La degradación de Barcelona en estos últimos años es algo que salta a la vista y que entristece e indigna a una buena parte de la ciudadanía y, por ende, a muchas otras personas que, sin residir en Barcelona, sentimos orgullo de la capital catalana. O, al menos, lo hemos sentido durante mucho tiempo y no nos resignamos a renunciar a él. Queremos recuperar Barcelona. Junto al incremento de la inseguridad y el deterioro del espacio público, hay otra cuestión que se ha puesto de manifiesto en los años de mandato de Barcelona en Comú, por expreso deseo y hasta obsesión de Ada Colau. Me refiero a la defensa de la prostitución como «trabajo sexual» y al descarado apoyo que han recibido por parte del gobierno municipal asociaciones que dicen defender los derechos de las mujeres prostituidas cuando en realidad lo que defienden es el negocio que las explota. El resultado ha sido un lamentable empoderamiento de una retahíla de asociaciones de apoyo al «sector» que se califican a sí mismas de «feministas» a pesar de sustentar una de las caras más terribles de la violencia machista y la explotación de las mujeres.
Hace unos días tuvo lugar en la Ciudad Condal una manifestación abolicionista que sufrió el ataque de un pequeño aunque no por ello menos ofensivo grupo supuestamente regulacionista. Lo que ocurrió lo relataban desde esta misma cabecera Pilar V. de Foronda y Lola Aguilar Redorta en primera persona. Entre otras cosas, contaban cómo las mujeres que increpaban a las manifestantes abolicionistas les terminaron confesando que «alguien» les había pagado cien euros por tan heroica acción.
El candidato socialista a la alcaldía barcelonesa, Jaume Collboni, intentó sin éxito durante este mandato y desde la oposición aprobar una ordenanza similar a la que el grupo socialista presentó con el mismo resultado en el Madrid de Manuela Carmena. Ahora, en campaña electoral, Collboni ha anunciado que de ninguna manera renuncia a esa ordenanza que perseguirá a los prostituidores, a los puteros, siguiendo el modelo de Suecia donde la explotación sexual y la trata han experimentado un claro descenso y se han situado muy por debajo de la que se registra en otros países de Europa. Muy lejos del repunte que, por contra, han registrado en Alemania, país donde la regulación de la prostitución no ha hecho más que disparar las cifras.
El apoyo institucional al regulacionismo es descarado en Barcelona. No sólo desde el Ayuntamiento se ha prestado todo tipo de apoyo a iniciativas y Ada Colau ha hecho proselitismo del proxenetismo sino que desde la Generalitat de Catalunya también ha habido «gestos» denunciables. Sin ir más lejos, la propia Presidenta del Institut Català de les Dones, Núria Balada, firmaba el manifiesto titulado «Barcelona ciudad de derechos» que impulsaron las regulacionistas como reacción a la convocatoria de la manifestación del pasado día 11. Lo peor es que Balada no lo firmó a título particular sino que rubricaba como directora del ICD y del Consell Nacional de Dones de Catalunya. ¡Ahí es nada! Claro que eso explica que el ICD reenviara unos meses atrás, coincidiendo con la preparación de los actos del 8 de marzo, un email de Ca la Dona en clave regulacionista. La «confusión» entre la representación institucional y la utilización personal y partidista de las instituciones es algo lamentablemente habitual en el Govern de la Generalitat. Y también lo son las contradicciones internas en los partidos que lo sustentan. Será por eso que, en plena campaña, Elsa Artadi, alcaldable de JxCat en Barcelona, salía proponiendo un plan abolicionista.
Por aquellas fechas de marzo se había suscitado un enfrentamiento en ese autodenominado «espacio de acción feminista» de Ca la Dona que terminó con la expulsión de las representantes abolicionistas por oponerse a que en el manifiesto del 8 de marzo se hablara de los «derechos laborales de las trabajadoras sexuales», recogiendo así la pretensión de la patronal vehiculizada a través del «sindicato» OTRAS. Una instrumentalización de la manifestación del 8 de marzo que acabaron denunciando públicamente una decena de asociaciones feministas quienes, a su vez, cargaron contra Colau por subvencionar asociaciones como Aprosex, Asociación de Profesionales del Sexo.
Mientras, la «Plataforma por el derecho a no ser Prostituidas» está denunciando la llegada de nuevos contingentes de mujeres procedentes de Honduras y Venezuela, países que padecen graves crisis sociales y humanitarias. La pobreza y la violencia nutren, a costa de las personas más vulnerables, prósperos negocios de la economía neoliberal globalizada. En este punto, la nueva izquierda, la que en Barcelona lidera Colau, y la derecha, especialmente Ciudadanos, se dan la mano y parecen tener, curiosa y tristemente, intereses coincidentes.
El socialismo es declaradamente abolicionista, en tanto que feminista. Somos feministas de verdad, no de boquilla. Por eso no caemos en la trampa del falso mito de la libertad de elección de las mujeres sobre su propio cuerpo. Es evidente que no se pueden tomar decisiones libremente cuando no se tienen cubiertas las necesidades más perentorias, ni tampoco cuando tus familiares están amenazados en tu lugar de origen. Se nos acusa desde el regulacionismo de no escuchar a las interesadas y de no proteger sus derechos «laborales». Que se lo pregunten a Amelia Tiganus y a muchas otras que han conseguido salir de esa dramática situación, de la humillación y la esclavitud de la prostitución. O al ex proxeneta protagonista del libro y el documental de Mabel Lozano. Ellos conocen la realidad de ese mundo desde dentro y ninguno habla de libertad de elección, sino todo lo contrario.
Con todos estos elementos, el voto de las mujeres el próximo domingo 26 de mayo, tanto en Barcelona como en el resto de ciudades y pueblos de España, debe ser en conciencia. Esta vez, también, nuestros derechos están en juego.
