El 28 de mayo de 2005 nació en Argentina la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, recogiendo una muy extensa tradición de lucha en tal sentido. Este del que hablamos es, apenas, el último episodio de esa saga.
En sentido estricto, la legalidad del aborto, al menos para ciertos casos, tiene aquí casi cien años de existencia. En efecto, el artículo 86 del Código Penal ya establece, desde 1921, la posibilidad de realizar abortos no punibles, pero lo restringe a los casos en que existiere peligro para la vida o la salud de la madre, o “si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente”. En su interpretación restrictiva, esto sólo era aceptable en el caso de violación a una mujer “idiota o demente”. Recién en 2012, un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronunció a favor de la interpretación más amplia, es decir, válido para toda mujer víctima de violación. Buena parte de la razón de esta nota aclaratoria se debió a que los médicos se negaban a practicar abortos incluso en su acepción más restringida, con la excusa del temor a sanciones legales. De esa manera, se dilataban las cosas hasta que el aborto ya no era posible.
A partir del 2007 comenzaron a enhebrarse una serie de medidas tendientes a flexibilizar la realización de la práctica. Sin embargo, cada una de esas medidas era una perlita que iba configurando un collar envenenado de obstáculos y limitaciones, disfrazado de concesión y logro. En ese año, el gobierno kirchnerista elaboró el primero de los protocolos (luego habría versiones bajo el gobierno de Macri) para que se atendieran los casos tipificados en el Código Penal, una “Guía para la atención de abortos no punibles”. Ese primer protocolo, por ejemplo, requería la denuncia judicial o policial de violación; a partir del 2010, dicho requisito ya no fue necesario. Debemos señalar que estos protocolos de I.L.E. (Interrupción legal del embarazo) no implicaban (y no implican) en modo alguno que la práctica fuera realizada, dado que no tienen carácter de ley y por lo tanto, no obligan ni a las personas ni a los representantes del Estado a cumplirlos. De allí que cada jurisdicción puede decidir si adhiere al protocolo o no. Por otra parte, tampoco se garantiza su gratuidad.
Fue así que una agrupación de feministas conocida a partir de allí como “la Campaña”, elaboró un proyecto de ley que fue presentado al Congreso en ocho oportunidades, la primera en 2007 y la última en 2019. La primera fue desestimada por orden de Cristina Kirchner. La última aún tiene estado parlamentario y fue puesta a discusión y votada, por iniciativa del gobierno de Mauricio Macri. En el año 2018, el gobierno de Macri abrió el debate a la sociedad y pasaron por las Cámaras más de mil expositores a favor y en contra. Durante todo el proceso, el movimiento de mujeres estuvo en las calles y en los medios de comunicación luchando por la aprobación del proyecto, que finalmente, obtuvo media sanción: fue aprobado por los Diputados y rechazado por los Senadores, por muy escaso margen, en agosto de ese año. La votación no siguió un clivaje preciso en términos políticos: en general, todos los partidos, salvo la izquierda trotskista, que votó unánimemente a favor del proyecto, se dividieron entre “verdes” y “celestes”, tal como se identificaba cada postura, a favor y en contra, por el color del pañuelo que se hizo costumbre portar como señal de inclinación en relación al tema.
una agrupación de feministas conocida a partir de allí como “la Campaña”, elaboró un proyecto de ley que fue presentado al Congreso en ocho oportunidades, la primera en 2007 y la última en 2019.
Cuando se presentó el proyecto por última vez, sabíamos que en 2019 no se iba a discutir. Era un año electoral y las preocupaciones estaban en otro lado. En diciembre del año pasado asumió el nuevo gobierno nacional: el “kirchnerismo” volvió al poder central, esta vez de la mano de Alberto Fernández (un oportunista político que pasó por todos los partidos y llegó a insultar en público a su hoy vice hasta que ella lo ungió como candidato) y con Cristina como vicepresidenta. El presidente sostuvo (tanto durante la campaña electoral como luego de asumir) que estaba a favor de la “legalización”. Sin embargo, no promovió el proyecto histórico que, repetimos, todavía tiene estado parlamentario, es decir, se puede volver a discutir, sino que esta semana presentó uno propio. Agobiado por una crisis económica similar a la del 2001, a la caída en picada de su imagen en las encuestas como producto de su absoluta incapacidad para lidiar con la situación, habiendo perdido incluso el reconocimiento que se le otorgaba por el tratamiento inicial a la pandemia, el jefe de gobierno se vio compelido a darle “algo” a sus partidarios, cansados de tener que defender una política de ajuste brutal. Fernández tuvo entonces que desempolvar una promesa de campaña que parece que lo mete en más problemas que los que le soluciona. En efecto, se encuentra atenazado entre los reclamos de gran parte de sus bases políticas, integrantes del movimiento de mujeres, por las promesas realizadas y la reticencia del cristinismo a votar a favor. El Frente de Todos está dividido y Cristina, que en el 2018 votara a favor, en momentos en que enfrentaba una situación judicial complicada, hizo un llamamiento a la tolerancia y a la conciliación entre los dos pañuelos, el verde y el celeste. Hoy, cuando ya recuperó en gran medida su tranquilidad judicial y es la responsable de la Cámara de Senadores, la vicepresidenta sostiene que ni siquiera su propio partido puede garantizar que los parlamentarios voten a favor.
Entonces, en medio de las tensiones políticas internas, de las negociaciones con el Papa Francisco (cuyos vínculos con el gobierno ayudan a contener la crisis social) y de los arreglos con otras Iglesias (como los de Verónica Magario, intendenta kirchnerista de La Matanza, el mayor distrito de la provincia de Buenos Aires), de las promesas y sus dilaciones, el hecho de que el Poder Ejecutivo haya pergeñado un proyecto propio, habiendo uno disponible era, cuanto menos, sospechoso. ¿Cuál era la trampa? Antes de la presentación, sabíamos que el proyecto oficialista iba a salir con objeción de conciencia, aunque desconocíamos cuál sería el alcance de dicha objeción.
el Poder Ejecutivo ha pergeñado un proyecto propio. ¿Cuál era la trampa? Antes de la presentación, sabíamos que el proyecto oficialista iba a salir con objeción de conciencia, aunque desconocíamos cuál sería el alcance de dicha objeción.
El artículo sobre la objeción de conciencia es, tal como lo sospechábamos, el que posibilitará que la voluntad de la mujer no se realice. Si bien señala que el personal de salud no podrá negarse a realizar la interrupción del embarazo sin necesidad de justificación por parte de la mujer hasta la semana 14, e incluso después, si la vida o la salud de la mujer están en peligro, deja librado a cada profesional particular la decisión de intervenir. Las obligaciones de los objetores son las siguientes: a) ser objetor tanto en el ámbito público como en el privado, b) “derivar de buena fe y sin dilaciones a la paciente para que sea atendida por otro/a profesional” y c) “adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el acceso a la práctica”. Hay otro elemento que parece menor, pero no lo es. El proyecto del oficialismo coincide con el de la Campaña en que el aborto debe realizarse hasta la semana 14 sin causales necesarias, aunque difiere en el plazo que tienen los profesionales para efectivizarlo desde el momento de la presentación de la mujer que lo solicita: el de la Campaña indica 5 días como tope, el de Alberto, 10. Esto que parece un detalle, revela su importancia cuando se lo suma al otro proyecto que acompaña al del aborto: el de los “mil días”. Se trata de una normativa que permitiría otorgar un subsidio monetario a aquellas que decidieran no abortar, que se extendería por tres años. No se trata simplemente de un “complemento” legal para quedar bien con la Iglesia. Se entiende que la dilación de plazos es necesaria para presionar, médicos y autoridades religiosas mediante, sobre la mujer en cuestión, a fin de hacerla desistir.
Estado de situación
Sostenemos que esta formulación de la objeción de conciencia en el proyecto destruye todo el espíritu de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), tal como las feministas venimos militando desde hace 15 años. En primer lugar, en las provincias se presentan muchos problemas. Sabemos que allí los médicos son masivamente objetores y no simplemente por convicciones propias, sino por la intensa presión social al que están sometidos, en ciudades pequeñas y relativamente cerradas. Las instituciones médicas y los colegios médicos, sumados a los políticos provinciales y las Iglesias (fundamentalmente la Católica y la Evangélica) hacen que los pocos profesionales que aprueban la IVE se vean obligados a objetar: de lo contrario, pierden sus trabajos o se exponen a denuncias penales. Esto implica que, de facto, esas objeciones individuales se conviertan en objeciones institucionales, con el consecuente problema para las niñas y las mujeres (en su mayoría en situación de pobreza o indigencia) de tener que trasladarse a otro pueblo, ciudad o provincia donde se garantice su derecho. ¿Quiénes pagarán los traslados y estadías? Si la mujer trabaja, ¿cuánto tiempo le insumirá trasladarse hasta una provincia no objetora?
En la provincia de Misiones, en el extremo norte de la Argentina, en la frontera con Brasil, por ejemplo, la mayoría de los médicos son objetores. En el caso de los médicos del Hospital Materno Neonatal, el plantel íntegro se niega a practicar ILE, incluso según el protocolo con causales no punibles. Cabe recordar que en esa provincia, los médicos se manifestaron públicamente a favor de la objeción de conciencia institucional, lo que significa que si una clínica u hospital no quiere, aunque hubiera personal dispuesto a realizarlo, no tendría lugar disponible y se arriesgaría a sanciones laborales. Tanto es así que en 2018, 201 niñas menores de 15 no tuvieron acceso al procedimiento en Misiones y fueron obligadas a parir.
En la provincia de Misiones, en el extremo norte de la Argentina, en la frontera con Brasil, por ejemplo, la mayoría de los médicos son objetores.
En Tucumán, otra provincia del norte del país y muy “tradicionalista”, el año pasado, una niña de 11 años fue obligada a parir como producto de las presiones de la Iglesia Católica. Lucía había llegado al hospital pidiendo que “le sacaran lo que su abuelastro le había puesto adentro”. Embarazada de 21 semanas, el gobierno provincial ordenó que no se realizara el procedimiento hasta tanto hubiera una decisión judicial, la cual llegó 4 semanas después. “En Tucumán solo dos hospitales públicos realizan abortos no punibles y casi todos los médicos que trabajan en ellos son objetores de conciencia. En el caso de Lucía, la fiscalía de Homicidios emitió un oficio en el que advertía que interrumpir el embarazo podía suponer la comisión de un delito. Por miedo a las consecuencias legales, los dos únicos médicos no objetores del hospital se negaron a realizar la intervención.” Los médicos que finalmente realizaron el aborto fueron amenazados y luego, tuvieron que enfrentar una denuncia penal por homicidio calificado.[1] En una situación similar se encuentra la provincia de Jujuy. Una niña de 12 años solicitó un aborto no punible en el hospital Paterson de San Pedro de Jujuy, también del norte argentino, dado que su embarazo había sido producto de una violación. El director de ese hospital se lo negó y la provincia determinó el traslado hacia la capital jujeña.[2]
En la provincia de Mendoza, las presiones de las asociaciones en contra del aborto son moneda corriente[3], en particular, las vinculadas a la Iglesia Católica. El caso de la Asociación por una Vida más Humana es paradigmático.
En 2018, antes de la votación en la cámara de Senadores, en Cipolletti, una ciudad de la provincia de Río Negro, del sur de la Argentina, los médicos se manifestaron en contra del aborto y “aseguraron que la falta de profesionales impediría que la ley se implementara con normalidad en la región. Como alternativa propusieron acompañar a la mujer embarazada con psicólogos, trabajadores sociales e incluso alguna ayuda económica.”[4] Entra aquí a jugar, y se entiende cómo, el proyecto de “los mil días”. Se trata de una situación perversa por la cual a una mujer embarazada que está pasando necesidades económicas le ofrecerán una limosna que, en un contexto hostil, se verá obligada a aceptar, resignando su derecho a decidir por el sentido de su vida y su futuro. Un instrumento de clase, además, porque no afecta a aquellas mujeres que no tengan limitaciones económicas. Es decir, una trampa para las mujeres obreras.
Esto demuestra que en las provincias, el artículo de la objeción de conciencia individual que no exige a la institución sanitaria (ya sea pública o privada) que garantice que siempre haya profesionales no objetores, hace posible, de hecho, la existencia de la objeción institucional, aunque no esté dicho en la ley. La trampa del proyecto oficial se refuerza cuando una ley que debe imponerse con fuerza de tal, confía en que los profesionales actúen de buena fe, como si no hubiera “objetores militantes”.
El problema que debía ser resuelto por una decisión social, resumida en una ley, queda confinado en el campo de la mujer individual, con el agravante de un contexto social e ideológico que no la apoya ni favorece. O sea, no solamente tuvo que gestar y parir contra su voluntad, sino que posteriormente tendrá que demostrar que quien/es detentaron el poder de obligarla, obraron de mala fe o promovieron dilaciones. El estado promueve una ley cuyo cumplimiento deja librado a los individuos particulares. El estado no garantiza que la interrupción voluntaria del embarazo sea un derecho. En resumidas cuentas, Fernández solamente amplió el protocolo de ILE.
Se nos dirá que hay que ir paso a paso, pero sabemos que si hemos llegado hasta acá como producto de la lucha, no podemos tomar como bueno un proyecto que dice que otorga un derecho y a la vez deja la puerta abierta a la negación de ese derecho. Peor aún. Todavía falta que el proyecto pase por el Congreso. Allí es probable que, incluso con estas concesiones que hemos señalado, no sea aprobado. Se tratará de un doble fracaso, que nos hará retroceder décadas y que deberemos “agradecerle”, una vez más, a Cristina, hoy por hoy, la principal defensora del pañuelo celeste en los hechos.
Una última perlita corona este collar envenenado: en el último proyecto de la Campaña ya se había incorporado el nefasto neologismo del generismo queer que alude a las “personas gestantes”, aunque siempre acompañado por la mención explícita a las “mujeres”. Ahora, incluso esa mínima concesión desaparece, porque el proyecto del gobierno nos menciona solo hasta el artículo 6º. A partir de allí, el sujeto de derecho para el proyecto son las “personas gestantes” o “personas con capacidad de gestar”…
[1]https://elpais.com/sociedad/2019/03/26/actualidad/1553601793_174624.html
[2]https://www.tiempoar.com.ar/nota/murio-la-beba-que-dio-a-luz-la-nena-de-jujuy
[3]https://www.lanacion.com.ar/sociedad/afirman-que-presionan-a-los-medicos-para-impedir-el-aborto-nid833947/
[4]https://www.lmcipolletti.com/medicos-antiaborto-marcharan-manana-al-hospital-cipolletti-oponerse-al-proyecto-n600742
