El 90% de las personas que trabajan en las residencias de personas mayores, son mujeres que llevan muchos años sufriendo la precariedad laboral. La falta o escasez de recursos humanos y materiales, con ratios de atención abusivos y salarios bajos que vienen siendo denunciados por UGT de forma sistemática desde hace años. No se trata por tanto de una situación sobrevenida como consecuencia de la pandemia del COVID-19.
La crisis del COVID-19 ha provocado, sin duda, que se extreme y se desborde el trabajo en las Residencias debido a la virulencia de este virus y su rápida propagación, pero también ha puesto en evidencia la dramática situación que ya vivían las trabajadoras y nuestros mayores.
Las trabajadoras, han estado atendiendo a los ancianos sin equipos de protección, sin batas, ni mascarillas, ni guantes, en centros sin medicalizar. Muchas de estas trabajadoras, han expuesto día a día su salud mental y física y su vida por los contagios y por el dama de las situaciones vividas.
Todas esta situación se debe a que los sucesivos gobiernos del PP de la Comunidad de Madrid, desde 2006, han ido desmantelando los centros públicos que ya existían y privatizando los centros de atención residencial que se han ido abriendo desde que entra en vigor la Ley de Dependencia. De las 475 residencias de La Comunidad de Madrid las que son gestionadas por concierto bajo gestión privada son mayoría, 353 privadas (83%) y solo 72 públicas (16,9%).
Las Residencias de Mayores se han ido abriendo no con vocación de servicio, sino como negocio lucrativo. Están gestionadas, muchas de ellas, por empresas sin experiencia alguna en servicios sociales y que gestionan residencias solo para ganar dinero, cuando este es un sector cuya única rentabilidad debería ser la social.
Con la pandemia del coronavirus, hemos asistido al drama de las personas mayores que enferman y mueren sin poder ser atendidos en condiciones
Con la pandemia del coronavirus, hemos asistido al drama de las personas mayores que enferman y mueren sin poder ser atendidos en condiciones y al de sus familiares que no han podido acompañarles por la cuarentena y el confinamiento; pero también, hemos visto, la impotencia y el agotamiento físico y psicológico de las trabajadoras que han vivido sin duda los peores días de sus vidas.
Todo esto es bien sabido por los responsables de nuestra comunidad que en la actualidad se recriminan unos a otros la responsabilidad de no haber derivado a los hospitales a nuestros mayores.
Estamos hablando de más de 6.000 mayores fallecidos con nombres y apellidos. Todos y todas vivieron, trabajaron y lucharon por levantar este país después de una guerra cruenta como fue La Guerra Civil Española, donde muchos de ellos y ellas lucharon contra la dictadura y fueron represaliados por ello. Son los hacedores de nuestro Estado de Derecho y de que los más jóvenes hayamos nacido en un Estado democrático.
Quiero hacer un reconocimiento expreso al consejero de Políticas Sociales en la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero. Sabemos que envió dos correos el 22 de marzo al responsable de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero (PP), en los que advertía de la posibilidad de que muchos mayores falleciesen «en unas condiciones indignas» en las residencias durante la pandemia de coronavirus, según ha desvelado este viernes El País. También alertaba de que podría incurrirse «en una discriminación de graves consecuencias legales» si en los protocolos se recogía negar el auxilio a personas con discapacidad de cualquier edad.
El consejero de Políticas Sociales, pidió el jueves 19 la intervención del personal médico del Ejército pero la presidenta Isabel Díaz Ayuso le desautoriza. Ese domingo 22 escribe dos correos a su compañero de Gobierno responsable de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, para poner en duda la ética y legalidad de los protocolos. Reyero, progresivamente apartado por Ayuso, insistiría durante semanas con escritos a Escudero y declaraciones en medios quejándose del abandono de las residencias. Pide un refuerzo médico que solo puede prestar Escudero.
Una Orden del Ministerio de Sanidad del 19 de marzo pidió a las residencias que dividieran su espacio en cuatro zonas, en función del estado de los residentes. Esta orden fue muy difícil de cumplir en residencias pequeñas. Las muertes crecieron descontroladas la última semana de marzo y las dos primeras de abril en todo tipo de centros, grandes, pequeños, públicos y privados. A pesar de ello la Comunidad solo ha dado datos de muertes y contagios globales, y no ha hecho público el número de muertes por centro.
Exigimos el reconocimiento público a la labor de las trabajadoras de las Residencias de Personas Mayores de nuestra Comunidad, por su dedicación y su compromiso social.
Exigimos la dotación necesaria y de calidad en los centros residenciales de mayores de nuestra Comunidad.
