En materia de políticas públicas con perspectiva de géneros, la realidad argentina supera con creces el cambalache del tango. De un tiempo a esta parte, las mujeres vivimos revolcadas y manoseadas en un auténtico merengue donde todo es igual y cualquier cosa es feminismo, tanto una agenda como la contraria. El relativismo cultural e identitario se fue apropiando lentamente de los espacios y derechos que las argentinas supimos conseguir. La avanzada se ha precipitado todavía más durante los últimos meses, a partir de la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad el pasado diciembre, con la asunción del nuevo gobierno.
El propio nombre de este Ministerio expresa de suyo la línea política propuesta, a saber, la minorización de las mujeres, homologadas a las más variadas identificaciones de géneros y diversidades que el imaginario masculino es capaz de construir. La conjunción mujeres/géneros/diversidades garantiza la vigencia, a título de identidades subjetivas, de los mismos estereotipos sexistas que supone eliminar. Los roles y comportamientos discriminatorios que la agenda feminista exige abolir, reingresan por la ventana de la agenda multi-genérica. Esto vale especialmente respecto de la explotación sexual y reproductiva de las mujeres, donde no queda claro si el Ministerio buscará eliminarla conforme lo reclama la desigualdad estructural de género, o legitimarla según los íntimos deseos y las profundas identificaciones de los géneros. El hecho de institucionalizar desde el Estado la confusión entre género y géneros, estados mentales y sexo facilita la invisibilización de las mujeres y la distorsión de sus intereses políticos. Pero pasemos a los hechos, apenas unos pocos de muchos más.
institucionalizar desde el Estado la confusión entre género y géneros, estados mentales y sexo facilita la invisibilización de las mujeres y la distorsión de sus intereses políticos.
El reciente Plan Nacional de Acción contra las Violencias por motivos de Género lanzado por el Ministerio de los Géneros para el periodo 2020-2022 desconoció el pedido de las organizaciones feministas para incorporar al Plan la prostitución, habida cuenta de que Argentina es oficialmente un país abolicionista y por lo tanto el pedido no debería siquiera haber existido. Sucede que, según el relativismo identitario y el mercado multibillonario de los cuerpos, ser puta es también una identidad subjetiva a reconocer y regular. Tan es así que en el pasado junio el Ministerio de Desarrollo Social hizo el intento, finalmente fallido gracias a la acción colectiva abolicionista, de incluir el “trabajo sexual” en el Registro Nacional de la Economía Popular. A pesar de esa fallida incorporación, el propósito de naturalizar la prostitución y legitimar el proxenetismo sigue operando por la vía socio-cultural, estrategia mediante de romantizar el mercado prostituyente como un servicio social esencial, digno, libre y seguro para todos los agentes involucrados. Este es el discurso que se hizo sentir en el 3º Congreso Internacional de Educación celebrado a principios de agosto con el auspicio de Ministerios nacionales y provinciales, legislaturas y universidades, cuyos oradores apuntaron a la necesidad de introducir el trabajo sexual como contenido curricular de la educación sexual integral. Sin duda, promover la prostitución en las aulas es un elemento indispensable de toda formación que aspire a la igualdad y dignidad humanas.
En materia meta-discursiva la cosa no camina mejor. La categoría política y jurídica “mujer” prevalece cuando se trata de víctimas de violencia y desaparece del resto. El neutro asexuado “persona” constituye una designación más propicia para albergar todos los géneros con independencia del sexo en cuestión. Valga recordar al respecto que desde el año 2012, cuando Argentina aprobó la Ley de Identidad de Género, la categoría mujer fue redefinida en términos de autopercepciones subjetivas a los efectos de incluir en ella a los varones. De este modo, a fin de evitar confusiones y discriminaciones, se recomienda el uso del neutro persona con el agregado de performances corporales tales como gestar, menstruar, amamantar o eyacular. Resulta así, por ejemplo, que un proyecto de reforma del Código Penal presentado al Congreso argentino semanas atrás sustituyó la categoría “mujer embarazada” por la de “persona embaraza” argumentando que este último era un concepto “perimido y anacrónico”. En el mismo sentido, la Ley de Parto Humanizado en curso en el Congreso de la Provincia de Buenos Aires reemplazó “mujer” por “persona gestante”. A esto hay que sumar los desopilantes neologismos del Ministerio de Salud refiriéndose a las “personas amamantantes” con “leche humana”. Estimamos que también la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo sustituirá la categoría mujer por la de persona gestante. Eso lo confirmaremos recién cuando su proyecto llegue al Congreso de la Nación, porque de momento el gobierno nacional ha considerado que su tratamiento no es prioritario y debía posponerse. Mientras se abordan las cuestiones realmente prioritarias, las mujeres argentinas siguen muriendo por abortos clandestinos.
un proyecto de reforma del Código Penal presentado al Congreso argentino semanas atrás sustituyó la categoría “mujer embarazada” por la de “persona embaraza”
La mayor sorpresa llegó días atrás, exactamente el 19 de agosto, con la noticia de que la Cancillería junto con el Ministerio de los Géneros proponían a la abogada Marisa Herrera como candidata de Argentina a la CEDAW (la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer) para el período 2021-2024. Marisa Herrera es una de las principales promotoras en el país de la explotación reproductiva de las mujeres, por cuya reglamentación aboga públicamente por lo menos desde la sanción del nuevo Código Civil y Comercial de 2015, al cual incorporó el concepto de “voluntad procreatoria” habilitante de la gestación por sustitución. Para Herrera, el uso de las mujeres cual envase descartable constituye una simple técnica de reproducción asistida. Entre los argumentos a su favor, la candidata apela a la necesidad de regular para controlar una realidad insoslayable, y al derecho fundamental de las personas diversas a conformar una familia sin ser discriminadas. Sumado a esto, la flamante postulante es conocida por su posicionamiento a favor del falso síndrome de alienación parental, reeditado ahora bajo la figura del cuidado compartido impuesto y la revinculación con padres abusadores y violentos.
En una palabra, el compromiso de Herrera con los derechos humanos de las mujeres se enmarca en su compromiso con la regulación de la explotación sexual y reproductiva, y la revinculación forzada de la infancia. Para rematar su disruptiva postulación, la interesada ha declarado que, de ser electa, buscará ampliar la agenda de los géneros en el plano internacional al colectivo de las diversidades. A juzgar por sus dichos, el reconocimiento y cumplimiento de los derechos humanos y universales de las mujeres basados en el sexo, tal como la CEDAW los sostiene, a Herrera le queda chico. Por lo demás, llama la atención que su candidatura salga a la luz pocos días después de que arribara al Congreso argentino el proyecto de incorporar la gestación por sustitución al Código Civil y Comercial de la Nación, presentado también por el partido de gobierno. Dado el caso, vemos que la subrogación sí constituye un proyecto prioritario.
La postulación de Herrera desnuda un proceso de erosión política que las mujeres argentinas sufrimos desde hace tiempo y que coincide con la feroz avanzada de una agenda relativista en materia moral, constructivista en cuanto al sexo, neoliberal y globalizada en lo económico. Argentina es uno de los ejemplos más dramáticos de esta avanzada neo-colonial, pero no el único. Lo que sucede en Argentina replica en el resto de Latinoamérica y la pregunta obligada es qué lobbies están detrás de esta tendencia generalizada. ¿Podría convertirse el sur empobrecido, endeudado y subdesarrollado en un destino privilegiado para el turismo sexual y reproductivo del norte enriquecido? ¿Serán las mujeres latinoamericanas el territorio de un nuevo extractivismo? ¿Acaso los burdeles y las granjas de paridoras constituyan la alternativa laboral de las más pobres? En un mundo cada vez más tecnificado, donde la mitad de la población corre el riesgo de quedar desempleada, el cuerpo de las mujeres cotiza en alza, mucho más si contamos los niveles de marginalidad, déficit financiero y crisis social que la pandemia dejará en los países emergentes. ¿Pagarán otra vez la deuda las mujeres y niñas empobrecidas?
Como dice el tango, el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En especial aquel que insiste en institucionalizar la explotación de las mujeres como política de Estado. Justo por eso y contra eso existe y seguirá existiendo la voluntad transformadora del feminismo.
