La Fiscalía General del Estado (FGE) subraya en su Memoria correspondiente al año 2018 que en los últimos años no se ha producido un incremento «significativo de procedimientos, ni mucho menos de sentencias», relativos a los que entiende como verdaderos delitos de odio, a pesar de la aparición «casi a diario» de noticias en los medios de comunicación sobre hechos, a su juicio, alejados de lo que se entiende por incitación al odio.
«Ello sirve para que quienes se muestran contrarios a una punición expresa de los delitos de odio hablen de una restricción de la libertad de expresión y una ampliación de la represión de toda opinión por la vía del Derecho penal», advierte el Ministerio Público, al tiempo que recalca que los organismos internacionales siguen interesando una efectiva investigación y punición de este tipo de conductas.
Además, hace referencia a los comentarios recogidos ya en el ejercicio anterior, cuando la Fiscalía General del Estado consideró «necesario» realizar una adecuada ponderación entre el ejercicio de las libertades de opinión, información o expresión –incluida la cultural, artística o humorística–, y el carácter delictivo de aquellas conductas que «implican una incitación a la comisión de hechos discriminatorios o de humillación a las víctimas o exaltación de sus autores».
«Los comentarios recogidos en la memoria del año pasado han tenido un amplio eco, no solo en los medios de comunicación, sino también en los diversos sectores relacionados con la lucha contra la discriminación, tanto órganos de la administración como aquellos otros pertenecientes a lo que llamamos sociedad civil», asegura en el actual documento.
En total, en el año 2018 se incoaron 91 procedimientos judiciales por este tipo de conductas, un 18% más respecto de los registrados en el año 2017, una subida que la Fiscalía si califica de «significativo repunte» confirmando una tendencia al alza detectada en los últimos años, y que atribuye al esfuerzo del Ministerio Fiscal como por entidades y asociaciones del sector civil, organismos públicos con responsabilidad en este ámbito y unidades policiales especializadas.
En todo caso, la Fiscalía insiste en que la recopilación de los datos estadísticos sigue siendo una de las tareas pendientes. «Una vez más los Fiscales delegados comentan en sus memorias respectivas la dificultad de llevar un registro estadístico fiable», explica al tiempo que señala que los registros van mejorando cada año, pero todavía presentan «defectos importantes».
Finalmente, la propone una modificación legal para que la regulación de los delitos de odio, para que abarquen todo tipo de situaciones discriminatorias de una manera uniforme.
