La primera línea del comunicado de Amnistía Internacional, enviado a periodistas alrededor del mundo a finales de marzo, expresa: “la policía en la República Dominicana viola, golpea, humilla y agrede verbalmente, y de manera rutinaria” a mujeres, y demás personas que participan en lo que la organización denomina ‘trabajo sexual’. La directora de Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara-Rosas, expresa: “la violencia de género es una epidemia en América Latina y el Caribe, siendo las trabajadoras sexuales particularmente vulnerables ante la violencia de oficiales del estado y otros individuos”.
Leyendo ese comunicado, cualquiera creería que a Amnistía Internacional le preocupa la violencia contra las mujeres prostituidas. Pero no. La organización buscaba matar dos pájaros de un tiro: primero, ejercer presión social para que se apruebe un Proyecto de Ley de Autoidentificación del Sexo (nombre político Anteproyecto de Ley General de Igualdad y No Discriminación) y sus intereses como organización que promueve el proxenetismo. ¿El proxenetismo? Sí, el proxenetismo.
Recordemos que, contrario a muchos otros países, en la República Dominicana las mujeres y niñas no tenemos derechos humanos basados en nuestro sexo. Por lo que resulta bastante curioso que encima de eso y para empeorar la situación, las implicaciones del citado anteproyecto no han sido siquiera debatidas con el pueblo dominicano. Pero es que Amnistía Internacional es adepta a circunvenir los procesos democráticos, para imponer concepciones y políticas públicas de efectividad cuestionable, sí o sí.
En agosto del 2015, la organización conmocionó al mundo, en particular al movimiento feminista, al declarar que “luego de una extensa consulta con nuestra membresía”, adoptaría como política institucional la descriminalización total de la prostitución, incluyendo tanto a los clientes prostituidores como a los proxenetas, y que presionaría a los Estados para que a su vez aprueben leyes nacionales en esta misma línea. En realidad, solo en 40% de la membresía de Amnistía participó en esa consulta, pues la mayoría ni se daba por enterada de la iniciativa. Las voces disidentes que se opusieron a esta imposición, como la Dra. Marcia R. Lieberman, quien fungió como coordinadora de Amnistía Internacional en Rhode Island (EEUU) desde el año 1983, fueron expulsadas de la organización.
Amnistía tampoco le comentó a su membresía que su política a favor del ‘trabajo sexual’ fue redactada por un proxeneta británico llamado Douglas Fox, quien introdujo la moción original en el año 2008. En su burdel lo que se practica es la compraventa de mujeres, pero recordemos que, bajo la conceptualización del ‘trabajo sexual’, un proxeneta es simplemente un empleador y un traficante es meramente un trasportista. Es por eso que Fox, dueño de uno de los burdeles más grande del norte de Inglaterra, puede considerarse a sí mismo un ‘trabajador sexual’ y colaborar con Amnistía Internacional como una persona marginalizada.
Este tipo de jueguitos macabros hace que Amnistía Internacional se esté quedando sola en su postura. Cada vez más países alrededor del mundo se están dando cuenta de que la compraventa de mujeres podrá generar ingresos billonarios al producto interno bruto nacional, pero nunca igualdad entre hombres y mujeres.
Como explica la líder indígena y sobreviviente de la prostitución en Canadá, Bridget Perrier, en esta industria “no son las leyes que matan a las mujeres. No son las calles las que matan a las mujeres. Son los hombres”. No solo los Policías y oficiales del Estado, el chivo expiatorio que Amnistía Internacional utiliza de manera deshonesta, sino cualquier hombre que razona “déjame utilizar estos 150 pesos para coaccionar a que esta mujer me haga la felación”. Esos hombres son los que apoya esta organización con su política institucional, e presiona gobiernos a nivel mundial para que también los respalden.
En España, las feministas han ganado el pulso dentro del Partido Socialista para incluir dentro del próximo manifiesto del PSOE un compromiso para combatir y sancionar “la demanda y compra de prostitución”, al considerarla incompatible con los derechos de las mujeres. “La prostitución, de la que nos hemos declarado abolicionistas, es uno de los rostros más crueles de la feminización de la pobreza, así como una de las peores formas de violencia contra las mujeres”, expresará el manifiesto.
El 1ro. de enero del año 2020 traerá consigo la clausura del famoso barrio rojo de Ámsterdam, en Holanda, donde se venden muchachas inmigrantes en vitrinas con luces de neón. La atracción sexual para los varones extranjeros es tan grande que existen tours para visitar las vitrinas y comprar lo que se vende. Recientemente, la primera alcaldesa de la ciudad anunció la decisión de clausurarlas, diciendo que presentar mujeres semidesnudas en vitrinas constituía “una falta de respeto”. Yo argumentaría que es una falta de respeto mayor, que desde que se aprobó la prostitución en Holanda, cada año una mujer ha sido asesinada detrás de esas vitrinas tan vistosas, usualmente en la habitación adyacente. Pero eso no lo mencionan en los brochures turísticos…
Más que clausurar vitrinas, Holanda se prepara legislativamente para revertir su espaldarazo a la industria prostituyente. Varias ciudades dentro de Inglaterra también. A nivel nacional, el gobierno británico ha comisionado al Centro de Investigación de Género y Violencia de la Universidad de Brístol, para inquirir sobre este tema. El 31 de diciembre del 2018, Israel se convirtió en el último país en penalizar a los clientes y al proxenetismo. Francia lidera mundialmente la lucha abolicionista, al aprobar en abril del 2016 la ley contra la compraventa de mujeres más avanzada del mundo: sanciona tanto a prostituidores como a proxenetas, al tiempo que utiliza el dinero recaudado por dicha penalización para ofrecer oportunidades laborales a las mujeres y demás personas prostituidas.
Por su parte, en el reporte de Amnistía Internacional sobre la prostitución en la República Dominicana, compartido a finales de marzo con los medios de comunicación alrededor del mundo, se alega que la prostitución es una manera de obtener independencia económica y flexibilidad laboral. Pregunta: ¿para quién? En los países que adoptan las políticas que aboga esta organización, que se autoidentifica como humanitaria, se asesinan más mujeres y personas prostituidas que aquí. Es decir que, si esta gente son los defensores de los derechos humanos, queda claro esto es un show de apaga y vámonos. ¿Quién se cree Amnistía para tratar a la República Dominicana como un vertedero internacional de políticas públicas fallidas? ¿Qué buscan sectores de la sociedad civil dominicana y el Poder Ejecutivo celebrando semejante desfachatez? ¿Este contubernio, que se atreve a tomarnos por idiotas, está promoviendo los derechos humanos de quién?
La versión original y abreviada de este artículo fue publicada en el periódico dominicano El Caribe el 26 de abril del 2019: https://www.elcaribe.com.do/2019/04/26/opiniones/la-prostitucion-segun-amnistia-internacional/
