Algunas de estas familias se han concentrado de nuevo este lunes 25 de marzo ante la embajada española en Kiev (Ucrania), como ya hicieran la pasada semana, para reclamar el mismo trato dado a las familias hasta la mencionada instrucción y rechazar tener que solicitar pasaporte ucraniano para poder viajar con sus hijos a España e iniciar en el país los procesos de filiación y adopción por parte de los padres.
Fuentes del ministerio de Asuntos Exteriores explicaron el pasado viernes a Europa Press que sus servicios centrales y la Embajada de España en Kiev (Ucrania) han entrado en contacto con las autoridades ucranianas con el fin de que, de acuerdo con su legislación interna, faciliten los documentos de viaje necesarios –pasaporte ucraniano– para que los menores nacidos por alquiler de vientre puedan salir del país y además se les facilite a los padres la renovación del visado.
Por su parte, el Ministerio de Justicia se remite al cumplimiento de la mencionada instrucción que impide la inscripción directa en el Registro Civil de los hijos nacidos por este sistema por la «ausencia de medios de prueba» que determinen la filiación paterna del menor.
Esta nueva norma no permite que el Consulado registre a los bebés con pruebas de ADN, como hacía hasta hace unos meses, de manera que los comitentes deben solicitar el pasaporte ucraniano y permisos para poder salir del país y ya en España realizar el correspondiente expediente para la inscripción de la filiación, con intervención del Ministerio Fiscal, o interponer las acciones judiciales de reclamación de dicha filiación.
A su juicio, exigir una sentencia judicial de filiación para registrar a los menores en un país donde no se lleva a cabo este tipo de sentencias va en contra de la Ley de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil. «De este modo, se inflinge violencia infantil a nuestros hijos, según la Observación General 13 del Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, y les expone a la apatridia en contra de la Convención para reducir los casos de apatridia», añaden.
En este sentido, recalcan que en países como Ucrania o Georgia la filiación se decide en una certificación registral de nacimiento, de la autoridad pública extranjera que, según afirman, «equivaldría al Libro de Familia español».
Desde el año 2016, el Ministerio de Asuntos Exteriores desaconseja recurrir a estos procesos de gestación subrogada en Ucrania, donde la Fiscalía de este país investiga posibles casos de tráfico de menores en una clínica.
Según aseguran, la decisión de no aceptar la prueba de ADN para el registro de estos menores afecta a su nacionalidad, patria potestad, custodia, asistencia obligatoria por progenitor y prestaciones sociales, representación, administración de bienes; en caso de separación, afecta a la satisfacción obligatoria de sus necesidades, a sus relaciones personales y visitas, a la no separación entre hermanos, a la posibilidad de aceptar adopción; y en caso de fallecimiento, el reconocimiento de tutor depende de un juez, queda afectada la legítima hereditaria, así como la tributación por herencia, y no opera la mayor punibilidad de ciertos delitos.
Una de las afectadas, Natalie, asegura desde Kiev que la niña niña parida por una mujer ucraniana y que nació el 5 de marzo «es española, hija de un español». «Somos todos españoles. Los 39 que salieron (último grupo cuyos hijos fueron inscritos en el consulado a partir de pruebas de ADN) son igual de españoles que los 20 o 25 que ya estamos aquí. Por favor, sacadnos de aquí», reclama para añadir que la ministra -en relación a la titular de Justicia, Dolores Delgado-, no se puede saltar la Ley.
Desde el año 2016, el Ministerio de Asuntos Exteriores desaconseja recurrir a estos procesos de gestación subrogada en Ucrania, donde la Fiscalía de este país investiga posibles casos de tráfico de menores en una clínica.
