertades fundamentales.
Diversos estudios ponen de manifiesto las dificultades de evaluar y catalogar el acoso sexual, ya que es una conducta que se inscribe en un entramado de relaciones donde existe un desequilibrio de poder entre los sujetos, desfavorable para las mujeres, y que actúa, generalmente, desde una superioridad jerárquica y con mayor impacto sobre mujeres en situación de vulnerabilidad, lo que unido a las dificultades de prueba, obstaculizan la denuncia por parte de la persona acosada.
Es imprescindible adoptar medidas y políticas más contundentes y eficaces contra las distintas formas de violencia de género. No será posible acabar con esta lacra social mientras no pongamos fin a la desigualdad y la discriminación a la que se ven sometidas las mujeres en todos los ámbitos de la vida.
Uno de estos ámbitos es el laboral, para lo que es necesario empleos y salarios dignos y de calidad. Las estadísticas demuestran que, con mejores empleos y condiciones de trabajo, las mujeres están más protegidas y tienen más recursos de cara a cualquier manifestación de violencia de género. Por ello, reclamamos la necesidad de derogar las reformas laborales de 2010 y 2012, muy lesivas para colectivos tan vulnerables como las mujeres.
Se hace necesaria la implantación protocolos de prevención y eliminación del acoso sexual en las empresas por ley, así como la formación obligatoria para todos los empleados y cargos directivos en las empresas, además de los operadores implicados en el control y sanción de este tipo de violencia en el ámbito laboral.
Es necesario un enfoque integral de la violencia en el lugar de trabajo, incluido su tratamiento en la normativa sobre prevención de riesgos laborales, y el endurecimiento de las sanciones de este tipo de comportamientos, el resarcimiento adecuado del daño a las víctimas, la eliminación de trabas que dificultan la denuncia, la prueba en vía jurisdiccional de este tipo de violencia y la adopción de un convenio internacional en el seno de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que permita el tratamiento específico de la problemática de la violencia y el acoso en los lugares de trabajo, que defina un conjunto fundamental de principios que sustenten un enfoque inclusivo e integrado para su erradicación y que proporcione orientaciones sobre cómo se han de aplicar estos principios.
Por otra parte, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado en septiembre de 2017, resulta insuficiente para proteger de forma efectiva a las víctimas; y la Justicia debe formarse y actualizarse para no situarse al margen de la sociedad y situarse a la vanguardia en la defensa de los derechos fundamentales de las mujeres.
La erradicación de esta lacra social tiene que ser obra de todos. Tolerancia cero contra la violencia de género y luchar por la erradicación de todo tipo de conductas de violencia contra las mujeres y por la mejora de sus derechos y de su protección deben ser los objetivos transversales de todas las políticas en nuestro país. La erradicación de la violencia contra las mujeres debe ser una cuestión prioritaria para el avance social y acabar con ella, debe convertirse en caballo de batalla para que en ningún escenario, en ninguna esfera, se den manifestaciones de este tipo en aras de conseguir una deseada sociedad más justa, inclusiva e igualitaria.