Cádiz Abolicionista considera «no permisible» que las responsables de políticas de igualdad del Ayuntamiento de Cadiz, apoyen con su firma la legalización de una de las formas de explotación más brutal a la que son sometidas millones de mujeres en todo el mundo.-
Lorena Garrón. Concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Cádiz y Rocío Padilla, gerente de la Fundación de la Mujer de Cádiz, han suscrito el manifiesto «Escuchar para legislar» que reclama la paralización de las reformas legales que pretenden poner freno al enriquecimiento de terceros a costa de la prostitución ajena.
Cádiz Abolicionista ha llamado a la reflexión de quienes se autodefinen como feminista para que observen la contradición que supone apoyar practicas que suponen una violación de DD.HH de las mujeres.
Para Cádiz Abolicionista, organización que aglutina en Cadiz al feminismo contrario a la explotación sexual de las mujeres, estos pronunciamientos son temerarios por que promueven que «la ciudadanía normalice tales p`racticas de explotación». Con un rotundo «que dejen ya de meter sus intereses en nuestros derechos» se han dirigido a los medios de comunicacion para manifestar que esas firmas apoyan practicas que «sumerjen a las mujeres en la extrema violencia» y critican el «blanqueamiento» de la prostitución que hacen en este caso las responsables de las políticas de Igualdad «en una ciudad tan empobrecida como Cádiz».
La Concejala de Igualdad y la gerente de la Fundación de la Mujer de Cádiz, reclama la paralización de las reformas legales que pretenden poner freno al enriquecimiento de terceros a costa de la prostitución ajena.
Cádiz Abolicionista recuerda que ese tipo de actos y apoyos que buscan la legalización y despenalización de la prostitución «es un regalo a los proxenetas y traficantes de la industria del sexo, que promueven el trafico sexual de niñas y mujeres».
En su comunicado, tambien recuerdan que «frivolizar con la prostitución solo expande la trata y agudiza el problema de las mujeres prostiuidas» y que por tanto «apoyar la legalización y despenalización es ser cómplice del aumento de la prostitución».
Para Cádiz Abolicionista «ningún Pais que tiene regulado la prostitución ha mejorado la calidad de vida de las mujeres, ya que se convierte en una sociedad más permisiva con la compra de cuerpos de mujeres». También recuerdan que la permisividad y frivolización conlleva aumento de la demanda.
Lorena Garrón y Rocío Padilla, como firmantes del manifiesto, reclaman que no se luche contra el lucro por parte de terceros a costa de la prostitución ajena. Ese es la principal reivindicación del manifestó que con el eufemistico nombre «proderechos»
La propuesta de Ley sobre libertad sexual, incorpora la penalización de la tercería locativa como elemento esencial para frenar el crecimiento de la Industria de sexo que se abastece de jovenes para ofrecerlas como objetos sexual en locales de todo el territorio nacional. La persecución y penalización del proxenetismo es una reclamación de diferentes organismos internacionales que España dejo de atender como consecuencia de la reforma de J.A.Belloc en 1995 y la de A.Ruiz-Gallardon en 2015. Ambas vinieron a despenalizar de facto las prácticas de «proxenetismo no violento», vulnerando y contraviniendo diferentes tratados internacionales firmados por España en esta materia.
La tercería locativa es una figura que penaliza a “quien con ánimo de lucro, y de manera habitual, destine un inmueble a favorecer la explotación de la prostitución de otra persona aún con su consentimiento”. Esta figura penal ha sido reclamada largo tiempo por el movimiento feminista para frenar el incremento desproporcionado de la prostitución de mujeres en España. Diferentes organizaciones de mujeres de todo el Estado, vienen denunciando las terribles consecuencias de las reformas que liberalizaron el proxenetismo en España y que han llevado a que seamos uno de los pauses europeos con mayor demanda de cuerpos de mujeres para ser prostituidos.
Cabe recordar que reintroducir la tercería locativa permitiría dar cumplimiento a las obligaciones internacionales de España, en concreto al Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena, firmado en 1949.
