Una comisión oficial de investigación ha denunciado después de tres años de trabajo la complicidad de las autoridades canadienses en lo que ha calificado de «genocidio» perpetrado contra mujeres y niñas indígenas en los últimos años. La investigación se puso en marcha tras la muerte de más de un millar de mujeres y niñas indígenas en las últimas décadas.
Las conclusiones han sido presentadas este lunes en Ottawa e incluyen un amplio abanico de recomendaciones para el Gobierno, la Policía y la población en general para atajar los niveles «endémicos» de violencia contra las mujeres indígenas y también contra personas estigmatizadas por su orientación sexual.
La comisaria jefa de la investigación, Marion Buller, ha defendido las conclusiones no como recomendaciones sino como «imperativos legales» necesarios para poner fin a la espiral de violencia. «Este informe trata del bello pueblo indígena y de factores sistémicos que llevan a que pierda su dignidad, la humanidad y, en demasiados casos, la vida», ha argumentado Buller, la primera indígena que ha llegado a juez de un tribunal provincial canadiense, según recoge la televisión pública canadiense CBC.
«Este informe trata de un genocidio deliberado por motivo de raza, identidad y orientación sexual», ha remachado, al tiempo que ha alertado de que la desaparición y muerte de mujeres indígenas supone una «emergencia nacional».
Entre las medidas concretas que propone, el informe plantea dar reconocimiento oficial a los idiomas indígenas, una renta mínima para los indígenas, profundas reformas del sistema judicial y de la Policía y un agravamiento de las penas para casos de violencia de género.
Así, denuncia que las investigaciones de asesinatos y desapariciones de mujeres indígenas se tratan de forma diferente a los demás casos y por tanto hay menos casos resueltos. Cuando hay opciones razonables de condena, es demasiado frecuente que se alcancen acuerdos de inculpación a cambio de reducciones de condena, que a veces incluso quedan por debajo del mínimo de 10 o 25 años de prisión en los casos de los delitos más graves.
En respuesta propone incorporar más indígenas como jueces, instructores y policías y plantea incluso la creación de una jurisdicción diferenciada para los casos penales con indígenas implicados.
«Los críticos tendrán miedo y se quejarán del coste de la reconstrucción, de que ya se ha hecho bastante, que ya se ha gastado bastante. A ellos les diré que como nación no podemos permitirnos el no reconstruir. De lo contrario, estaremos permitiendo que continúe este genocidio en nuestro propio país y con pleno conocimiento», ha argumentado.
Los indígenas canadienses suponen apenas un 4 por ciento de la población de Canadá, pero sus tasas de implicación en crímenes violentos, pobreza y drogadicción son muy superiores a la media.
