María Martín Romero es la presidenta de la asociación granadina La Volaera, integrada por víctimas de violencia machista. María sufrió esta violencia en primera persona hace veinte años y desde entonces se ha volcado en la construcción de una red de supervivientes. Su teléfono no para de sonar. Las mujeres llaman para contar historias terribles y para pedir ayuda. Acompaña a las víctimas, informando sobre los recursos públicos de los que disponen y respalda a muchas compañeras cuando van a casa, al supermercado o al hospital. La Volaera funciona a menudo como el último destino cuando los recursos de la Administración, como las terapias psicológicas, han llegado a su fin. Las mujeres “volaeras” proporcionan un respaldo de compañía, comprensión y, en algunos casos, de apoyo mutuo para conseguir una vivienda, trabajo o comida.
Antes del confinamiento entrevisté a María Martín acerca de la situación de los niños y las niñas que han vivido en hogares marcados por la violencia machista. Lo que aquí transcribo continúa siendo aplicable, aunque según explica María, las condiciones de vida de las víctimas han empeorado con la pandemia.
¿Cuál es la situación general de los niños y niñas víctimas de violencia de género?
Las víctimas necesitarían una asistencia integral que no están recibiendo. No pueden ir a una oficina distinta para cada cosa. Requieren seguridad, trabajo, vivienda, asistencia jurídica y laboral…y los menores están en una situación de total desprotección.
Hay víctimas que se han quejado del “protocolo viogen” porque ignora el riesgo para los menores, ¿a qué se refieren?
El “protocolo viogen” es una batería de preguntas que se hace a las mujeres para medir el riesgo que corren de ser agredidas o asesinadas. Se usa para proporcionarles las medidas de protección necesarias, pero no contiene preguntas relativas a menores. Por ejemplo, no contempla las amenazas del tipo “voy a matar a los niños”, pese a que ha habido casos muy conocidos en los que tras este tipo de amenazas, el maltratador ha asesinado a las hijas. Es urgente modificar el protocolo para incorporar estas preguntas o introducir una cláusula que permita valorar situaciones graves que el protocolo no contemple.
¿Cuál es la situación de los niños y niñas huérfanos de la violencia de género en la provincia de Granada?
A los huérfanos de la violencia de género de la provincia no les están llegando las prestaciones que les corresponden por ser víctimas de violencia de género. Se supone que, según el Pacto de Estado, deberían estar cobrando lo mismo que las víctimas del terrorismo, pero yo veo que no les está llegando. En la provincia hay niños huérfanos de madre víctima, que viven en circunstancias de extrema precariedad y exclusión social, que no han accedido a las prestaciones prometidas ni a ninguna ayuda en materia de vivienda, agua y luz, alimentación o educación. Los menores y los familiares que se hacen cargo de la tutela del menor (por ejemplo, su abuela) se ven obligados a depender del dinero proporcionado por el asesino desde prisión y esta circunstancia dificulta el duelo y produce confusión.
¿Cómo es posible que no esté llegando a las víctimas el dinero del Pacto de Estado?
El presupuesto establecido por el Pacto de Estado parece que se está dedicando a otras actividades en lugar de destinarse a las necesidades urgentes de las víctimas (vivienda, trabajo, protección, etc.). Habría que trazar prioridades y distribuir bien el presupuesto, para que primero llegue a lo más importante.
¿Quién se encarga de la recuperación psicológica de los niños, niñas y adolescentes?
Se encarga el Instituto Andaluz de la Mujer, que asiste a las víctimas y menores. Pero habría que revisar la formación de los profesionales implicados, también en situaciones complejas, como el caso de los niños que se ponen en contra de la madre que denuncia a su padre o incluso adolescentes que pegan a su madre víctima, y están enfadados con ella por “mandar a su padre a la cárcel”. Lo que observamos es que, pese a la existencia de instituciones, los niños y niñas están psicológicamente abandonados, no tienen tratamiento psicológico. Y cuando llegan a los 18 su situación de indefensión se prolonga. Hacen falta más medios. En la seguridad social debería haber psicólogas especializadas en maltrato que atendiesen a estos menores.
Uno de los principales problemas que hemos detectado del Instituto Andaluz de la Mujer es que no hacen informes vinculantes que sirvan de pruebas periciales en los procesos judiciales. Para las víctimas sería crucial que hicieran esos informes, porque así podrían demostrar que existe violencia, especialmente la psicológica. Como no los hacen, las víctimas gastan mucho dinero para pagar un informe privado que además luego no tiene la misma credibilidad que tendría un informe de la Administración.
¿Cómo se prueban de cara al juicio la violencia psicológica contra los menores y las secuelas que sufren?
El peritaje de la violencia psicológica sufrida por los/as menores es realizado por los forenses de la UVIG (Valoración Integral de Víctimas de Violencia de Género) del Ministerio de Justicia. El problema que encontramos aquí es que valoran el daño psicológico en los juzgados, atendiendo a los niños en una hora y media, ¿cómo va a abrirse un niño al que no has visto nunca en una hora y media? La información acerca del estado de los menores que se tiene en cuenta en el proceso penal es muy limitada.
¿Estas unidades forenses también evalúan para la custodia de los menores?
No, la valoración del estado psicológico de los/as menores para determinar la custodia la hacen los equipos psicosociales. El problema es que tardan una media de nueve meses en dar cita y mientras tanto los menores siguen estando obligados a ver a sus padres maltratadores en los puntos de encuentro.
Las asociaciones de víctimas denuncian muchas irregularidades en los puntos de encuentro…
Sí, es que son concesiones de las CCAA a empresas privadas. Se han detectado importantísimas irregularidades en puntos de encuentro de toda España. En concreto, la aplicación del falso Síndrome de Alienación Parental y de la Terapia de la Amenaza. Muchas madres han sido hostigadas, porque se han detectado puntos de encuentro que parten de que las denuncias por violencia de género son falsas. Es imprescindible examinar exhaustivamente a las empresas que tienen esta concesión (algunas han sido vinculadas con grupos ultra-católicos).
En los informes que hacen estos puntos de encuentro encontramos dos situaciones negativas: los puntos de encuentro tienen mucha información sobre los menores y la violencia que sufren, pero muchos puntos se niegan a hacer informes, otros realizan informes irregulares basados en ideas machistas como la alienación parental. Habría que eliminar todos los puntos de encuentro o al menos que fueran controlados por la Administración y vigilados por un organismo especializado en violencia de género. Las asociaciones de víctimas podrían participar en la vigilancia.
¿Qué es el Síndrome de Alienación Parental?
Es un falso síndrome que, aunque está rechazado por las sociedades científicas internacionales, continúa aplicándose en sentencias judiciales y en informes. Se utiliza con nombres diversos como “interferencia marental”, “madre manipuladora” o “instrumentalización de los niños/as”. Su uso ha sido condenado por el Consejo General del Poder Judicial, pero sigue empleándose en informes de equipos psicosociales y puntos de encuentro con la finalidad de invalidar la palabra de los menores en juicios por violencia de género o abuso sexual infantil. El síndrome también se emplea para quitar la custodia a las madres y dársela al padre abusador o maltratador. Su empleo en procesos penales o civiles debería dar lugar a la nulidad de las sentencias, por prevaricación.
En la Volaera tenemos varios casos de custodias concedidas al padre con el argumento del SAP (casos tanto de abuso sexual infantil como de violencia de género). Es difícil para mí explicar en pocas palabras el daño tan grande que implica el hecho de que una sentencia judicial obligue a una niña a estar en manos de un padre maltratador o que abusa sexualmente de ella. Este daño no lo experimenta solo la madre, sino especialmente la niña o el niño.
Las víctimas también se oponen a la figura del coordinador parental…
Sí, nos oponemos al coordinador parental y a cualquier figura de mediación familiar. La mediación puede empeorar todavía más la situación de estos menores que son prisioneros de sus padres maltratadores y abusadores. Hay muchos casos de violencia de género no denunciada o con absolución por falta de pruebas. Forzar una mediación en una situación de violencia alimenta la violencia.
¿Qué organismo debería valorar la violencia contra los menores?
Deberían participar todas las Administraciones que se relacionan de forma cotidiana con los niños y niñas. Por ejemplo, las maestras y las orientadoras. Debería ser obligatorio recabar el testimonio de estos/as profesionales, con cierto anonimato para garantizar su seguridad. Pero eso sí, debemos estar prevenidas acerca de la manipulación del profesorado que se ha intentado llevar a cabo desde algunos puntos de encuentro siguiendo la “doctrina del SAP” (llamadas telefónicas advirtiendo a la escuela que la madre manipula a los/as niños contra el padre y advirtiendo que ésta no debe acudir a recogerlos).
También pueden saber mucho sobre la salud los menores los médicos/as de familia. No reciben formación sobre menores víctimas de violencia de género ni sobre la importancia de su colaboración. Del mismo modo, los pediatras deben hacer informes y derivar al psicólogo/a infantil cuando sea necesario. Para mejorar la atención sanitaria de los niños y niñas, sería beneficioso que se investigase más sobre las secuelas de la exposición a la violencia de género.
Por supuesto, es importantísimo el papel del equipo psicosocial, pero además de este equipo, sería fundamental que el juez/a valorase a los niños a petición de la madre, para tener una impresión directa y detectar posibles irregularidades, como el uso del falso SAP o el ninguneo de la palabra del/a menor (que tiene derecho a ser oído).
¿Los maltratadores siguen teniendo custodias?
Desde luego, los maltratadores condenados están recibiendo derecho a custodia y visitas. No debería ser así. En el caso de los acusados de maltrato pero absueltos, el interés superior del menor debería conducir a la retirada de custodia ante el menor indicio de delito de maltrato o de abuso sexual infantil. Sabemos que muchos casos se archivan o absuelven por falta de pruebas, porque es muy difícil probar la violencia que ocurre de puertas a dentro. Pero el derecho civil se rige por el interés superior del menor. Esto significa que ante el mero indicio de maltrato o abuso sexual, debe retirarse la custodia al padre. Es una auténtica locura que se estén dando custodias compartidas a maltratadores y que se estén retirando custodias a madres incluso con condena del padre por violencia de género.
Con respecto a la custodia compartida, es un sistema muy bueno si las relaciones entre los padres son fluidas, pero en la práctica el modelo está abriendo la puerta a la violencia machista. Hay CCAA en las que este sistema se impone en todos los casos o se impone en sentencia judicial pese a la oposición de la madre. El Código Civil dice que no se puede conceder esta custodia en los casos en que el padre esté acusado de violencia de género, pero hay muchos casos en los que se ha dado la custodia a maltratadores que ya cumplieron condena, a los que fueron absueltos por falta de pruebas o en casos en los que nunca hubo denuncia o la víctima la “retiró”. Desde la Volaera señalamos que, ante el mínimo indicio de violencia de género o abuso sexual infantil, no deberían concederse ni la custodia compartida ni la custodia paterna. En ningún caso debería imponerse la custodia compartida sin acuerdo entre el padre y la madre, porque en muchos casos la ausencia de acuerdo es indicativa de violencia de género no denunciada. Hay muchas, muchísimas mujeres, que no se atreven a denunciar.
He escuchado un caso de una víctima de violencia de género a la que la Administración le ha arrebatado la custodia de los niños/as por “desprotección del menor”, ¿hay casos así en la Volaera?
Hay mujeres, tanto víctimas como madres de mujeres asesinadas, que temen perder la custodia de los niños porque viven en situaciones de mucha vulnerabilidad económica o sufren secuelas psicológicas. Cuando no te llega ninguna prestación, te quedas en una situación penosa. El sistema, muchas veces, en lugar de ayudar a estas mujeres, las amenaza con perder la custodia. La “plataforma Luna”, una asociación de víctimas del SAP, denuncia que hay un instrumento que se llama “Balora”, que está en muchas CCAA y que sirve para examinar si un menor vive en situaciones de miseria o peligrosas. Se usa para decidir si hay que quitarle la custodia a las familias. El problema es que no tiene perspectiva de género, así que las mujeres que han sufrido violencia de género, que han sido prostituidas o que han vivido otras situaciones tremendas, sufren un miedo muy grande a perder a sus hijos.
