Esta semana el Parlamento Andaluz cedió ante la intención abierta de la ultraderecha de atacar el centro del sistema de atención a víctimas de violencia de género. Han sido entregados datos estadísticos sobre la formación de estos equipos. La argumentación de la ultraderecha se basa en que, al ser, supuestamente, personal poco formado, los informes de estos equipos estarían dañando judicialmente a los hombres que han sido acusados de violentos. Buen intento, pero va a ser que no.
En primer lugar, las asociaciones que luchamos contra la violencia de género y la violencia sexual hace años que reclamamos la necesidad de que se dote de personal especializado a todos los equipos que actúan en procedimientos judiciales en los que participan víctimas. Lo reclamamos porque es uno de los principios establecidos normativamente a nivel internacional para garantizar el acceso a una justicia efectiva para la víctima. Se considera imprescindible para evitar la victimización secundaria (que sufre la víctima) y para facilitar que (la víctima) pueda ofrecer su testimonio con la mayor calidad posible, así como para identificar la necesidad de protección urgente (que la víctima) pueda tener. Todos los estudios coinciden en que la falta de formación disminuye la posibilidad de que el procedimiento penal llegue a buen puerto, así como de que la víctima encuentre protección y reparación.
La formación profesional adecuada es, primeramente, un derecho y una necesidad de la víctima y un requisito para una justicia de calidad. Por supuesto, esta obligación de formación no alcanza únicamente a los equipos específicos de violencia de género, sino que abarcaría a los equipos forenses, jueces, fiscales, letrados. Es decir, a todos los agentes que entran en acción en el procedimiento.
Con esta noticia parecemos pasar por alto datos relevantes. En primer lugar, que en el análisis de un caso, entre los resultados de los servicios específicos de violencia de género y los que aportan los equipos de evaluación forense de los juzgados, los tribunales se inclinan mayoritariamente hacia los segundos. Por otra parte, la presunción de inocencia hace recaer la duda a favor del reo. La víctima se queda entonces fuera del sistema de protección. El informe del Defensor del Pueblo del año 2014 lo deja claro: los equipos forenses de los juzgados no se seleccionan con criterio de especialización. En el caso gallego, por ejemplo, la Xunta de Galicia establece como único requisito estar en posesión de la Licenciatura en Psicología. Significa que todas las mujeres, niños y niñas que deban ser escuchados-as por medio de estos equipos no tendrán la garantía de que su testimonio se recoja con la calidad a la que obliga la normativa internacional. A menudo, no se recoge el relato de los niños y niñas porque, según ciertos equipos forenses, no pueden entrevistar a menores de 6 años. En realidad sí que existen instrumentos adecuados para estas edades, pero hay que conocerlos, por supuesto. Cogida textualmente la argumentación de estos equipos forenses, sería como decir que los delitos que se cometen contra menores de 6 años no tienen cabida en el sistema judicial. Su palabra, sin duda, no la tiene.
Dejar inoperativos los servicios estratégicos en los que puede apoyarse la víctima, ése es el objetivo del momento
La estrategia que está llevando a cabo la ultraderecha es sencilla: jugar al despiste. Por una parte, la mentira a partir de un hecho supuestamente probado. Aun sin entrar a discutir si en Andalucía estos equipos profesionales poseen o no la formación adecuada, la falta de formación lo que ocasiona es desprotección para la víctima e impunidad. Por otra parte, la mayoría de las resoluciones relativas a la necesidad de protección de una víctima de violencia de género o violencia sexual finaliza en la fase de instrucción. Para muestras el dato de Save the Children: el 70% de las denuncias de abuso sexual infantil no llegan a juicio. Presumir que el sistema perjudica a los acusados de violentos es una falsedad. El gran problema de la violencia de género y la violencia sexual continúa siendo la escasa credibilidad que se concede a la víctima como parte del procedimiento, la incapacidad por parte de los agentes judiciales para reconocer algunos indicadores relevantes de violencia, así como para entender el lenguaje verbal y no verbal de la víctima.
Una cosa sí podemos decir a favor de una parte muy importante de los y las profesionales de estos equipos específicos y es su interés por reciclarse y mantenerse en constante coordinación. La estrategia de los ultra es ahora cargar contra los y las profesionales que acompañan a las víctimas, que hacen los informes de riesgo, que recogen su testimonio. Observamos cómo ciertos sectores que siente la ley de violencia de género como una amenaza para sus privilegios han dirigido la campaña contra aquéllos que se convierten el en canal de transmisión de la voz de las víctimas: psicólogos-as, pediatras, letradas-os,… y ahora los equipos específicos de violencia de género.
Dejar inoperativos los servicios estratégicos en los que puede apoyarse la víctima, ése es el objetivo del momento. Es un discurso interesado concordante con la ideología de la que hace alarde esta derecha ultra y descabezada. Tengamos cuidado de no permanecer pasivas ante la mentira como estrategia. Nos toca mover.
